'Far food': el 'Far West' alimentario

“Lo llamamos Far Food porque ejemplifica la importación de lejos, en busca de un Dorado de dinero rápido sin cargas de derechos sociales con el que enriquecerse a lo Far West tanto aquí como allí”, dice Ernest Gutiérrez, del Observatorio de Derechos Económicos Sociales y Culturales (ODESC). Se refiere a la web  farfood.land. Desde el Observatorio se han propuesto ir volcando ahí la información relacionada con investigaciones, debates e informes sobre el modelo económico capitalista ligado a la agricultura y la alimentación.

“El mercantilismo actual concibe la alimentación como un objeto para la agroexportación de monocultivo especializado, la extracción de recursos naturales, la explotación laboral y la gran distribución a miles de kilómetros en competencia feroz y global. Con cualquier alimento, al margen de los impactos en el medio y las personas que provoca. Y en dirección contraria a la cobertura de necesidades sociales o la capacidad de un propio territorio para proveerlas y abastecerse sostenible y suficientemente”, explican en farfood.land.

Esta conclusión proviene de muchas investigaciones anteriores del ODESC, de reflexiones sobre casos prácticos y de una serie de debates organizados por la misma institución (las ponencias se encuentran todas en la web), en los que los mismos actores (campesinos, miembros de organizaciones agrarias y profesores) han reflexionado sobre las dinámicas del capitalismo alimentario actual y sus impactos desde múltiples vertientes.

En la página se explican varios casos o procesos que inquietan a la organización, relacionadas con un modelo agroexportador y de monocultivos, que propicia la concentración de capital y elimina a los pequeños productores. Y especialmente, alertan sobre la vulnerabilidad que tenemos al depender de ese modelo.

El ejemplo lo muestra claramente el profesor de la Universidad Rovira i Virgili Sergi Saladié, investigador y consultor en los ámbitos del paisaje, la energía y las políticas de planificación territorial: “En 2008, el barril de crudo pasó de 70 a 140 dólares”, explica en la conferencia cuyo vídeo completo puede verse en la página del Observatorio. “Eso ocasionó una subida de los productos derivados del petróleo, del gasoil, y los transportistas pidieron entonces una ayuda del Gobierno de Zapatero, quien les dijo que no. Entonces hicieron una huelga que duró 15 días. Dejaron de llevar comida a los mercados centrales. No llegaba el suministro alimentario (...). Eso provocó que en las noticias salieran las estanterías vacías. Para mí esa imagen era la muestra de la vulnerabilidad del sistema alimentario. Parece que son espacios de la abundancia. Pero en cambio, un incremento del precio del petróleo y una huelga permitió que se viera la vulnerabilidad. La pregunta es: ¿y si eso mismo en vez de durar 15 días hubiera durado un mes o dos o medio año, ya sea por una subida del petróleo, por un desastre natural o una inestabilidad política desde cualquiera de los lugares desde donde nos llegan los flujos alimentarios? Seguramente habría una revolución (...). Producimos mucho más por kilo de lo que necesitamos, pero son muy pocas cosas. Producimos poca diversidad, y destinada a exportación”.

Lechugas, cerdos y algo más

Desde la página dan algunos ejemplos en números de cómo es el monocultivo. Uno es el de la lechuga. Dependiendo de la época del año, hasta el 80% de la lechuga que se consume en Europa proviene de Murcia. “Cosechar una lechuga en los campos de Cartagena y Murcia es retribuido en torno a los 0,03 céntimos de euro por unidad de coste salarial bruto y trabajador/a, en régimen de contratación legal temporal en el mejor de los casos (es decir, sin costes de recurrencias futuras para el empresario agroexportador), con una explotación intensiva de recolección y embalaje en cadena de entre 5.000 y 6.000 lechugas por trabajador/a y día”, explican. “Un ritmo con costes y riesgos de salud (presentes y futuros con impactos personales y también en otros subsistemas de servicios) que corren a cargo del trabajadora/a”.

Ernest Gutiérrez, del Observatorio, fue personalmente a los campos para comprobar la forma de trabajo. Y volvió horrorizado con las condiciones. “Lo que dicen es que es todo legal, pero es imposible trabajar con personas en condiciones de legalidad. No me lo creo”, agrega. “En la producción de origen a destino y para un mismo producto tenemos una larga cadena de suministros, subcontrataciones y hasta transportistas autónomos. Es una fragmentación planificada a propósito, para desresponsabilizarse con la excusa de la especialización que en este caso no existe porque la lechuga, el tomate o la lata de sardinas es la misma que consumíamos antes. Con tanta fragmentación, la inspección y control es siempre más cara y compleja. Esto es mucho peor con la imposibilidad de inspección legal fuera de tu territorio legal de inspección: Farwest 2.0”.

¿Pero es eso nuevo? ¿No era ya el Far West desde hace siglos? “No”, responde Gutiérrez. “En Europa se habían conseguido ciertos estándares que se están perdiendo. Se dice que en Almería y Murcia se ha recuperado porque ha subido muchísimo el PIB. Pero no se toma en cuenta la distribución de esa riqueza. Hemos propiciado una cultura de salarios bajos, sin tomar en cuenta que con esos salarios bajos tampoco se puede financiar bien el Estado, ni la sanidad, ni la educación, ni los servicios”.

Las cifras de concentración de la producción es otro de los aspectos que se presentan en Farfood. Uno de los ejemplos de esa concentración se dan en Cataluña. Según el periodista del periódico local SomGarrigues Miquel Andreu, muy relacionado con el mundo agrario, “en Cataluña hay 7,7 millones de cerdos, casi la mitad de la producción de España, y muy concentrada en ciertas áreas”. Y añade: “Producimos 1,6 millones de toneladas de carne de cerdo al año, el 65% para exportación, principalmente a Francia, pero también a China, a Japón y a Corea del Sur. Pues bien: en 1982 había en Cataluña 21.000 explotaciones agrarias; en 1989 ya eran 14.000. En 1999, 8.000, y en 2009, el último censo agrario, había 6.000. Esto quiere decir que cada vez hay más cerdos, pero en menos manos”.

Algo parecido cuenta Ramon Tarridas, expescador de artes menores, miembro fundador de la plataforma euromediterránea MedArtNet y restaurador profesional en Baños Tarridas y el Pescado Grilla, quien culpa en parte a las políticas de la Unión Europea, que terminan beneficiando a las grandes empresas: “Se han perdido el 50% de los pescadores en los últimos 20 años. Los recursos pesqueros están bajo mínimos. Y el 95% de las especies mediterráneas están sobreexplotadas. Las subvenciones de la UE han empobrecido a los pescadores. Y eso que se dieron subvenciones: nos dieron el 45% de las nuevas embarcaciones a fondo perdido, el combustible al 50%, la Seguridad Social al 60% y, aun así, ha desaparecido el 50% de la flota”.

Lo que sucede, según Tarridas, es que se han beneficiado de las ayudas las grandes empresas, a pesar de que los pequeños lucharon para que se dieran solo a los pequeños pescadores. “El 80% de la flota europea, es decir, más de 66.000 embarcaciones, son flota artesanal, de no más de 12 metros, que da trabajo a infinidad de personas. En Europa se hace política pesquera, pero para los grandes, no para los pequeños, y aquí está la muestra”.

Dinero público

“Para colmo, estas grandes empresas agrícolas requieren infraestructuras de regadíos que son público-privadas, es decir, que una parte las paga toda la ciudadanía”, agrega Gutiérrez. En la web incluyen información sobre el Tajo-Segura: “El trasvase del Tajo-Segura es una de las infraestructuras que explican que en la Región de Murcia haya 85.000 hectáreas de regadío intensivo, con exportaciones hortofrutícolas que superan los 2.000 millones de euros al año (...). De los 600.000 metros cúbicos de trasvase de agua al año, dos terceras partes son para el regadío. Menos del 20% es para abastecimiento de agua potable, y dentro del cual se cuenta el uso de agua para las plazas hoteleras (...). Para poder continuar nutriendo el extractivismo, los principales grupos agroalimentarios en la región se han aliado para la construcción de dos desaladoras más con financiación de la UE, pero seguirán siendo insuficientes”.

“Estos costes medioambientales y dumping social, de infrasalarios a la par que grandes inversiones logísticas, afectan a la demanda interna, a la fiscalidad y la financiación colectiva de necesidades como la educación pública universal, la sanidad, las pensiones y la cobertura solidaria por desempleo”, concluye Gutiérrez. “Pero en el Far West, los derechos sociales son cargas, no externalidades positivas”.

[Este artículo ha sido publicado en el número 66 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]