El Gobierno andaluz denegó la renta mínima de inserción a 62.000 familias sin recursos en el año de su estreno
El pasado año se concedieron 17.891 solicitudes tanto de la nueva renta mínima de inserción (RMI), en vigor en Andalucía desde el 1 de enero de 2018, como de las que estaban pendientes del modelo previo de ingreso mínimo de solidaridad (IMS), lo que supone la cifra más baja desde que existe este tipo de programas para las familias con menos recursos. Los datos de una de las medidas estrella del Gobierno de Andalucía la pasada legislatura reflejan una situación de bloqueo reiteradamente denunciada por los afectados, que incluso llevó a que el Defensor del Pueblo Andaluz hablara en su último informe de este retraso como un “problema grave”.
Es la primera vez que se tiene constancia en números de la situación porque normalmente la Junta de Andalucía no publica el balance del programa de cada ejercicio hasta finales del primer semestre del año siguiente. Pero eldiario.es/andalucia ha tenido acceso a esas cifras que, entre otras cosas, revelan también que 2018 fue el año con más solicitudes presentadas desde que desde 2008 se hacen estos balances: 79.539.
De este modo, el número de concedidas en el año del estreno de la RMI supone casi un 40% menos que en 2017, cuando se otorgaron 29.337 del total de 46.625 resueltas ese ejercicio y donde 6.513 fueron denegadas y 10.775, archivadas. Hay que remontarse a 2008 para encontrar el otro volumen más bajo de solicitudes concedidas: 18.392. Y en ese caso supusieron casi el 80% de las resueltas (23.339). Desde entonces siempre han superado las 20.000.
Con este resultado, queda lejos el objetivo de que beneficiara a 45.000 unidades familiares en su primer año, con ayudas entre 419 y 779 euros mensuales y durante 12 meses, prorrogables en lugar de los seis del IMS. Se da la circunstancia también de que la medida nació rodeada de cierta polémica por la propaganda que se hizo de la misma cuando está lejos de cumplir con “el derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna” que recoge el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Fallos y burocracia
Tampoco han sido fáciles los primeros meses de su aplicación para los técnicos. La entonces Consejería de Igualdad y Políticas Sociales se vio obligada a dictar dos instrucciones para la unificación en las formas de gestionar y de interpretar la norma en las diferentes delegaciones territoriales y adaptar la gestión a las nuevas características, “a fin de evitar equívocos”. De hecho, los fallos informáticos y el exceso de burocracia con el que arrancó obligaron luego a introducir nuevos cambios para intentar que funcionara.
Ya lo advirtió el Defensor del Pueblo Andaluz:Defensor del Pueblo Andaluz el plazo para resolver y notificar la resolución será de dos meses a contar desde el día primero del mes siguiente a la fecha de entrada de la solicitud, y sin embargo, “se está tardando hasta ocho meses”, a la vez que criticaba que “uno de los principales lastres del reconocimiento de este derecho ha tenido su fuente en la desinformación, la confusión y la desorientación del personal de los mismos servicios sociales”.
El informe consultado por eldiario.es/andalucia eleva a 34.285 los expedientes resueltos sobre RMI y a 14.612 los que estaban pendientes del IMS. Son, pues, 48.897 peticiones resueltas, es decir, poco más de la mitad del total. Del resto, además de las pendientes, 30.668 fueron inadmitidas, archivadas o denegadas. Destaca en este sentido que la mayor parte de las denegadas se ha producido en el caso de los expedientes con la nueva fórmula, lo que desde los servicios sociales interpretan como resultado de las expectativas generadas por parte de la ciudadanía que no cumplía los requisitos para optar a este tipo de apoyo.
La Junta de Andalucía prometió destinar un total de 198 millones de euros para el programa en 2018, y hasta 819 en el periodo 2018-2021. El grueso del primer ejercicio está sin gastar por el bajo nivel de tramitación, pero desde la Junta de Andalucía no han concretado todavía estas cifras.
Cabe recordar que el programa de solidaridad para la erradicación de la marginación y la desigualdad en Andalucía surgió como herramienta para combatir la exclusión social con distintas medidas y durante una década funcionó el IMS, regulado en el decreto 2/1999 hasta su derogación por la entrada en vigor de la RMI el pasado año.
