Andalucía carece de un registro detallado para casos de acoso escolar que ayude a la prevención
La Ficalía de Menores de Jaén y la Consejería de Educación investigan paralelamente cómo ocurrió la supuesta violación sufrida por un niño de nueve años en un colegio de la Sierra de Cazorla por parte de otros compañeros, ahora expulsados de forma cautelar. La consejera ha señalado que “el director del centro no tenía conocimiento de ningún tipo de agresión” si bien la organización Save the Children ha dicho que “los compañeros podrían llevar meses cometiendo estos abusos y presionando al niño para que no contara nada en su entorno”. El problema de la violencia o el acoso escolar no es nuevo en las escuelas pero, a día de hoy, la Junta de Andalucía no cuenta con un registro detallado de posibles casos de bullying en el interior de los centros educativos.
La Administración educativa dispone de un sistema que permite a los centros educativos informar a la Consejería de los supuestos de acoso escolar pero sin sus características, tipología, número de menores implicados (víctimas y agresores), niveles educativos de los afectados, titularidad del centro, posible existencia de acoso por violencia de género, así como las medidas adoptadas con el agresor y la víctima. Más allá de preguntarse cómo puede suceder algo tan terrible en un colegio durante un recreo, la investigación esclarecerá si la presunta víctima de Jaén había sufrido agresiones previas de algún tipo pero los mecanismos para prevenirlas, al menos según un reciente informe del Defensor del Pueblo Andaluz, son mejorables.
La titular autonómica de Educación, en una comparecencia parlamentaria en octubre del pasado año, hizo hincapié en que existe una percepción “positiva” del clima de convivencia en los centros docentes andaluces por parte de la comunidad educativa, según el balance del Observatorio para la Convivencia Escolar en Andalucía. El informe refleja que el alumnado que ha realizado conductas gravemente perjudiciales es del 1,88%, mientras que el fenómeno del acoso escolar se sitúa en torno al 0,03%, es decir, 358 casos entre un alumnado de casi dos millones. La evolución del 'fenómeno' en los últimos años arroja cifras similares.
Pero según un reciente y completo informe del Defensor del Pueblo Andaluz sobre el acoso escolar, la información que facilita la Junta en ese sentido es “insuficiente, por no decir decepcionante, para valorar con rigor el problema”. Los criterios de identificación de posibles situaciones de acoso y su tipología conforme se contemplan en la Orden de 20 de junio de 2011, aunque el actual sistema Séneca (la plataforma para la gestión del sistema educativo andaluz) “no recoge expresamente la tipología completa del acoso escolar”, según reconocía la Consejería al Defensor, lamentando que no pudiera facilitar el detalle. Es decir, el sistema de registro telemático para el seguimiento de las conductas contrarias a la convivencia escolar en los centros educativos sólo es cuantitativo, algo a lo que apuntan escuetamente fuentes de la Consejería consultadas por este periódico.
El referido informe del Defensor, presentado públicamente hace unos meses, ya denunciaba que en dicho registro “no quedan especificados los niveles educativos donde se han dado los supuestos de acoso y se omite referencia alguna a la titularidad del centro o la provincia donde se ubica el centro educativo en cuestión. Esa ausencia de información se hace extensiva también por lo que respecta a las víctimas ya que el informe de la Administración educativa aportaba datos cuantitativos referidos a las personas acosadoras pero ”no hace ninguna mención a las víctimas“. El Defensor, que ha abierto una queja de oficio sobre el caso de Cazorla, lamentaba que ”desconocemos el número de personas que han padecido el acoso escolar, su sexo, las enseñanzas educativas que cursaban, la titularidad del centro, la provincia donde se ubica éste o el tipo de maltrato sufrido“.
Una ampliación por parte de la Consejería sí advertía de que las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia se dan principalmente entre los 12 y 15 años, en la Educación Obligatoria Secundaria, pero sin aportar referencia alguna a las provincias o titularidad de los centros ya que la Administración educativa no hacía público los mismos, según apuntaba el Defensor, para evitar establecer comparaciones y rankings, especialmente en datos que son aportados por los propios centros. Los casos de acoso dejan traslucir una discrepancia entre la valoración por los afectados y por el centro docente, ha considerado también el Defensor.
“La solución al problema podría ser, en nuestro criterio, adaptar el actual programa sistema Séneca o bien crear un registro específico de los supuestos de acoso escolar en todos los centros escolares sostenidos con fondos públicos de Andalucía. Un registro donde puedan quedar recogidos, entre otros, datos sobre la naturaleza y gravedad del maltrato, duración del acoso, alumnos implicados y afectados y su edad, nivel educativo donde se encuentran escolarizados, titularidad del centro, provincia donde éste se ubica, medidas adoptadas con el agresor y la víctima. También ha de contemplar el registro los casos de acoso que tienen como motivo la violencia de género”, sugería el Defensor.
II Plan de la infancia y adolescencia
Esa recopilación “ordenada y sistematizada” de la información “permitirá hacer un estudio epidemiológico del acoso y ciberacoso, conocer la situación en cada curso escolar y, de esta manera, analizar su evolución y la eficacia de las medidas que se han ido adoptando para erradicar el problema”. El órgano que mejor podría llevar a cabo esta labor de análisis es el citado Observatorio para la Convivencia en Andalucía, al estar representados todos los representantes de la comunidad educativa y otros sectores de la sociedad.
En las Islas Canarias, por ejemplo, se está trabajando en un plan integral que, acompañado de un Observatorio contra el Acoso Escolar, permitirá identificar mejor las dimensiones del problema, previendo su aprobació a finales de este 2018 o comienzos de 2019.
Por otro lado, según recuerda el Defensor, la recopilación de datos de forma rigurosa ya no es una opción para la Administración educativa puesto que el II Plan de la infancia y adolescencia en Andalucía 2016-2020 “obliga a la Administración a contabilizar los casos de acoso”. “Este recuento no puede quedar limitado como acontece en la actualidad con la cuantificación del número de alumnos que han realizado conductas que perjudican gravemente la convivencia escolar”, apunta la institución.
Según concluye este informe, “la sociedad tiene derecho a conocer la incidencia real del problema y el alcance del mismo. Un conocimiento real contribuirá sin duda a incrementar la conciencia social sobre la necesidad de erradicar los casos de acoso de las aulas y, paralelamente, servirá como instrumento para sacar a la luz muchos supuestos de maltrato entre iguales que todavía permanecen invisibles”. En sentido, una fiscal de menores, pese a la existencia de los protocolos establecidos al efecto por la Junta de Andalucía, lamentó en una jornada que los centros educativos tratan de solucionar en exclusiva posibles casos de acoso escolar y no suelen denunciar.
“Fallos del sistema de prevención”
La ONG de protección a la infancia Save The Children criticaba este jueves “los fallos del sistema de prevención y detección de casos de violencia infantil” tras trascender el caso de Cazorla, y que “pueden llegar a provocar situaciones tan graves como ésta: es totalmente inadmisible que un niño de nueve años esté siendo violado y no existan mecanismos que permitan prevenir y detectar estos abusos ni en el entorno escolar ni en el familiar. El Estado está fallando a estos niños, dejándoles desprotegidos ante agresiones que pueden provocarles daños físicos y psicológicos irreparables”, afirma el director general de Save The Children, Andrés Conde.
La ONG insiste en la necesidad de que haya una ley integral que erradique todas las formas de violencia contra la infancia, entre ellas el abuso sexual y el acoso escolar. Actualmente, uno de cada diez niños sufre acoso en el colegio y la mitad de las denuncias interpuestas por abusos sexuales tienen a un menor como víctima, según detallan.
Esta ley, según el colectivo, debe incluir, entre otras medidas, la formación específica para todos los profesionales que trabajen con menores para que sean capaces de prevenir y detectar cualquier tipo de violencia, la formación obligatoria en la enseñanza básica sobre educación afectivo-sexual que permita a los niños reconocer cuándo están siendo víctimas de abusos sexuales o declarar en situación de riesgo a los menores de 14 años que comentan infracciones contra otros niños para que reciban la formación y atención necesaria para evitar que vuelvan a cometer o sufrir otra agresión.
Asimismo, se proponen protocolos obligatorios en todos los centros escolares para prevenir, detectar y actuar en casos de acoso escolar; y que la prescripción por delitos de abusos sexuales contra la infancia empiece a contar a partir de que la víctima cumpla 30 años, y no a partir de los 18 como hasta ahora.
Save The Children tiene en marcha una petición de firmas en www.losultimos100.org para pedir a todos los grupos políticos que aprueben una ley de erradicación de violencia contra la infancia que cuenta ya con más de 140.000 apoyos ciudadanos.
