La jueza Mercedes Alaya sostiene que la empresa Fitonovo habría pagado comisiones tanto al PSOE como a IU a cambio de la adjudicación de contratos públicos en Sevilla, donde gobernaban en coalición estas dos fuerzas hasta 2011, según los datos conocidos este viernes después de que la magistrada haya levantado el secreto de sumario que pesaba sobre la operación Madeja -denominada Enredadera en su tercera fase- desde julio de 2013.
La instructora pone de manifiesto en la imputación que realizó el pasado lunes al exconcejal de Vía Pública en la capital hispalense, Manuel Gómez Lobo (PSOE), que, “como compensación por el incremento importante de Fitonovo en la facturación” con el Ayuntamiento de Sevilla, esta empresa pagó entre 2006 y 2009 distintas cantidades a los socialistas “que oscilan entre 30.000 y 60.000 euros”, con la denominación en la caja B de la misma de “Langostinos Maera”. De este modo, según el acta de su declaración, la jueza considera que, “como compensación por el incremento importante de Fitonovo en la facturación” con el Ayuntamiento de Sevilla “por la adjudicación creciente de contratos”, a requerimiento de Manuel Gómez Lobo “se abonó por Fitonovo al PSOE en fecha 9 de mayo de 2007 la suma de 30.000 euros”.
Respecto a la coalición de izquierdas, la magistrada considera que el exprimer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos y el actual portavoz municipal de esta formación, José Manuel García, quien ha anunciado su dimisión este viernes, “habrían intervenido decisivamente, como dirigentes de IU, en la petición de determinadas dádivas en compensación a la adjudicación a Fitonovo de los contratos de obras relativos a 11 campos de fútbol”. Según la jueza, se trataría del abono por parte de los directivos de Fitonovo “de 155.000 euros a IU, mediante dos pagos, 70.000 el 30 de marzo de 2010 y 85.000 el 18 de febrero de 2011”.
Una nómina de funcionarios corruptos
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil considera que la empresa Fitonovo tenía “en nómina” a “multitud” de funcionarios “corruptos” que habrían recibido durante varios años “contraprestaciones sustanciosas” por la adjudicación de contratos públicos u otras prácticas irregulares en el marco de la contratación administrativa “que han reportado a la empresa pingües beneficios”. Lo exponen en el atestado entregado a la jueza, que dio lugar a una operación que concluyó con la detención de 32 de personas en varias provincias y la imputación de otras, de las que cuatro ingresaron en prisión, aunque a día de hoy ya sólo permanece en la cárcel el director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Brugueras, quien podría salir en libertad si paga una fianza de 180.000 euros.
En este atestado, los agentes explican que “era práctica habitual”, existiendo “instrucciones desde la dirección de la empresa para pagar las comisiones que fueran necesarias para sacar los contratos adelante'”, de manera que Fitonovo “creó una infraestructura tanto operativa como contable destinada a obtener contratos públicos irregulares”.
Según los agentes, ha quedado demostrado con la investigación “la actitud decidida de la dirección de la empresa por lucrarse con dinero público sin importar los medios empleados, infiltrando múltiples administraciones con prácticas de corrupción”. Concluye que la entrega de comisiones “se ha prolongado durante al menos 15 años, afectando a múltiples administraciones, tanto estatales, como autonómicas y locales e involucrando a un elevado número de funcionarios y autoridades” gracias a una “compleja y detalalda contabilidad”.
En este sentido, explica que la organización criminal estaría integrada por la dirección de Fitonovo y por los empleados que actuaban como interlocutores de la empresa ante la administración, por las autoridades y funcionarios que, “a cambio de contraprestaciones, favorecían desde el ámbito público a la organización”.
De hecho, cita a distintos funcionarios y autoridades que habrían sido “partícipes de la trama corrupta”, pertenecientes a la Junta de Andalucía y la de Extremadura, Gobierno de Canarias, Cabildos Insulares de Lanzarote y Las Palmas, diputaciones de Sevilla, Córdoba y Jaén, Ministerio de Fomento, ayuntamientos de Sevilla y La Carolina (Jaén), ADIF y la ONG Solidaridad Internacional.
Sobre la Caja B, los agentes dicen que Fitonovo la creó “para pagar las comisiones entregadas a los funcionarios o para pagar regalos que abarcaban vehículos y artículos suntuarios”, aunque también “se empleaba con otros propósitos del mismo modo irregulares como el pago de salarios en B” a trabajadores de la empresa.