“Me costó mucho que un juez me escuchara”: qué falla para que Andalucía cierre su peor año en violencia de género desde 2006

“Si no lo hubiera denunciado, estoy convencida de que me habría matado”, sentencia Victoria [nombre ficticio], quien se niega a perder la confianza en el sistema pese a que desde su primera denuncia hasta la condena de su maltratador han pasado más de tres años y medio de “infierno”, entre exámenes forenses, quebrantamientos de órdenes de alejamiento, peregrinaje por varios juzgados de Sevilla... Todavía no puede pasar página, porque la última condena [las primeras sentencias, firmes, acabaron con acuerdo entre las partes y él en libertad condicional] no se ha ejecutado por errores en varios datos, fruto de un corta y pega en la redacción de la misma.

Desde comienzos de verano pesa sobre su maltratador -con antecedentes- esta última condena a cerca de cuatro años de prisión por violencia física y psíquica, lesiones, amenazas. “Pero todavía estamos esperando a que corrijan estos errores, que en algún párrafo hasta el nombre está mal”, se lamenta. “Por suerte”, hay vigente una orden de alejamiento, porque durante este largo proceso le llegó a caducar la primera y estuvo varios meses sin esa protección. Eso, más el paraguas de su agente del grupo Diana de la Policía Local de Sevilla y el dispositivo de llamada de emergencia que le facilitaron Cruz Roja y el Centro de Atención Integral a la Mujer (CIAM).

“No es como lo dicen en las campañas. No es 'venga, denuncia que te vamos a proteger'. Me costó mucho conseguir lo que yo quería y era que un juez me escuchara”, relata Victoria. El suyo es un caso real para preguntarnos, tras haber cerrado uno de los peores años para Andalucía en crímenes de género, y a punto de cumplirse 20 años de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, si algo está fallando en el sistema y si ese marco legal es lo suficientemente eficaz.

Los datos

Primero, los datos: Andalucía ha sufrido 16 de los 55 feminicidios del pasado año en España, según la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, rozando el 30% del total, un porcentaje que solo fue peor en 2006 y que refleja que prácticamente una de cada tres víctimas mortales se produce en esta comunidad autónoma. En números absolutos, hubo el mismo número en 2009, mientras que los años más negros fueron 2003 y 2005, con 19 asesinadas en cada uno.

La gráfica de estas dos décadas de registros [los datos de 2023 todavía no son definitivos] muestra una primera con una media de 65 crímenes por año y una segunda en la que se han estancado en torno a 50. “Si comparamos globalmente periodos grandes, vemos que hay una disminución. Lo que sorprende es que después de ese descenso importante, en 2023 se ha producido un incremento, y también que tampoco consigamos bajar del todo esa cifra que manejamos”, valora Miguel Lorente, médico y profesor de Medicina Legal en la Universidad de Granada. “La ley está siendo eficaz en lo que aborda, y por eso hay menos homicidios de manera general, y más denuncias también”, explica.

“No se puede comparar año a año porque la variabilidad interanual es muy alta en este tipo de violencia y por factores no solo sociales, que eso está en la base de la estructura, sino de elementos circunstanciales e individuales que llevan a que haya hombres que den el paso hacia el homicidio y otros no, y que algunos lo consigan y otros produzcan lesiones graves, que existen pero en estas estadísticas generan su elemento de distorsión que hay que analizar de manera independiente y no solo quedarse con el que obtiene un resultado de muerte como si esa fuera la única intensión que han manejado”, indica Miguel Lorente.

Más de una década sin pulseras nuevas

No obstante, precisa: “Ese abordaje de la ley es claramente insuficiente”. Y lo es, opina, “porque está muy enfocado en las denuncias y las actuaciones a raíz de estas, tanto desde la policía, como por parte de los juzgados y los servicios sociales”. De hecho, avisa: “Un elemento que no estamos resolviendo del todo es el de la protección. Tenemos un 25% de asesinadas después de denunciar, o sea, una vez que han confiado en el sistema. Se tiene que hacer una valoración del riesgo sobre el agresor en sede judicial, no solo la que hace la policía sobre la víctima, que cuenta lo que ella percibe”, continúa.

Entre otras medidas, aboga por incrementar recursos, como las pulseras. Cuando era delegado del Gobierno para la Violencia de Género, “se compraron 3.000 dispositivos en 2010, pensando que iban a ser útiles para dos años, y llevamos 13 y ni siquiera se han comprado nuevas, por tanto, se están usando poco”. Son instrumentos que “garantizan seguridad, no del 100%, no son infalibles, pero hasta el día de hoy no se ha producido ningún homicidio con el uso de estos dispositivos”.

Por su parte, Olga Carrión, presidenta del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), afirma, en relación con la ley: “No es tanto que falle o que no funcione. Creo que hay que poner el foco en lo que se puede mejorar, por ejemplo, con el establecimiento de protocolos, más completos y específicos, y avanzar en la detección precoz; reforzar la coordinación entre administraciones, fuerzas de seguridad e instituciones; o evaluar las medidas y recursos para testar su idoneidad después de estos años”.

Entiende que “uno de los principales logros” de la ley es que la violencia de género “ha dejado de ser algo privado”, igual que “el apoyo social e institucional con el que actualmente cuentan las víctimas”, que facilita que “cada vez más mujeres se atrevan a dar el paso de denunciar, y eso nos ha ayudado a salvar muchas vidas”. Sin embargo, en Andalucía este año no llega ni al 20% las asesinadas que habían presentado denuncia; en concreto, tres de las 16 víctimas mortales. Por ello, reconoce que “es cierto que el proceso policial y judicial es muy complejo” para ellas.

Más negacionismo, más asesinatos

“Otra cuestión muy relacionada con el incremento de los feminicidios es el negacionismo, incluso desde las instituciones, con los planteamientos de la ultraderecha, que refuerzan los mensajes que minimizan la violencia de género. Se refuerza a los agresores y se genera desconfianza en las víctimas y su entorno para acudir en busca de protección”, apunta Miguel Lorente.

Y es que los meses de julio (8 víctimas mortales), agosto (16) y septiembre (10) han marcado un verano con 34 asesinadas (61% del total del año). “Han sido los meses en los que curiosamente más se ha hablado de negacionismo, en torno a los dos procesos electorales. Los pactos no eran sobre mejora de infraestructuras, sanidad o bajada de impuestos, sino de supresión de concejalías y consejerías de igualdad y de violencia de género. No solo son posturas negacionistas, sino que disminuyen recursos y refuerzan a los que justifican la violencia de género, también desde la respuesta profesional. No solo en la calle o en las redes sociales”, señala el experto.

No hay un perfil

Más allá de la comunidad autónoma donde se producen, la existencia o no de denuncias previas y medidas de protección, si hubo o no suicidio o tentativa y el estado de relación con el asesino, estas estadísticas de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género incluyen otros dos datos: edad y país de nacimiento.

Empezando por la edad, en 2023, dos de cada tres presuntos agresores tenía más de 40 años. El porcentaje de asesinatos cometidos por hombres más jóvenes se ha mantenido prácticamente invariable los últimos años. De hecho, en los primeros cinco años de la ley, el porcentaje de menores de 40 años autores de feminicidios llegó a superar el 50%. Es verdad que la edad de los asesinos no revela un rejuvenecimiento del problema, pero Miguel Lorente aclara que esto es solo uno de los resultados de la violencia de género: el homicidio.

“En la juventud es más difícil que se produzca un homicidio porque el objetivo de la violencia de género no es producir daño, sino controlar a la mujer”. El daño es un factor de control. “Pero cuando tienes el control, no necesitas matar porque ya tienes lo que estabas buscando. Lo vimos en la pandemia, cuando disminuyeron los homicidios de una manera más intensa respecto a toda la serie histórica, porque se tenía el control de la mujer con el confinamiento”.

Sin embargo, hay algo que le preocupa especialmente: “Tiene que llamarnos la atención la presencia de la violencia de género en la juventud porque van a ser los futuros asesinos y las futuras asesinadas, y están aumentando las denuncias y no es solo una conducta puntual. También la ciberviolencia, el ciberacoso...”.

En cuanto a la nacionalidad, destaca que siendo la población extranjera en España poco más del 10%, víctimas y verdugos en este caso han superado varias veces el 40% durante las dos décadas de la ley. En concreto, el año pasado (tanto en agresores como víctimas), pero también en 2008, 2016, 2019 y 2021 para el caso de las primeras; y en 2009 y 2019, los segundos.

“Nosotros trabajamos con la máxima de que no hay perfil definido de víctima ni de agresor. En nuestros recursos y programas hay catedráticas, desempleadas, españolas, extranjeras, solteras, casadas, de 65 años y de 14. Partiendo de aquí, es evidente que una mayor especialización redunda en la mejora de la asistencia. Estamos trabajando en un protocolo de atención específico a mujeres migrantes”, expresa por ello la directora del IAM.