Davos y el panorama general

Países como China, que ha experimentado el mayor crecimiento económico, están observando una escalada de la desigualdad de riqueza. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha comprobado que en los países más ricos la renta media del 10 por ciento de la población con más recursos es nueve veces superior a la del 10 por ciento más pobre, lo que implica que en 25 años se ha septuplicado. Hay pocos países que no sigan esta tendencia.

Mientras millones de personas se enfrentan a una subida de costes y recortes en gasto social, las informaciones que han puesto al descubierto cómo las grandes fortunas y las grandes empresas han podido proteger su riqueza, tanto en tiempos de bonanza como en tiempos de escasez, han dado lugar a protestas y reclamaciones para que se lleven a cabo cambios en la legislación.

Pero, ¿es un asunto que afecta a los derechos humanos? Yo digo que sí.

El colectivo de activistas de derechos humanos lleva mucho tiempo haciendo frente a la desigualdad basada en la identidad o el estatus social de las personas —la desigualdad de género, la desigualdad de trato por motivos de raza, religión u otros—.

Existe, además, una cuestión más general. Si eres mujer, perteneces a un grupo étnico marginado, provienes de una región abandonada del país, la probabilidad de que seas pobre es mucho mayor. Si te encuentras en la base de la pirámide social, es probable que te encuentres también en la base de la pirámide económica. Los derechos civiles y políticos no se pueden separar de los derechos económicos y sociales.

Para que quede claro: no existe el derecho humano a la igualdad de riqueza, ni nunca existirá.

Sin embargo, el derecho de los derechos humanos exige que toda persona tenga derecho a un nivel de vida adecuado, en el que se incluye alimentación, agua y vivienda adecuadas. Niños y niñas tienen derecho a la educación. Toda persona tiene derecho a acceder a atención médica básica y de urgencia. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley, en la que se incluyen sistemas de aplicación de la legislación que funcionen eficazmente. Y los gobiernos deben trabajar para mejorar el acceso a todos estos bienes y servicios que son fundamentales para el pleno disfrute de los derechos humanos. También son responsables de su calidad.

El derecho internacional no exige a los gobiernos que proporcionen todos los bienes y servicios necesarios para la realización de los derechos humanos —pero son responsables de garantizar que existe el marco que permite a las personas hacer efectivos sus derechos—.

Al analizar estas cuestiones, hemos tendido a centrarnos en cómo emplean los gobiernos los recursos de que disponen.

Pero es necesario que analicemos además las bases estructurales de la desigualdad mundial creciente —entre las que se incluyen el desvío de recursos que se deben utilizar para el bien público—.

En Grecia el estallido de indignación se produjo cuando se supo que el ministro de Economía estaba al tanto de que ciudadanos griegos ricos tenían dinero oculto en cuentas de bancos suizos para evadir el pago de impuestos y no tomó ninguna medida. En Reino Unido se ha sabido que las empresas multinacionales apenas pagan impuestos o no pagan en absoluto. En ambos casos, lo que exacerbó la indignación popular fue el hecho de que los gobiernos estén recortando drásticamente el gasto social y un gran número de personas se haya visto abocado a la pobreza.

Estas revelaciones no implican necesariamente conductas ilegales. La corrupción descarada y el robo de dinero público es una vieja historia, que se representa en muchos países en los que enormes riquezas naturales coexisten con la miseria más absoluta.

Pero ahora comprobamos que las élites políticas corruptas que han saqueado los recursos de muchas regiones utilizan muchas de esas mismas estructuras económicas para trasferir y ocultar las riquezas obtenidas de manera ilegal, como herméticos paraísos fiscales y estructuras de empresas multinacionales para jugar a “ocultar los beneficios”.

Vivimos en un mundo en que los multimillonarios pueden no pagar impuestos y al mismo tiempo beneficiarse ampliamente de residir en un país, en el que empresas sin ética pueden estafar a países ricos en recursos y despojarlos de sus riquezas naturales legalmente, y en el que las élites corruptas pueden ocultar su dinero en paraísos fiscales después incluso de que sus delitos hayan salido a la luz.

Luchar contra la pobreza y la desigualdad es un desafío complejo. No existen remedios milagrosos. Pero cuando los gobiernos se esfuerzan por cuadrar los presupuestos, quienes más sufren son quienes más necesitan de los servicios sociales y las redes de protección.

Al examinar la creciente desigualdad en el mundo, se deben poner al descubierto y examinar las bases estructurales.

Necesitamos tanto mayor transparencia como una cooperación internacional más efectiva si de verdad vamos a abordar las consecuencias de la creciente desigualdad de riqueza.

Con una mayor transparencia se podrán abordar por fin muchas de las peores prácticas. Y los derechos humanos se beneficiarán enormemente.

Países como China, que ha experimentado el mayor crecimiento económico, están observando una escalada de la desigualdad de riqueza. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha comprobado que en los países más ricos la renta media del 10 por ciento de la población con más recursos es nueve veces superior a la del 10 por ciento más pobre, lo que implica que en 25 años se ha septuplicado. Hay pocos países que no sigan esta tendencia.

Mientras millones de personas se enfrentan a una subida de costes y recortes en gasto social, las informaciones que han puesto al descubierto cómo las grandes fortunas y las grandes empresas han podido proteger su riqueza, tanto en tiempos de bonanza como en tiempos de escasez, han dado lugar a protestas y reclamaciones para que se lleven a cabo cambios en la legislación.