Periodismo bajo asedio

En su defensa contra los cargos de asociación con grupos terroristas, los periodistas del condenados en Turquía han manifestado que las acusaciones se han basado únicamente en los artículos y entrevistas publicados en su rotativo, el diario más antiguo de Turquía, crítico con el actual gobierno y galardonado por Reporteros sin Fronteras en 2015.

Pero, si cabe, Akin Atalay, el director de la publicación, y Murat Sabuncu, el redactor jefe, podrían considerarse afortunados con sus respectivos seis años y seis meses y siete años de cárcel. Sus homólogos, Ahmet Altan, exredactor del diario Taraf, y su hermano, Mehmet Altan, no tuvieron tanta “suerte”: fueron condenados a cadena perpetua (30 años con 23 horas diarias en régimen de incomunicación) por “intentar derrocar el orden constitucional”.

En Turquía más de 180 medios de comunicación han sido cerrados por el gobierno, mientras más de 100 periodistas permanecen en detención preventiva por acusaciones arbitrarias o por cargos falsos relacionados con el terrorismo.

Tanta dificultad o más tienen periodistas en China donde en los últimos meses ha empeorado una situación ya de por sí más que adversa. Con el objetivo de perfeccionar el “Gran Cortafuego” que censura internet en China, miles de sitios web y redes sociales seguían bloqueadas, entre ellas Facebook, Instagram y Twitter. El pasado 1 de junio entró en vigor la Ley de Seguridad en Internet, que obligaba a las empresas de Internet que operaban en China a censurar los contenidos de los usuarios.

Oponerse a estas situaciones trae un precio muy alto. Bien lo sabe Huang Qi, cofundador de 64tianwang.com, un sitio web que documentaba las protestas en China e informaba sobre ellas. Mientras leemos estas líneas, languidece en la cárcel desde el 28 de noviembre 2016, por “filtrar secretos de Estado”. Por si no fuera suficiente negarle acceso a su abogado hasta ocho meses después de su detención, ha sufrido, según cuenta, tortura y otros malos tratos bajo custodia.

Si donde ejerces el periodismo es en México, entonces el precio, demasiado a menudo, es tu propia vida. Tal fue el caso, hace poco menos de un año, del brutal asesinato de Javier Valdez Cárdenas, periodista conocido por su valiente cobertura informativa de la guerra contra las drogas en ese país. Tan sólo durante el año pasado, perdieron la vida al menos 12 periodistas, la cifra más alta registrada en un solo año desde 2000.

En enero del año pasado se conoció que una red de personas empleaba Internet para hostigar y amenazar a periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos en todo México, y en junio se conocieron indicios de actividades de vigilancia contra periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos para las que —se sabía— se había utilizado software adquirido por el gobierno. Sin embargo, el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del país azteca no aportó ninguna estrategia de respuesta a los ciberataques y la vigilancia ilegal de personas a las que se habían otorgado medidas de protección.

México se enfrenta a una grave crisis de derechos humanos, con más de 30.000 personas sometidas a desaparición, gran número de ejecuciones y la tortura como “método de investigación” habitual de la policía. Sin el valiente trabajo que realizan periodistas como Javier Valdez Cárdenas, muchos de estos abusos jamás saldrían a la luz.

Mucho más conocido es el caso, de plena actualidad, de Wa Lone y Kyaw Seo Oo, dos periodistas de la agencia de noticias Reuters, detenidos el pasado 12 de diciembre mientras investigaban las operaciones militares en el estado de Rajine. Acusados de haber violado la Ley de Secretos Oficiales de Myanmar, fueron sometidos al régimen de incomunicación durante dos semanas y aún esperan su juicio. Desde hace tiempo, merced a las amenazas, intimidación y las penas de cárcel, se ha erosionado la libertad de prensa en Myanmar. La decisión de procesarles manda un claro mensaje a las personas que ejercen el periodismo en el país: tratar ciertos temas, por más pacíficamente que se haga, trae consecuencias gravísimas.

Al igual que hizo por los casos de Wa Lone y Kyaw Seo Oo en Myanmar, Amnistía Internacional, hace tan sólo tres semanas, ha lanzado una acción urgente para pedir la liberación en Etiopía de Eskinder Nega, finalmente liberado, y Temesgen Dessalegn, así como de los blogueros Mahlet Fantahum, Befiqadu Hailu, Zelalem Workagegnhu y Sintayehu Chekol, detenidos en pasado 25 de marzo por segunda vez cuando se dirigían a celebrar su salida de prisión. Están acusados de participar en una reunión ilegal, que según las acusaciones, viola el estado de emergencia en vigor en el país.

Seguir callados no mejorará la situación de estos periodistas en absoluto. Hoy, día 3 de mayo, recordamos que su voz y su conciencia también son las nuestras. Que sin su información, no podemos formarnos una opinión. Alzar la voz y decir basta es nuestro empeño. Actúa con nosotros para proteger los derechos de periodistas a lo largo y ancho del mundo. Sus derechos también son los nuestros.

En su defensa contra los cargos de asociación con grupos terroristas, los periodistas del condenados en Turquía han manifestado que las acusaciones se han basado únicamente en los artículos y entrevistas publicados en su rotativo, el diario más antiguo de Turquía, crítico con el actual gobierno y galardonado por Reporteros sin Fronteras en 2015.

Pero, si cabe, Akin Atalay, el director de la publicación, y Murat Sabuncu, el redactor jefe, podrían considerarse afortunados con sus respectivos seis años y seis meses y siete años de cárcel. Sus homólogos, Ahmet Altan, exredactor del diario Taraf, y su hermano, Mehmet Altan, no tuvieron tanta “suerte”: fueron condenados a cadena perpetua (30 años con 23 horas diarias en régimen de incomunicación) por “intentar derrocar el orden constitucional”.