Entre el 28 de octubre y el 18 de noviembre de 2020, la Mesa del Parlamento andaluz tramitó, gestionó y ejecutó la expulsión de Teresa Rodríguez del grupo Adelante Andalucía [la coalición Podemos-IU que ella misma presidía] junto con otros siete diputados acusados de “tránsfugas”, que pasaron a ser no adscritos. La solicitud de expulsión partió de la nueva ejecutiva de Podemos Andalucía, próxima a Pablo Iglesias, que había tomado el control de esta agrupación tras la marcha voluntaria de Rodríguez y toda su cúpula directiva, reenganchada luego al partido Anticapitalistas.
elDiario.es/andalucía ha tenido acceso a las actas de deliberación de los miembros de la Mesa del Parlamento, reunidos de forma telemática los días 28 de octubre, 4 y 5 de noviembre, 11 de noviembre y 18 de noviembre. Las actas, de “carácter reservado” e inaccesibles a los medios de comunicación, permiten reconstruir paso a paso el tenso debate a puerta cerrada en el órgano de gobierno de la Cámara, y las advertencias continuas del letrado mayor a sus señorías sobre los motivos que justificaban la expulsión: “No existen precedentes en este Parlamento ni tampoco una práctica sólida en otras Asambleas legislativas ni una posición indubitada en la doctrina”, llegó a avisar el letrado mayor, Ángel Marrero.
El asunto va camino del Tribunal Constitucional, porque los afectados han denunciado a los miembros de la Mesa por vulneración de sus derechos fundamentales de representación política.
Las continuas advertencias jurídicas hicieron que la expulsión definitiva de los ocho diputados de Adelante se dilatase más de un mes: un “tiempo de incertidumbre y confusión que generó mucho daño a la izquierda andaluza”, dice el líder regional de IU, Toni Valero, y en el que los socios cofundadores de la confluencia pasaron de la guerra fría a la guerra civil. Rodríguez y los otros siete diputados fueron expulsados de su grupo por decisión de la Mesa el 28 de octubre, posteriormente restituidos en sus escaños el 5 de noviembre, y nuevamente expulsados el 18 de noviembre, esta vez de forma definitiva.
Al quedarse la nueva dirección de Podemos sin representación parlamentaria, su solicitud de expulsión contra la ex directiva del partido morado fue elevada a la Mesa por una dirigente de IU, Inmaculada Nieto, que ocupaba la portavocía de Adelante durante el permiso de maternidad de la gaditana. El escrito se registró encriptado y con el sello de confidencial, impidiendo que los afectados conociesen su contenido hasta el mismo momento de la votación: “Existe una carpeta específica, denominada 'Asuntos no incluidos en el Sumario de la Mesa”, recoge una de las actas. En ausencia de los promotores, la solicitud fue defendida enérgicamente ante el órgano rector de la Cámara por el PSOE, y finalmente salió aprobada con los dos votos socialistas, los dos miembros de Ciudadanos (a regañadientes) y el portavoz de Vox (el PP se abstuvo).
La secretaria primera de la Mesa, a la sazón, líder del PSOE de Sevilla, Verónica Pérez, es quien defiende el motivo de la expulsión del escrito de Podemos, a saber, que los ocho diputados “han causado baja en el grupo parlamentario Adelante Andalucía, con motivo de su baja como afiliados de su formación política” y por tanto debe aplicarse con ellos el mismo criterio del Reglamento que se usó meses atrás con la parlamentaria Luz Belinda Rodríguez, expulsada por su grupo Vox, y que pasó a ser diputada no adscrita.
En la sesión del 28 de octubre, el letrado mayor replica a Pérez que “no está acreditado” que los ocho diputados hayan “causado baja” de su grupo, advierte de que el escrito de Podemos contra Teresa Rodríguez no “debe ser aceptado sin más por la Mesa”, y añade que los motivos que justifican la baja de un diputado dependen de la normativa interna de un grupo, y “desconoce si Adelante cuenta con normativa interna, directa o indirecta, sobre estas cuestiones” [la confluencia, con dos años de vida, aún no se había dotado de un reglamento de disciplina interno].
Marrero pide “tiempo” y pruebas “antes de tomar la decisión” y, en todo caso, lanza una advertencia grave: “Tratándose de una decisión que afecta a los derechos e intereses de los ocho diputados” expulsados de su grupo por tránsfugas, “puede constituir una decisión restrictiva de sus derechos fundamentales reconocidos en el artículo 23.2, en conexión con el artículo 23.1, ambos de la Constitución”.
El letrado mayor también deja constar que, “antes de adoptar su decisión”, la Mesa del Parlamento debería “reconocer a los diputados afectados el derecho a ser oídos, otorgándoles el correspondiente trámite de audiencia”, puesto que la decisión afecta “al núcleo de la función representativa parlamentaria”. Marrero insiste en “el escaso tiempo de que dispone la Mesa para adoptar una decisión compleja”, advierte de que la celeridad “no permite aportar una solución segura y asentada” y pide de nuevo demorar la decisión a adoptar por la Mesa a fin de que el asunto pueda ser analizado jurídicamente de modo adecuado y con el tiempo suficiente“.
Solo los dos miembros de Ciudadanos –la propia presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, y el vicepresidente tercero, Julio Díaz– avalan la tesis del letrado y piden aplazar la votación hasta poder contar “con un informe previo de los Servicios Jurídicos” sobre las “dudas jurídicas relevantes”. PSOE, PP y Vox se oponen a la prórroga.
La expulsión se ejecuta el 28 de octubre, desoyendo las advertencias jurídicas, y tendrá que ser rectificada en la siguiente sesión del 5 de noviembre, tras leer un demoledor informe jurídico y tras haber recogido la versión de los afectados: “La circunstancia de que ahora, en su solicitud de reconsideración, los ocho diputados discutan la realidad de la afirmación de la portavoz de Adelante, Inmaculada Nieto, determina que esta Mesa ya no pueda tener por cierto, sin más, lo por ella afirmado, habida cuenta de que esa afirmación es cuestionada abiertamente por aquellos cuyos derechos podrían verse sustancialmente afectados como consecuencia de la baja cuya realidad se discute”, concluye el letrado.
Las actas reservadas acreditan el pulso interno entre la dirección nacional y la andaluza de Ciudadanos. La primera impulsaba la reforma del Pacto Antitransfuguismo en el Congreso, extensible a los parlamentos autonómicos, la segunda creía “precipitado” aplicarlo “sin las necesarias garantías jurídicas” en el caso de Teresa Rodríguez. El vicepresidente tercero de la Cámara andaluza, Julio Díaz (Cs), terminaría exigiendo que se recogiese en acta su enfado y disconformidad con la expulsión de los ocho diputados bajo la nueva definición de “tránsfugas”, dejando constancia por escrito de que tenía que votar a favor “por una directriz política de la dirección nacional de su partido”.
En la sesión del 18 de noviembre, Julio Díaz toma la palabra y recuerda todas sus dudas respecto al “procedimiento de expulsión” expresadas en las tres sesiones anteriores, y en consonancia con las advertencias jurídicas expuestas por el letrado mayor. 24 horas antes, la presidenta de su partido, Inés Arrimadas, ha emitido un comunicado de prensa desde Madrid anunciando que él y la presidenta del Parlamento apoyarán la expulsión de Teresa Rodríguez: “Los dos miembros de Cs en la Mesa del Parlamento de Andalucía votarán mañana a favor de la expulsión de los diputados del grupo Adelante Andalucía, en aplicación de los acuerdos alcanzados y suscrito por la mayoría de fuerzas políticas en el marco del Pacto Antitransfuguismo a nivel nacional, presidido por el Ministerio de Política Territorial”, reza el comunicado del 17 de noviembre.
“A continuación”, recoge el acta de reunión de la Mesa del 18 de noviembre, “el vicepresidente tercero [Julio Díaz] hace entrega al letrado mayor de un escrito, en el que constan las razones de su voto, que, en síntesis, expone también verbalmente”, advirtiendo que “no comparte” la decisión. El contenido de dicho escrito es el que sigue: “El vicepresidente tercero hace constar en el acta de la sesión, de forma expresa, que la expresión de su voto en la sesión de hoy en este punto obedece al acatamiento de una directriz política que nada tiene que ver con lo manifestado de forma reiterada por él en esta Mesa, en lo relativo a la necesidad de adopción de una decisión técnica informada mediante resolución motivada de la misma tras el informe emitido por los Servicios Jurídicos de la Cámara, que comparte”.
Bosquet preside la reunión de la Mesa y, como segunda autoridad de Andalucía, se inhibe de comentar las críticas que su compañero acaba de lanzar a su propio partido. Julio Díaz “obedece y acata” a regañadientes la orden de Arrimadas, pero deja por escrito que es una “directriz política” adoptada desde Madrid –“contraria” al informe jurídico de la Cámara andaluza– y no una “decisión técnica”, como él había defendido desde el principio. Quien sale a rebatir al diputado de Ciudadanos es Verónica Pérez, líder del PSOE de Sevilla y secretaria primera de la Mesa.
La socialista es quien defiende la iniciativa del nuevo Podemos y de IU contra Teresa Rodríguez, dado que la única representante de Adelante en este órgano, la diputada Maribel Mora, es afín a la gaditana y rechaza su expulsión. Pérez le responde al diputado de Cs que “la decisión de la Mesa es técnica, pero que no puede olvidarse el carácter político del órgano y de sus miembros, que necesariamente influye en sus decisiones, cuando estas son interpretables”, recoge el acta.
Acto seguido, el acuerdo de expulsión de los ocho diputados de Adelante es aprobado con cinco votos a favor: presidenta [Marta Bosquet; Ciudadanos], vicepresidenta segunda [Teresa Jiménez; PSOE], vicepresidente tercero [Julio Díaz; Ciudadanos], secretaria primera [Verónica Pérez; PSOE] y secretario tercero [Manuel Gavira; Vox] y dos abstenciones (vicepresidenta primera [Esperanza Oña; PP] y secretario segundo [Manuel Andrés González; PP]. La diputada de Adelante Andalucía Maribel Mora “se pronunció en contra”, aunque su grupo tiene voz, pero no voto en este órgano.
Entre la primera sesión y la segunda, la nueva dirección de Podemos Andalucía ha acreditado la baja de Teresa Rodríguez y el resto de diputados de su formación, alegando que ahora militan en Anticapitalistas y que, en todo caso, su criterio político es abiertamente contrario a la formación morada y, por tanto, al grupo parlamentario Adelante Andalucía. Esta última tesis es la que entronca con el nuevo Pacto Antitransfuguismo, que se está negociando en paralelo en el Congreso.
El conflicto interno de Adelante Andalucía, Podemos y los Anticapitalistas venía de muy atrás, pero cuando las fuerzas de izquierda recurren al arbitrio del Parlamento, lo convierten en un asunto sobrevenido que los grupos tienen que resolver sobre la marcha. La decisión que tomen afectará, esta vez, a los Anticapis, pero más tarde quizá también a ellos. Ciudadanos dirime entonces dos criterios políticos simultáneos, el de Madrid y el de Andalucía. Y el conflicto se resuelve de forma paradójica, porque los miembros de Cs en la Mesa de la Cámara sacrifican su criterio –la tesis del letrado mayor– y terminan “acatando” la posición marcada por la dirección nacional de su partido.
Pero se trata de una posición con apenas unos días de vida. La nueva definición de tránsfuga, que considera trásfuga al que se aparta del “criterio político” de su formación y se vuelve incómodo para sus jefes, no estaba en el programa electoral de Ciudadanos, no forma parte del principio fundacional de la formación naranja. Surge como consecuencia de la debilidad institucional del partido de Arrimadas, como arma preventiva, y termina estallándole en la cara a Teresa Rodríguez y los suyos. Arrimadas y el resto de partidos que suscriben el acuerdo les rebautizan como tránsfugas, el letrado mayor y los dos miembros de Cs se preguntan si sus discrepancias responden al pluralismo interno necesario en una formación política.
La grave crisis existencial que atraviesa hoy Ciudadanos, tras el derrumbe en las elecciones catalanas, su expulsión del Gobierno de Murcia –con una moción de censura fallida– y su salida del Gobierno de Madrid –adelanto electoral mediante– permite leer con más perspectiva la acalorada discusión que tuvo lugar meses atrás en aquellas reuniones de la Mesa del Parlamento. Arrimadas es quien impulsa la renovación del Pacto Antitransfuguismo meses antes de los comicios en Cataluña, cuando los sondeos internos pronostican ya un desplome del proyecto naranja a escala nacional, pero empezando en los territorios donde cogobiernan con el PP. Se anticipa a poner un cortafuegos para frenar la huida de cargos públicos y dirigentes naranjas a las filas populares.
Pero, ¿qué tiene que ver eso con Teresa Rodríguez y el Parlamento andaluz?, se pregunta una parte del partido naranja en Andalucía. El propio vicepresidente de la Junta y líder regional de Cs, Juan Marín, ha manifestado públicamente que no cree que la gaditana responda a la definición de “tránsfuga”. “Yo no creo que ni Teresa Rodríguez ni ningún miembro de Adelante Andalucía sean tránsfugas”, dice en una entrevista con OkDiario el 10 de noviembre de 2020, ocho días antes de que la Mesa del Parlamento apruebe su expulsión y siete días antes de que Arrimadas ordene a los miembros de Cs votar a favor de dicha expulsión.
En las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019, Ciudadanos pasó de 57 diputados a diez. Albert Rivera dimitió y Arrimadas ocupó su lugar. Un año después, la formación naranja ocupaba un espacio irrelevante en el Congreso, pero seguía copilotando gobiernos autonómicos junto al PP (Andalucía, Madrid, Murcia y Castilla y León). Ciudadanos pasó de sorpasar al PP al temor a ser sorpasado, y en noviembre de 2020, Arrimadas convocó a las fuerzas políticas a una reunión del Pacto Nacional Antitransfuguismo, firmado en 1998. Estaban ocurriendo las dos cosas al mismo tiempo: un acuerdo en Madrid para prevenir fugas de cargos electos de un partido a otro y una operación en el Parlamento de Andalucía para estrenar un Pacto Antitransfuguismo que parecía hecho a medida de Teresa Rodríguez y su cuota de Anticapitalistas.
“Arrimadas no estaba pensando en Andalucía, sino en lo que preveía que iba a pasar en Murcia. Pero entonces no lo sabíamos”, explica uno de los dirigentes que estuvo próximo a la negociación del Pacto Antitransfuguismo en el Congreso. Que la dirección nacional de Cs “no estaba pensando en Andalucía” lo demuestra el hecho de que, en los mismos días en que se redefinía en Madrid el concepto de “tránsfuga” –condenando a todo cargo electo díscolo y que se aparta del “criterio político” de la dirección de su partido–, los miembros de Cs en la Mesa del Parlamento andaluz se rebelaban contra esa decisión y “acataban” a regañadientes.
El Parlamento andaluz tramita en este momento, por la vía de urgencia, una reforma de su reglamento que avala la expulsión de los ocho diputados de Adelante acusados de tránsfugas.
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