Seis jóvenes saharauis fueron detenidos el pasado 9 de mayo, tras haber participado días antes en una manifestación en favor de la autodeterminación del Sáhara Occidental, en la que se pidió, entre otras cosas, la celebración de un referéndum sobre esta cuestión. Se encuentran en prisión preventiva en la cárcel de Lajal, en El Aaiún, acusados de “violencia contra funcionarios públicos”, “participación en una concentración armada”, “colocación de objetos en la carretera para interrumpir el tráfico” y “daños a bienes públicos”. Según el Código Penal de Marruecos, podrían ser condenados con hasta 10 años de prisión.
El más joven de los detenidos, El Hussein Bah, de 17 años, quedó inicialmente en libertad bajo fianza pero fue encarcelado de nuevo el 15 de mayo. Amnistía Internacional teme que la decisión de volverlo a detener fuera una represalia por haber denunciado las presuntas torturas de que fue objeto. Durante el breve periodo en que estuvo en libertad, el joven había explicado a Amnistía Internacional que bajo custodia policial lo habían torturado y amenazado con violarlo, y que lo habían obligado a firmar unos papeles que no pudo leer y entre los que figuraba su “confesión”.
Cuando comparecieron ante un juez de instrucción el 12 de mayo, los seis detenidos denunciaron torturas y malos tratos e indicaron que las “confesiones” que habían firmado habían sido obtenidas bajo tortura. Denuncias de este tipo son frecuentes en Marruecos y el Sáhara Occidental. Tras visitar la zona en septiembre de 2012, el relator especial de la ONU sobre la tortura observó que ésta parecía utilizarse más cuando las autoridades consideraban que la seguridad del Estado estaba amenazada. Además, añadió que, cuando se denunciaban torturas, pocas veces se procesaba a sus presuntos autores.
Cabe recordar que, según la Convención contra la Tortura, que Marruecos ha ratificado, las “confesiones” obtenidas con violencia o coacción no tienen validez legal. Este hecho, y los precedentes de casos similares, hacen temer que los seis detenidos se enfrenten a un juicio sin garantías. Asimismo, es preocupante que se haya restringido el derecho de sus familias a visitar a los detenidos.
La manifestación del 4 de mayo, que provocó las detenciones, fue la culminación de 10 días de protestas, después de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas renovara el mandato de la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO). Amnistía Internacional considera que la decisión de no incluir entre las funciones de la MINURSO la observación de los derechos humanos es una oportunidad perdida. La presión del gobierno marroquí durante las negociaciones llevó a Estados Unidos a retirar este aspecto del proyecto de resolución sobre el mandato de la MINURSO, mientras países como Francia y España no han demostrado la voluntad politica necesaria para llevar a buen término esta negociación. Marruecos ganó un año más la partida.
En el Sáhara Occidental persisten las denuncias de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, presunta tortura bajo custodia y restricciones a las libertades de expresión, reunión y asociación. En su última visita a la zona, a finales de abril, una delegación de Amnistía Internacional vio cómo agentes de seguridad lanzaban piedras contra manifestantes en El Aaiún.
Por otra parte, como pone de manifiesto el Informe Anual 2013 de Amnistía Internacional, se continúa denegando el registro a organizaciones de la sociedad civil como la Asociación Saharaui de Víctimas de Violaciones Graves de Derechos Humanos Cometidas por el Estado Marroquí (ASVDH), pese a las recomendaciones de organismos de la ONU en este sentido.
Hechos como los incidentes que siguieron al desmantelamiento forzoso del campamento saharaui de protesta en Gdim Izik a finales de 2010 evidencian la necesidad de contar con un mecanismo independiente de observación de los derechos humanos. Según las informaciones disponibles, en aquellos incidentes murieron once miembros de las fuerzas de seguridad saharauis y dos saharauis. 25 civiles saharauis fueron juzgados y condenados, el pasado mes de febrero, a largas penas de prisión, y a cadena perpetua en el caso de nueve de los acusados. Amnistía Internacional ha denunciado que los acusados fueran juzgados ante un tribunal militar, pese a ser civiles, y que se ignorara la petición de investigar sus denuncias de tortura.
En la actualidad, la MINURSO es una de las pocas misiones de mantenimiento de la paz de la ONU que no cuenta con una función de observación de los derechos humanos. Incorporar este componente debería servir no sólo para analizar la situación en el Sáhara Occidental sino también en los campos de Tindouf, controlados por el Frente Polisario, donde la realidad de los derechos humanos sigue siendo opaca y la población está expuesta a sufrir abusos.
Si, como sostienen las autoridades marroquíes, se han hecho esfuerzos para mejorar los derechos humanos en el Sáhara Occidental y dado que las organizaciones de derechos humanos raramente visitan los campos de Tindouf, el gobierno de Marruecos debería acoger con satisfacción una observación internacional. El mismo secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, reiteraba en su último informe sobre el Sáhara Occidental la necesidad de una observación independiente, imparcial exhaustiva y constante de la situación de los derechos humanos en la zona.
Un mecanismo de este tipo permitiría documentar violaciones de derechos humanos que, de lo contrario, pasan desapercibidas, impediría presentar acusaciones infundadas y, en última instancia, podría ayudar a las partes a superar la desconfianza mutua y construir un entorno conducente a la negociación política.
Tras la renovación del mandato de la MINURSO acordada a finales de abril, no se prevé que esta cuestión vuelva a la mesa del Consejo de Seguridad hasta abril de 2014. Mientras tanto, casos como el del joven El Hussein Bah y los otros manifestantes detenidos deberán ser observados desde la distancia o documentados por organizaciones saharauis que se enfrentan a un asedio constante.
Amnistía Internacional lanza una ciberacción para pedirciberacción
que se investiguen las denuncias de tortura
de los manifestantes detenidos
y se garanticen sus derechos a
un juicio justo y a recibir un trato humano
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