Alumnos sordos de Andalucía denuncian que la Junta los discrimina: “No puedo seguir las clases”

“No tengo ni idea de cómo voy a hacer el examen”. Victoria Román, que cursa un Grado de Laboratorio de Análisis, Control y Calidad en Málaga, se examina el próximo mes de junio. A primera vista su mensaje en Whatsapp podría revelar la ansiedad típica ante las evaluaciones. Además, este año las pruebas serán online, una experiencia nueva. Sin embargo, no es eso. Román ha pasado dos meses en los que apenas ha podido seguir las clases. Dice que a veces le duele la cabeza. También que ha perdido motivación. Es sorda, y ahora apenas entiende a sus profesores. “No puedo seguir las clases como el resto de mis compañeros”, escribe Román. Desde que se declaró el estado de alarma, no tiene intérprete.

Román tiene clase tres veces en semana, pero online. Dispone de un implante coclear que le permite escuchar, pero poco. Por eso, cuando los profesores resuelven una duda no se entera de nada. Y si tiene dudas, tiene que recurrir a un método rudimentario de comunicación escrita con los profesores. “Cuesta mucho entender y a veces da dolor de cabeza”, explica.

“Soy alumno sordo de ciclo medio de sistema microprocesador y redes en IES Politécnico Jesús Marín. Profesores contactan online desde micrófonos conmigo, alguno me da un resumen general, pero me he sentido discriminado. Necesito igualdad”, escribe Eduardo, otro alumno sordo.

Como ellos, el alumnado con discapacidad auditiva de Andalucía está sufriendo estos días la indiferencia del sistema. Desde que se declaró el estado de alarma y se cerraron los centros educativos, las clases siguen en casa para todos. Esa es la teoría. Sin embargo, las personas sordas no pueden seguirlas con normalidad, porque no tienen la ayuda de intérpretes. La Agencia Pública de Educación (APAE) metió la interpretación de lengua de signos en el mismo saco que otros externalizados, como el transporte o el comedor. Todos suspendidos. La diferencia es que la interpretación es esencial para garantizar el derecho a la educación de parte del alumnado, también en casa.

La APAE explica que, en la situación actual, el profesorado atiende a todos los alumnos, incluidos los que tienen discapacidad auditiva “haciendo una integración e inclusión real”, proporcionando al profesorado unas “orientaciones”, que son subtitular las explicaciones orales, grabar las clases para “poder acceder a la lectura labial” y facilitar los textos escritos adaptados.

La comunicación escrita no es la solución

Sin embargo, la falta de intérpretes no se soluciona sustituyendo la comunicación oral por la escrita. La comunicación escrita de muchas personas sordas no es fluida; por ejemplo, los entrecomillados de este artículo han sido adaptados. En la lectura y en la escritura influyen variables como la conciencia fonológica, los procesos de decodificación, el acceso al léxico, aspectos morfo-sintácticos y otras variables genéricas.

“Diversas investigaciones centradas en los rendimientos de lectura alcanzados por adolescentes sordos (…) mostraban que el nivel de lectura alcanzado se correspondía con la obtenida por los oyentes a los ocho o nueve años”, recoge un documento de la Confederación Nacional de personas sordas de España. Esto se traduce con frecuencia en una escasa motivación hacia la comunicación escrita.

“Los profesores mandan por el correo hacer tarea y alumnos no entienden las frases bien”, ilustra Román. Por eso, responde así cuando se le pregunta cómo hará el examen, escrito y online: “No tengo ni idea”.

Contratos “suspendidos”

La ausencia de los intérpretes está generando en estos alumnos una sensación de desamparo. Juan Heredia, intérprete de lengua de signos, cuenta situaciones que rayan el absurdo. Por ejemplo, un suspenso en inglés por falta de asistencia. “Si un alumno sordo no se entera en castellano, ¿cómo va a enterarse en inglés?”. Cuenta también el caso de un profesor que pretendía examinar oralmente a una alumna sorda sin intérprete, lo que puede generar un sentimiento de frustración e inferioridad. “No creo que haya mala fe, sino que quieren cubrirse las espaldas diciendo que han atendido al alumnado sordo con los medios que tienen”.

¿Cuáles son esos medios? Ahora mismo, ninguno. Desde el 16 de marzo, los contratos para la prestación del servicio en los centros andaluces (Primaria, Secundaria, Bachillerato y FP) están “suspendidos” por orden de la Junta de Andalucía, y los intérpretes no pueden trabajar. “Podrían trabajar desde casa, pero tuvimos que decirles que no hicieran nada”, explica Paqui Cozar, gerente de Tangram, empresa prestataria del servicio en Málaga y Cádiz. “Esos contratos no se deberían haber suspendido”, añade.

Los intérpretes viven el problema con frustración. “Podríamos estar ayudándoles. Es un problema de desinterés. Hubiésemos prestado el servicio de manera telemática, como los profesores. Pero no podemos ayudar porque nos han dicho que no podemos teletrabajar”, lamenta Cintia Albacete. “No les dan la herramienta siendo un derecho básico, concedido y presupuestado”, añade Heredia.

A ello se suma que los intérpretes no cobran. Para compensar la suspensión de los contratos, la APAE aseguró a las empresas que abonaría una indemnización. En estas circunstancias, Tangram no ha abonado la nómina de abril a los intérpretes, alegando que no tiene fondos. “Ya no sabemos qué hacer. Nos dicen que no saben. ¿Cuándo van a saber? ¿Cuándo hayan arruinado a las empresas? ¿Cuando hayan matado de hambre a los trabajadores?”, protesta Cózar.

La Junta de Andalucía condiciona el pago de la indemnización a que la empresa haya pagado previamente las nóminas, según ha explicado a este medio.

Queja del Defensor del Pueblo

La situación afecta a todas las provincias andaluzas, aunque las quejas se han registrado en Málaga. Muchos han escrito a las instancias implicadas: al instituto, al equipo de orientación y, por último, a la Delegación de Educación de Málaga y a la propia sede central de la Consejería. “Se está vulnerando mi derecho a la educación y el de los alumnos sordos. No puedo acceder a mis clases en igualdad de condiciones que el resto de mis compañeros”, protestan. Según denuncian, no han tenido respuesta.

Por último, han remitido escritos al Defensor del Pueblo Andaluz, que ha abierto una queja de oficio. El Defensor ha pedido a la Consejería que le explique “qué medidas se va a adoptar o, en su caso, se hayan adoptado” para posibilitar que el alumnado sordo siga recibiendo el apoyo de intérpretes, y recuerda que la Ley 11/2011 obliga a que la administración garantice la enseñanza al alumnado sordo con la asistencia de intérpretes.

“Alumnas que están en segundo de bachillerato, con la selectividad a las puertas, llevan dos meses que no pueden acceder a su formación. Los ciclos formativos van a terminar. Si asistes como un fantasma no van a estar preparados para unas prácticas”, protesta Heredia: “Son estudiantes abandonados, a los que no se respeta el derecho fundamental a la educación”.