Chaves conocía que las Junta concedía ayudas sociolaborales pero “no sabía cómo se daban”
El presidente de la Junta de Andalucía entre 1990 y 2009 lo ha repetido una y otra vez durante el interrogatorio en el juicio de los ERE: sabía de la existencia de las ayudas sociolaborales concedidas por la Junta pero no sabía “cómo se daban”. Manuel Chaves ha insistido, incluso cuando el fiscal anticorrupción no le preguntaba específicamente por ello, que “conocía perfectamente que había ayudas de todo tipo” pero que “cómo se daban, cuál era el procedimiento, cuáles era las cuantías, cuál era la normativa,…yo no lo conocía” porque “no era de mi ámbito de decisión política”. “Siempre ha partido de que había una norma pero no fui informado de ello”, ha dicho también. “Siempre he partido de que mis consejeros y consejeras respetaban escrupulosamente la ley. Me cuesta creer que intencionadamente se pudiera establecer un procedimiento ilegal o para burlar la ley”, ha sentenciado.
“No es un problema de dejación de responsabilidades”, ha asegurado en más de una ocasión ante el tribunal en esa línea argumental de defensa. Chaves ha explicado que “partía de un contexto de confianza de un equipo de que lo que había estaba en la ley y era legal”. En su opinión, “era muy difícil pensar que se pudiera dar un procedimiento conscientemente ilegal o que se hiciera para ocultar algo”, ha explicado el también ministro de Trabajo entre 1986 y 1990, que se enfrenta a diez años de inhabilitación por delito de prevaricación. Chaves, durante buena parte de su declaración, se ha enrocado en el recurrente ‘no conoció ni pudo conocer’ que ha ido esgrimiendo en sus escritos durante la causa, sin alcanzar a saber el detalle de la gestión de la Consejería de Empleo respecto al procedimiento, aprobación y concesión de las ayudas que se están juzgando.
El fiscal ha partido su interrogatorio de las crisis empresariales e industriales de finales de siglo. En ese sentido ha dicho que “en el Consejo de Gobierno se hablaba de las grandes crisis”, apuntando a las de Astilleros, Delphi, Santana Motor, apuntando que “desde una perspectiva política y social se hablaba de cómo afrontarlo”. “Lo que más nos preocupaba era la situación de los trabajadores y de sus familias”, ha indicado, detallando que en los temas laborales “yo hablaba con los sindicatos, era mi responsabilidad como presidente, para crear una mesa de negociación”. “Yo me reunía con los comités de empresa, o incluso con el empresario”, varias veces con el de Santana“, ha ejemplificado, siempre ”con la condición“ de que aquellos encuentros vinieran ”respaldados por los secretarios generales de UGT y CCOO“. Aquello ”formaban parte de la estructura democrática de este país“, ha incidido.
Chaves ha insistido en que, ante una empresa en crisis, el compromiso de su gobierno era que “había que tratar de salvarla y, sobre todo, proteger a los trabajadores”. Ese compromiso de gobierno estaba sustentado “en los acuerdos de concertación”, ha repetido también, explicando que para ello “había que convocar una mesa de negociación para hacer un plan de viabilidad o industrial”. “Ese era mi único criterio” en esas circunstancias. ¿Y si aquel plan fallaba?, la ha preguntado el fiscal. Había normas para ayudar a los trabajadores, ha insistido, y Chaves “sabía que había ayudas sociolaborales” pero “cómo se daban las ayudas, yo no lo sabía”. “No entraba” en ello porque “pertenecía a otro ámbito político de decisión”. “Cuál era la exigencia, los requisitos, los beneficiarios, la cuantía… eso pertenecía a otro ámbito”, ha insistido. Los acuerdos de concertación pasaban al Parlamento, conteniendo los compromisos de la Junta, ha comentado, pero “a partir de cómo se desarrollaba, no correspondía a mi ámbito político, y no por dejación de responsabilidad”. “Eran otros” los que se encargaban de ello.
“Los consejeros no me informaban de cuánto iban a cobrar los trabajadores, de quiénes eran los beneficiarios, etc. Estaba informado de líneas generales”, ha repetido. Sobre el contexto del expediente de Hijos de Andrés Molina y el “cambio en el sistema” de concesión de ayudas, no conoció la posible incompatibilidad con las ayudas europeas o sobre “los reparos” de la Intervención General de la Junta, Chaves ha dicho que se ha enterado al conocer el contenido de la causa de los ERE pero no en aquellos momentos.
“Las alarmas” no saltaron
También ha comentado que conocía de la existencia de subvenciones excepcionales, que se otorgaban “en función de un determinado indicador de gravedad de la crisis de una empresa”. ¿Cuál era el sistema?, le ha preguntado el fiscal. “No lo sabía. No entraba en mis funciones”, ha repetido, sabiendo que “eran ayudas sociolaborales, y de ellas hablan los acuerdos de concertación”. En ese punto, Chaves ha propuesto al fiscla volver a darle “el contexto” de por qué no conocía el detalle del sistema de concesión de ayudas o de los conceptos presupuestarios de los que se servía para su aprobación. “Había 140 programas presupuestaria y miles de aplicaciones presupuestarias. Era imposible que un Consejo de Gobierno pudiera conocer todo eso”.
“Y no es un problema de dejación de responsabilidades”, ha insistido, apuntando desconocimiento el uso del programa 31L, la utilización concreta de las transferencias de financiación o el desarrollo del convenio marco de 2001 entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). “Ni conocí su existencia ni conocí su contenido porque ni pasaban por Consejo de Gobierno ni tenían por qué pasar”, ha resumido acerca de las modificaciones presupuestarias obrantes en la causa, las cuales “no se debatían” en Consejo de Gobierno. “No quiero dar la imagen de que eso no entraba dentro de mis responsabilidades” ha dicho también, argumentando que las referidas cuestiones se escapaban de su control ya ello le correspondía al departamento concreto que lo gestionaba. Acerca de los presupuestos anuales de la Junta de Andalucía, “solamente discutíamos la envolvente financiera y cada consejería distribuía sus partidas”, siempre en el marco de “un debate de globalidad”.
Al principio del interrogatorio, el fiscal le ha preguntado al expresidente por la normativa estatal que regulaba las ayudas sociolaborales y que pudo conocer cuando ejerció como ministro de Trabajo. Al respecto ha dicho la normativa de entonces estaba en vigor desde 1986 y que la conocía “en líneas generales” pero que sus funciones se centraron principalmente en la trasposición de las directivas comunitarias y otras cuestiones relativa a la entonces reciente entrada de España en la Comunidad Europea. En concreto, sobre las órdenes ministeriales de 1994 y 1995 aprobadas por José Antonio Griñán en el Ministerio, ha señalado que las ha conocido “aquí” con motivo de la causa de los ERE y que “no las conocía” hasta entonces.
En cuanto a la Memoria de 2004 del interventor general para el control financiero permanente, Chaves ha dicho que en su momento no la leyó pero que lo ha podido hacer con posterioridad con motivo de la causa y que, de su lectura, no ha visto “ningún dato que pudiera hacer saltar las alarmas” aunque pudiera haberse detectado “alguna negligencia” pero “nunca nada para hacer saltar las alarmas”. Del informe adicional del propio interventor, ha dicho que conoce “lo
que se ha dicho en este juicio“, ha dicho respecto a ésta y a otras cuestiones también.
Solo despachaba “con los consejeros”
Al expresidente se le ha mostrado en un momento dado alguno de los expedientes que obran en las actuaciones, señalando Chaves respecto a uno de ellos que “ese expediente no lo he visto en mi vida”, insistiendo en que no tuvo conocimiento de los detalles concretos y que no despachó “nunca” con directores generales ni delegados del Gobierno de las distintas provincias. “Solo despachaba con los consejeros”, ha asegurado. En ese punto, el presidente del tribunal le ha comentado al fiscal que había quedado “suficientemente claro el grado de conocimiento” del interrogado en esas cuestiones, en el sentido de “evitar peguntas que ya han sido contestadas”, ha solicitado al fiscal.
En la misma línea, Chaves ha insistido en que “conocía que se daban ayudas” pero que el procedimiento, etc, “no entraba de mi ámbito político” y “no tenía por qué conocerlo”. Tampoco conoció la mediación de aseguradoras, ni la existencia de rentas vitalicias, ni los pagos cruzados y que, si hubiera conocido la intervención de despachos de abogados en la gestión de esas ayudas, “me hubiera opuesto”. Tampoco conoció el papel de IFA/IDEA en la materialización de las ayudas, ni supo antes de la causa que dicha agencia solo participaba en “el pago” de las mismas.
El expresidente ha asegurado que “no había distinción por provincia” en cuanto a la distribución de ayudas. Preguntado por una caso concreto de una “posible discriminación” expuesta por un empresario respecto a siete mineros de Huelva, ha respondido que ese tipo de cuestiones eran derivadas desde su gabinete al consejero de turno, en aquel caso el de Empleo, “para que actuara según viera oportuno”, sin que dicho gabinete “chequeara” el resultado de la gestión de dicha consejería.
Ya a preguntas de su abogado, que ha realizado cuestiones “solo de su ámbito de conocimiento, como ya se ha explicado”, Chaves ha explicado los objetivos de los acuerdos de concertación social suscrito con empresarios y sindicatos a lo largo de los años, que se sometían a debate en el Parlamento y sobre los que “se podían presentar resoluciones por parte de los grupos”. “Había apoyo casi unánime”, ha recordado el expresidente.
Chaves ha mostrado un documento también con unas tablas con los presupuestos de la comunidad autónoma que “era lo que se aprobaba” en última instancia por parte del Consejo de Gobierno, insistiendo en que su participación “en el debate de globalidad” en el contexto parlamentario no entraba en el detalle de las partidas de cada departamento de la Junta ni en la forma en que se procedía para ejecutar las mismas. En cuanto a las modificaciones presupuestarias, Chaves ha dicho que era un mecanismo habitual también en el Gobierno central y que prácticamente la excepción en la Junta de Andalucía era cuando el Consejo de Gobierno no tramitaba una modificación presupuestaria, insistiendo en que eso no suponía un aumento del gasto y que la cuenta general de la Cámara de Cuentas de Andalucía “no puso objeción ni reproche” a las mismas durante los años que se están juzgando, como ya expuso su sucesor, José Antonio Griñán, que le precedió en el juicio.
Sobre si se ratificaba en lo declarado ante el Supremo en abril de 2015, Chaves se ha ratificado: “Sí, es verdad que ahora sé más cosas, pero no tengo ningún problema para ratificarla”. Por último, al igual que hizo con Griñán, el presidente del tribunal ha lanzado una última y única pregunta a Chaves respecto a lo manifestado ante Alaya y ya en el juicio por parte del exconsejero Antonio Fernández en cuanto a que a partir del año 2004 en la concesión de las ayudas se implicaba a dos consejerías (por las transferencias de financiación de IFA/IDEA, residentes en Innovación) y de ello eran “sabedores” en el Consejo de Gobierno.
“No estoy de acuerdo en el sentido que las modificaciones estaban en el índice verde y el Consejo no podía conocerlas. Solo podían ser conocidas por el consejero que las presentaba. No se debatían ni se conocían, como tampoco se debatían ni se conocían las transferencias de financiación. Cada consejero conocía sus programas y sus partidas pero no se pudieron conocer cada una de las partidas ni las transferencias”, ha explicado Chaves.
