Han pasado 74 años desde que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Este documento internacional pretende garantizar los derechos humanos y las libertades de todas las personas con independencia de su raza, credo, género y nacionalidad, dejando claro su intención de que “los derechos humanos sean protegidos por un régimen de Derecho”.
Aunque la Declaración fue un documento progresista en su época, no surgió en el vacío: su nacimiento fue un intento de los dirigentes mundiales de la época de impedir que se repitieran algunos de los días más sombríos de la historia que tuvieron lugar durante los horrores de la II Guerra Mundial.
Los historiadores calculan que, durante ese conflicto, murieron entre 40 y 60 millones de personas y, aun así, y pese a la adopción e introducción posterior de la Declaración Universal, y a la adopción de varios instrumentos más de derechos humanos, nuevas guerras y conflictos prolongados sin resolver siguen causando dolor y sufrimiento a la población civil de todo el mundo.
El problema es agravado por el déficit creciente de un liderazgo mundial que visualice y reimagine un nuevo orden mundial impulsado por valores en el que se respeten los derechos. Es evidente que el sistema internacional está en crisis, y apenas se mantiene unido para resolver con decisión muchos de los complejos desafíos políticos y socioeconómicos globales que se refuerzan mutuamente a los que se enfrenta hoy el mundo.
La guerra de agresión rusa en Ucrania
El 24 de febrero, toda Ucrania se despertó con la noticia de que el país estaba siendo invadido por las fuerzas armadas rusas. En plena noche, tanques rusos entraron en el país y las fuerzas armadas atacaron desde múltiples direcciones, matando a civiles y destruyendo infraestructura pública y hogares.
Mientras la guerra prosigue, la enorme magnitud de las violaciones de derechos humanos y crímenes previstos por el derecho internacional que se denuncian aumenta cada día que pasa. Se han destruido barrios enteros en lugares como Borodyanka, con ataques desproporcionados e indiscriminados; la ONU ha registrado casi ocho millones de personas refugiadas ucranianas en Europa y muchas personas más en paradero desconocido o trasladadas forzosamente a territorio ruso.
En localidades como Bucha, Andriivka, Zdvyzhivka y Vorzel, Amnistía Internacional ha recogido pruebas y testimonios de homicidios ilegítimos, incluidas presuntas ejecuciones extrajudiciales: algunas víctimas tenían las manos atadas a la espalda, mientras otras mostraban señales de tortura. En otros casos de probables crímenes de lesa humanidad, se disparó contra convoyes de civiles que huían con sus hijos e hijas.
El impacto de la guerra de Rusia contra Ucrania no se circunscribe a Europa, pues la agresión rusa ha afectado a los derechos económicos y sociales de millones de personas de África y el mundo.
En África, que ya sufría dificultades tras el catastrófico impacto de la COVID-19 en los medios de vida de la población, esta guerra ha hundido al continente en una crisis económica más profunda. El significativo aumento del precio del petróleo, cuyo mayor proveedor mundial es Rusia, ha hecho subir el precio de los alimentos, incluso de los básicos, como el pan.
Juntos, Rusia y Ucrania representan casi un tercio de los exportadores mundiales de trigo, y algunos países africanos figuran entre sus principales compradores. Según el Programa Mundial de Alimentos, Rusia y Ucrania suministran el 100% del trigo de Eritrea y el 66% del de Etiopía. Ambos países ya sufren crisis humanitarias debido a los conflictos armados y la sequía, y ahora las cosas ha empeorado como consecuencia de una guerra que se libra lejos de sus costas.
Continúan las guerras y las violaciones de derechos humanos en África
En diferentes partes de África, las personas atrapadas en conflictos en países como Burkina Faso, Camerún, Etiopía, Malí, Mozambique, Níger, Nigeria, República Centroafricana, República Democrática del Congo, Somalia y Sudán del Sur han seguido pagando el precio de estas guerras prolongadas en 2022 y sufren violaciones de derechos humanos a gran escala. De nuevo, la ausencia de liderazgo por parte de la ONU y de la Unión Africana ha convertido la guerra y el conflicto en abanderados del déficit de Estado de derecho tan evidente en la mayoría de los países del continente asolados por la guerra.
Por ejemplo, en Etiopía, el conflicto en la región septentrional de Tigré entró en su segundo año en noviembre de 2022. Violaciones graves de derechos humanos como la violencia sexual son un rasgo característico del conflicto. Las fuerzas gubernamentales, sus milicias aliadas y las fuerzas eritreas que combaten junto con el ejército etíope han perpetrado múltiples formas de violencia sexual —como violaciones, esclavitud sexual, mutilación sexual y torturas sexuales— contra mujeres y niñas de Tigré.
Igualmente, las fuerzas de Tigré han cometido violaciones graves de derechos humanos, incluida violencia sexual, contra mujeres y niñas en las regiones de Amhara y Afar. El abogado de derechos humanos Brian Kagoro ha afirmado: “Se ha convertido en un ‘festival de ilegalidades’”.
En Sudán del Sur, la violencia sexual ha sido y sigue siendo una característica del conflicto que estalló en el país el 15 de diciembre de 2013. Los perpetradores son fuerzas de seguridad gubernamentales, grupos armados no estatales, milicias y hombres armados y no armados. Las armas de fuego se usan para facilitar la violencia sexual relacionada con los conflictos con impunidad a manos de las fuerzas de seguridad, que amenazan a las mujeres y niñas para que accedan a sus exigencias sexuales.
En la República Democrática del Congo, sucesivos y estratificados conflictos armados devastan el país desde principios de la década de 1990. Tanto el ejército congoleño como los ejércitos de otros países, así como grupos armados no estatales, han seguido cometiendo en 2022 innumerables crímenes recogidos en el derecho internacional, incluidos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otros abusos graves. Lamentablemente, el potencial de la RDC —proclamado hace tiempo— para ser la llave final que desbloquee el desarrollo de África en poder, energía y desarrollo mineral no ha podido nacer aún.
En Somalia, el conflicto en curso entre las autoridades somalíes y el grupo armado Al Shabaab, en el que también intervienen fuerzas regionales e internacionales aliadas como AFRICOM y AMISOM (ahora ATMIS), sigue teniendo efectos devastadores para la población civil.
En Malí, miles de personas se han visto obligadas a abandonar su hogar y muchos civiles han perdido la vida a raíz de la escalada del conflicto en junio en el norte del país, donde se han intensificado los combates entre el Estado Islámico en el Gran Sáhara (ISGS, por sus siglas en inglés) y el ejército de Malí y grupos armados aliados.
Las partes en estos conflictos han cometido crímenes de guerra y otras violaciones graves del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Para las víctimas, la justicia ha sido en gran medida esquiva.
Aumento del autoritarismo y reducción del espacio cívico
Un motivo de preocupación en África, al igual que en otras partes del mundo, es lo que la destacada autora e historiadora Anne Applebaum ha denominado en su obra más reciente “tentador reclamo del autoritarismo”: una deriva hacia el nacionalismo tóxico, el populismo y el abuso despótico del poder por dirigentes de países que actúan en colaboración con otros.
Es patente que los dirigentes despóticos no gobiernan solos, sino que dependen de un sistema: un conjunto de facilitadores, aliados políticos, burócratas y medios de comunicación controlados por el Estado que prepara el camino para apoyar su (des)gobierno. Pueden ver la alianza transfronteriza de este proyecto, el comportamiento imitador en la promulgación de leyes draconianas contra las ONG de un país a otro, el recorte de los derechos humanos y el uso excesivo de la ley como instrumento de represión, las campañas de desprestigio contra activistas, el uso abusivo del sistema de justicia penal para la persecución política so pretexto del enjuiciamiento, y las tácticas pertenecientes total y absolutamente a la era colonial de todo un abanico de funcionarios del Estado y la casta que los apoya.
Estos gobernantes autoritarios usan un reglamento de juego común que incluye promover y utilizar el miedo, debilitar las instituciones, culpar a fuerzas extranjeras de fracasos nacionales, aprovecharse de la religión, reescribir la historia, dividir y conquistar, erosionar la verdad y hacer cualquier cosa para mantener su represión y eludir las consecuencias de sus crímenes.
Estas tácticas reducen el espacio para los derechos humanos y la sociedad civil. Para destacar este problema, la reunión de la Red de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos del África Austral celebrada en Lusaka la última semana de noviembre lo eligió, razonablemente, como tema de su cumbre anual de derechos humanos.
En toda África, las autoridades han intensificado su represión de la disidencia pacífica, inclusive deteniendo a quienes critican al gobierno y a dirigentes de la oposición por denunciar las injusticias. Job Sikhala, destacado líder de la oposición de Zimbabue, lleva más de cinco meses en prisión sin que haya sido declarado culpable de ningún delito por asistir al funeral de una activista política. En septiembre, la autora y activista Tsitsi Dangarembga, junto con Julia Barnes, otra manifestante, fueron declaradas culpables de “incitar a la violencia” y condenadas a sendas penas condicionales de seis meses de prisión por protestar contra las dificultades económicas en 2020.
En Angola, las autoridades reforzaron su control sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación impidiendo la celebración de reuniones de la sociedad civil antes de las elecciones generales de agosto.
En la República Democrática del Congo, las autoridades continuaron usando el estado de sitio, similar al estado de excepción, en las provincias de Kivu Septentrional e Ituri como herramienta para aplastar la disidencia. Las autoridades militares y policiales han empleado amplios poderes para silenciar a personas consideradas críticas del estado de sitio, entre las que hay miembros del Parlamento, activistas prodemocracia y activistas de derechos humanos. En abril, un tribunal militar de Beni declaró culpables a 12 activistas del movimiento ciudadano Lucha por el Cambio (LUCHA) en un vergonzoso intento de silenciar las voces críticas.
Algunas señales positivas para los derechos humanos
Las conquistas en materia de derechos humanos jamás se sirven en bandeja, sino que son el resultado de la lucha, de la organización, de no ceder a la angustia y de la resiliencia y de alzar la voz ante quienes cometen abusos contra los derechos humanos.
En este contexto, también hemos visto señales positivas en 2022 que son alentadoras para quienes luchamos para promover y garantizar la protección de los derechos humanos. El combate global contra la pena de muerte se está ganando, despacio pero seguro: aunque la abrumadora mayoría de los países de la región no la han abolido aún para todos los delitos, algunos, como Kenia, Malawi, Uganda, Zambia y Zimbabue, no están llevando a cabo ejecuciones.
Mientras tanto, Zambia ha iniciado el proceso de eliminar la pena de muerte a través del Parlamento después de que el presidente Hakainde Hichilema anunciara en mayo que el país iba a trabajar para abolir esta forma de castigo cruel e inhumana.
En Malawi, se hizo justicia en abril cuando un tribunal condenó a 12 hombres por el homicidio en 2018 de MacDonald Masambuka, un hombre con albinismo.
En otra victoria para los derechos humanos, en Sudáfrica, una sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre dio una nueva protección a defensores y defensoras de los derechos humanos y activistas frente a las demandas estratégicas contra la participación pública concebidas para silenciar las críticas. El Tribunal resolvió que estas demandas están dirigidas contra activistas, periodistas, denunciantes de irregularidades y personas corrientes que ejercen sus derechos constitucionales, que incluyen cuestionar la injusticia, haciéndolas pasar por demandas ordinarias. En la segunda sentencia, el Tribunal Constitucional sostuvo que las empresas que sufren daños en su reputación como consecuencia de una difamación no pueden reclamar una indemnización por pérdidas no económicas si la expresión difamatoria es parte de una “revelación pública sobre cuestiones de legítimo interés público”.
Alzarse para “proteger la protesta”
Desde Tanzania hasta Uganda pasando por Rusia y Sri Lanka, y desde Francia hasta Senegal pasando por Irán y Zimbabue, las autoridades estatales implementan un conjunto cada vez mayor de medidas para reprimir la disidencia organizada. Manifestantes en todo el planeta se enfrentan a una potente combinación de reacciones adversas: cada vez más leyes y otras medidas para restringir el derecho a la protesta; uso indebido de la fuerza; “legalismo autoritario” caracterizado por el uso, abuso y no uso de la ley; la expansión de la vigilancia ilegal, tanto masiva como selectiva; apagones y censura de Internet; campañas de difamación, y abusos y estigmatización.
A medida que se reduce el espacio fuera de Internet, vemos más movilizaciones y mejor organizadas, y la recuperación del espacio cívico en Internet a través de un mayor activismo digital. Esto ha incluido el rechazo sistemático de falsedades, desinformación y manipulación en Internet por una población africana que adopta las herramientas y los espacios digitales para el activismo y el trabajo por el cambio social.
Este año, Amnistía Internacional lanzó una nueva campaña global para hacer frente a los esfuerzos de los Estados, cada vez más amplios e intensos, destinados a erosionar el derecho de reunión pacífica.
La campaña “Protejamos la Protesta” de Amnistía Internacional desafiará los ataques a la protesta pacífica, defenderá a quienes los sufren y apoyará las causas de los movimientos sociales que presionan en favor de un cambio en materia de derechos humanos.
En nuestras manos está.
Sobre este blog
Amnistía Internacional es un movimiento global de más de 7 millones de socios, socias, activistas y simpatizantes que se toman la lucha contra las injusticias como algo personal. Combatimos los abusos contra los derechos humanos de víctimas con nombre y apellido a través de la investigación y el activismo.
Estamos presentes en casi todos los países del mundo, y somos independientes de todo Gobierno, ideología política, interés económico o credo religioso.
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