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18 años sin cobrar la antigüedad: el principal sindicato del Infoca se planta para recuperar este complemento salarial

Archivo - Efectivo del Plan Infoca de Andalucía.

Álvaro López

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“Si la Junta no nos da respuesta, vamos a preparar un otoño caliente”. Así se expresa Antonio Castellano, bombero forestal del Infoca y portavoz del sindicato CGT, mayoritario en el cuerpo y en la Agencia de Medio Ambiente y Aguas (AMAyA). Lo que reclaman es que el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, que desde hace año y medio es el responsable de los 5.500 trabajadores de la agencia que engloba al Infoca, cumpla con los compromisos adquiridos de estabilizar la plantilla y poner en marcha el complemento por antigüedad, congelado desde 2006. Para presionar, empezarán un calendario de movilizaciones el próximo 28 de octubre.

La fecha elegida no es casual puesto que ese día el Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno anunciará los presupuestos autonómicos para el próximo año y en él confían los sindicatos de la AMAyA (CGT, CSIF, UGT, CCOO y UITA) que estén las partidas que permitan desbloquear tanto la estabilización de la plantilla como el complemento de antigüedad, que no se aplica desde 2006.

El primero de los pasos sí parece más cercano, después de que se haya resuelto este miércoles la oferta de empleo público (OEP) que estaba pendiente para la regularización de centenares de bomberos interinos del Infoca, de una plantilla total que supera los 3.500 profesionales. A todos los que lo desean y han optado a esta convocatoria, la Junta les está ofreciendo un contrato hasta el próximo 31 de diciembre, con el objetivo de que sea ampliable a más meses a partir de 2025. Una solución que no es exactamente la pactada por los sindicatos con la Consejería hace un año, pero que sí palia en parte el problema.

Sanz, en otoño de 2023, asumió el reto de estabilizar la plantilla de bomberos forestales para los 12 meses del año y no sólo durante el periodo de alto riesgo de incendios -que se prolonga entre el 1 junio y finales de octubre de forma habitual-. Sin embargo, se propuso hacerlo de forma gradual, de modo que en este 2024 los contratos llegasen hasta los 9 meses, en 2025 se alargasen más y desde 2026 fuesen para el año completo. La apuesta de 2024 finalmente se quedará en ocho meses porque la OEP que estaba pendiente, y que era el paso necesario para activar esta renovación de contratos, no se ha resuelto hasta ahora y no queda más margen temporal este año.

Para el sindicato CGT, que recuerda que se consignaron 1,4 millones de euros en los presupuestos autonómicos para este fin, la noticia es agridulce puesto que se amplían las relaciones laborales, pero no en la duración que se había pactado. Por ello, piden que el dinero que no se ha empleado -que ronda los 600.000 euros, según indica la dirección de la AMAyA- sea consignada para los presupuestos de 2025 y así alargar los contratos más de lo previsto en un primer momento.

18 años de “pérdida de poder adquisitivo”

Pero el gran caballo de batalla, sobre todo para CGT, aunque también para el resto de secciones sindicales es el complemento salarial por antigüedad. La plantilla de la AMAyA -y por lo tanto de Infoca- es la única plantilla de profesionales del sector público andaluz que no cobra este extra en su salario. No lo hacen desde 2006 y, según los cálculos que hace el sindicato mayoritario, esto les ha supuesto una pérdida de poder adquisitivo de entre el 8 y el 22%.

Hay que tener en cuenta que las únicas actualizaciones salarias que han tenido en esta plantilla son aquellas que se han llevado a cabo en el sector público en general y en la revisión de algunos complementos que se han ido modificando. Pese a ello, si un técnico superior de la AMAyA estaba cobrando en 2006 unos 1.900 euros netos al mes, ahora apenas supera los 2.000 y en el caso de un bombero forestal, si hace 18 años estaba percibiendo 1.250 euros mensuales, ahora ronda los 1.400 como mucho.

En ambos casos, hay que tener en cuenta que el salario varía en función del puesto de trabajo y de si había trienios acumulados antes de la congelación del complemento en 2006, pero ambas estimaciones sirven para poner el foco en la pérdida de poder adquisitivo.

Por ello, hace más de un año que los sindicatos negocian con el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, la inclusión de una partida presupuestaria que dote de fondos el cobro de este complemento. Un asunto que ha separado en dos a la mesa sectorial con CGT por un lado y el resto de sindicatos por otro. Mientras que CGT exige cobrar la antigüedad completa desde ahora, el resto apuestan por hacerlo de forma gradual en un periodo máximo de cuatro años.

Esperando jubilaciones

El problema es que Sanz se comprometió a aplicarlo desde este 2024, pero los presupuestos autonómicos están a la vuelta de la esquina y no parece probable que se incluya una partida que lo sufrague. Antonio Castellano, portavoz de CGT, cree que “están jugando a dilatar en el tiempo la puesta en marcha del complemento esperando que haya gente que se jubile y poder ahorrarse ese dinero”. Además, cree que hasta que no se ponga en marcha la futura Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía (Asema) que sustituirá a la AMAyA para centralizar todas las emergencias en ella, la Junta no quiere resolver la antigüedad.

Lo cierto es que la última vez que se negoció sobre este asunto fue el pasado mes de julio. En aquella ocasión, se pusieron encima de la mesa los dos modelos propuestos: el de CGT y el del resto de sindicatos. Ganó el del resto puesto que suman mayoría en la mesa sectorial y la propuesta, junto con un informe al respecto, se han derivado a la Consejería de Hacienda, que es la que ha de resolver si hay dinero o no para ponerlo en marcha.

CSIF, CCOO, UGT y UITA guardan cautela a la espera de que la Junta tome una decisión al respecto, pero CGT no quiere esperar. Si no aparece ninguna mención, y temen que no la habrá porque los mensajes se limitan a decir que se está “negociando”, pero sin avances, desde el sindicato mayoritario van a salir a movilizarse. El primer día será una concentración simbólica el 28 de octubre frente al Parlamento de Andalucía, pero advierten de que sus actos “irán a más”.

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