Abogados. Queseros. Taxistas. Veterinarios. Publicistas. Carpinteros. La lista de profesionales autónomos que pueden beneficiarse de la nueva prestación de 300 euros de la Junta de Andalucía abarca 99 profesiones. ¿Habrá ayudas para todos los que cumplan los requisitos o la obtendrán tan solo los primeros en llegar? A falta de que la medida arranque, la respuesta de la administración autonómica es que se ha destinado presupuesto suficiente para que todos o casi todos los beneficiarios potenciales la consigan. Pero hay dudas.
El Decreto-Ley que recoge esta ayuda, publicado este jueves en el BOJA, señala que la concesión de las subvenciones “estará limitada por las disponibilidades presupuestarias”, que son 50 millones, diez más que la propuesta inicial. Esto significaría que, a priori, las ayudas están limitadas a 166.666 de 300 euros cada una, concedidas siguiendo un orden de entrada en el registro telemático. Cuando se llegue a esa cifra, los siguientes solicitantes no la obtendrían aunque cumplieran los requisitos.
¿Es 166.666 el número de autónomos andaluces que cumplen los requisitos de la nueva ayuda? En la Consejería de Empleo aseguran que la ayuda está diseñada para que el presupuesto alcance para todos o casi todos los beneficiarios potenciales. Al menos, de manera aproximada, porque la certeza absoluta es imposible: depende de una condición (no ser beneficiario de la prestación extraordinaria por cese de actividad) que se va a aplicar a un número todavía desconocido de autónomos.
Si se recibe la prestación extraordinaria estatal no se podrá obtener la ayuda autonómica, y en la Consejería de Empleo creen que eso va a descartar de entrada a entre el 40 y el 50% de los autónomos andaluces. Además, para la ayuda andaluza deben cumplirse otros requisitos: estar dado de alta, pertenecer a uno de los 99 sectores relacionados en la norma y no haber superado en la base liquidable de 2018 los 39.900 euros.
Con estos condicionantes, se ha hecho una estimación de potenciales beneficiarios que apunta a que como mucho la ayuda concedería el derecho a unos “170.000 o 180.000” autónomos y mutualistas, según fuentes oficiales. Pero en la Consejería insisten en que las previsiones que manejan es que serán incluso menos: “Ojalá lleguemos a 160.000 solicitudes. Está calculado, más o menos, en función de las características que se piden”.
Inés Mazuela, portavoz de UPTA, duda de que alcance para todos. “Según nuestros cálculos, para todos, todos… no da. Algunos se van a quedar fuera”. Sin embargo, cree que no serán muchos: “Se espera que más de la mitad de los autónomos andaluces ya puedan estar en la prestación extraordinaria por cese de actividad. Hay que tener en cuenta que entre las actividades suspendidas [con prestación extraordinaria] están el comercio y la hostelería, que suman un 40% de los autónomos andaluces”, apunta.
Descartados quienes ya reciban la prestación extraordinaria estatal
Desde la consejería insisten en que los requisitos excluyen a un porcentaje amplio del total de autónomos, que en Andalucía eran, a 31 de marzo, 532.592. El primero es no estar recibiendo la prestación extraordinaria por cese de actividad. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, aseguró este jueves que espera que 1,4 millones de autónomos reciban esa prestación en toda España, lo que representa el 43,4% de los 3.225.742 españoles inscritos a 31 de marzo en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Extrapolado a las cifras andaluzas, significaría que unos 230.000 autónomos andaluces ya quedarían excluidos de la ayuda autonómica. El viernes se conoció otro dato: a fecha 14 de abril, 175.711 autónomos andaluces tenían resolución favorable para el cobro de esta prestación, de un total de 911.000 en España.
A ello hay que añadir el condicionante de estar en uno de los 99 sectores recogidos por la norma, delimitados por su CNAE [el código de alta en la Seguridad Social que identifica cada actividad]. Este criterio es más difícil de aplicar. “No se puede saber [cuántos autónomos andaluces trabajan en esos sectores] sin cifras oficiales. Las cifras de alta en CNAE solo lo saben las mutuas y el ministerio. Y cuántas personas están trabajando y facturando, solo lo sabe Hacienda”, señalan en ATA. Lo mismo dicen en UPTA: “Es imposible porque no sabemos los CNAES de los que cobran la prestación extraordinaria ni su distribución”.
Otro de los requisitos es que no se haya superado una base liquidable de 39900 euros (triple del salario mínimo) en el IRPF de 2018. Y ese dato, cruzado con el alta de autónomo, solo puede tenerlo Hacienda.
Revisión “cuando haya pasado todo”
Las asociaciones de autónomos piden paciencia para evaluar la medida, pero varias fuentes del sector temen que la ayuda se quede corta. Hay otro matiz que puede contribuir a un efecto embudo: para simplificar trámites, la solicitud se realiza con una declaración responsable y el cumplimiento de los requisitos se revisará “cuando haya pasado todo”, según la consejera (la norma señala que las ayudas “podrán” ser objeto de revisión). La consejera Rocío Blanco también dijo que hay muchos autónomos que aún no saben si tienen la prestación extraordinaria estatal.
De esta forma, los que pidan la ayuda podrían ser muchos más que los teóricos beneficiarios finales, lo que podría dejar sin ayuda en primera instancia a muchos autónomos que sí cumplan. En la Consejería insisten en que, si se recibe la ayuda estatal, el solicitante de la ayuda autonómica deberá comunicarlo y devolver el dinero.
Además, recalcan que la norma también contiene una previsión genérica para aumentar la dotación presupuestaria para solicitudes que cumplan los requisitos y se hayan quedado fuera. Esta dotación extra queda condicionada a que haya “eventuales aumentos sobrevenidos en el crédito disponible”. Es decir, más dinero, “autofinanciado, el dinero más caro que podemos tener”, según Rocío Blanco.
Al presentar la ayuda, aseguró que le hubiera gustado contar con el dinero de las políticas de empleo (detraído por el Estado) para que la ayuda fuera más “ambiciosa”. De hecho, la Junta de Andalucía pidió en varias ocasiones al ministerio la “exoneración” de las cuotas. Con este plan B ha generado unas expectativas en los autónomos cuyo cumplimiento se verá en las próximas semanas.