El nuevo escenario en Andalucía para los autónomos con la tarifa plana: lo que había y lo que habrá
“Esta medida empeora la regulación existente”, escribió en Twitter Antonio Ramírez Arellano, exconsejero socialista de Economía, Hacienda y Administración Pública, tras aprobarse en Consejo de Gobierno el inicio de los trámites para la aprobación del programa de estímulo a la creación y consolidación del trabajo autónomo en Andalucía, que por primera vez incluirá una tarifa plana de 12 meses extra- sobre los 12 fijados por el Gobierno de España- para los que empiezan en este régimen.
Sin conocer todavía cómo se concretará sobre el papel lo nuevo -la Junta de Andalucía quiere tener la orden antes del verano- conviene saber qué compensaciones hay ya previstas para un colectivo cuyo empuje representa el 8% del PIB (producto interior bruto) de la comunidad autónoma, donde, cerrado el primer semestre de 2018, había 529.311 en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), sólo por detrás de Catalunya (555.872).
Primera diferencia: tarifa plana extra
La orden supondrá ayudas individuales para cubrir buena parte de la cuota de autónomo durante un segundo año -del primero ya se encarga la Administración General del Estado (AGE) con su tarifa plana de 12 meses-, donde el mínimo son 283,30 euros por mes. De manera que si, por lo general, los nuevos autónomos pagan en España 60 euros por mes de tarifa plana durante su primer año, en Andalucía -donde el pasado año había 227.270 acogidos a la misma- se beneficiarán de este respiro por otros 12 meses, e incluso abonarán la mitad en algunos casos.
La principal diferencia está, de momento, en la denominación porque actualmente no se habla de tarifa plana extra. Lo que hay está recogido en la orden de 21 de septiembre de 2018, por la que se establecen las bases reguladoras del programa de emprendimiento, segunda oportunidad y estabilización económica de las empresas de trabajo autónomo. Son incentivos por concurrencia no competitiva -se reciben por orden de llegada quien cumpla los requisitos y hasta que se agotan los fondos- y sólo pueden pedirlos los que estén entre el cuarto -se exige una antigüedad de tres meses como mínimo- y duodécimo mes de actividad, y por tanto acogidos a la tarifa plana estatal.
Segunda diferencia: importes
La segunda diferencia la encontramos en los importes de las ayudas. En estos momentos se prevén hasta 3.800 euros para autónomos de menos de 30 años y menos de 35 en el caso de autónomas; de hasta 2.600 a partir de esa edad, salvo para los residentes en municipios de menos de 10.000 habitantes, para los que se mantiene en los 3.800; también de hasta 3.800 para los que hubiesen finalizado un contrato de formación; y de hasta 7.200 en casos de personas con discapacidad superior a un 30% y para víctimas de violencia de género o terrorismo.
Con estas cantidades, el anterior Gobierno de Andalucía pretendía igualmente garantizar que el nuevo autónomo pudiera tener cobertura de los gastos de Seguridad Social más allá del primer año en el que goza de tarifa plana estatal. Es más, son cantidades que en algunos casos permiten incluso extender esa bonificación más de 24 meses, que es lo que prometen garantizar el PP y C's.
El que fuera fuera secretario general de Emprendimiento, Economía Social e Internacionalización con el PSOE, José Roales, explica que esas cantidades se ingresan directamente en la cuenta del solicitante que cumple los requisitos, en dos plazos de seis meses, y él decide. “Estaba previsto para que el coste de la Seguridad Social en dos, tres o incluso cinco años, fuera cero, si bien entendíamos, desde un punto de vista economicista, que era mejor que dispusiera de esos recursos de manera más inmediata, como activo circulante”, subraya.
La orden que prepara la Junta de Andalucía parte de un cálculo de 1.700 euros por beneficiario que asumiría la administración autonómica, según ha avanzado la consejera de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco. Por tanto, es menos dinero, si se queda como ha apuntado. Ese desembolso está calculado para permitir que los nuevos emprendedores mantengan el pago de sólo 60 euros de cuota también en su segundo año, y con carácter general, mientras que serían 30 en el caso de menores de 30 años y mujeres rurales, o sea, que residan y trabajen en municipios de menos de 5.000 habitantes.
Tercera diferencia: más beneficiarios
El primer paquete, 10,7 millones de euros, se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) el pasado mes de noviembre, con el cálculo de 3.300 beneficiarios, pero todavía no hay datos sobre su impacto porque no ha dado tiempo, y las organizaciones de autónomos insinúan que son pocos por los excesivos trámites burocráticos. En cambio, con la nueva medida, el Gobierno del PP y C's ha anunciado que prevé llegar a unos 5.000, cosa que también deberá concretarse con el presupuesto que finalmente consignen para la medida.
En los dos casos, eso sí, se nutren de fondos europeos del marco vigente hasta 2020. Como la nueva orden no podrá ser retroactiva, los que se hagan autónomos antes de su entrada en vigor sólo podrán optar a los incentivos de la orden de 2018, en caso de que quedaran fondos.
En este sentido, Antonio Ramírez de Arellano, tras aclarar que la orden en vigor se negoció con las organizaciones de autónomos, rechaza que se dé una imagen de que antes no había nada para el colectivo y que la tarifa plana extra viene a corregir esto, porque en realidad contaban con diferentes líneas para cubrir los costes de la Seguridad Social en el inicio de la actividad.
“Nosotros no quisimos llamarle tarifa plana, porque la Seguridad Social es una competencia estatal, sino que nuestra filosofía fue complementar la misma, con incentivos que permiten facilitar los primeros años de los autónomos, que son los más complicados”, expone. Resalta también la ventaja de que se extendían los incentivos hasta los 35 años, en el caso del mundo rural, y que se consideraba como tal a autónomos de poblaciones de hasta 10.000 y no 5.000 como ha anunciado la nueva consejera, “por lo que abarcábamos más”.
Sobre el hecho de que se fijara un mínimo de tres meses en tarifa reducida de la AGE, puntualiza que se pretende con ello garantizar que sea una actividad con cierta consolidación en el tiempo y no espontánea por las ayudas. Igual que precisa que irremediablemente puede que se agoten los fondos sin que llegue a todos los que puedan cumplir los requisitos porque todas las órdenes “deben tener consignación presupuestaria”. Para concluir: “Si finalmente, el PP y C's mejoran lo existente, cuando concreten la normativa, bienvenido sea, pero no se puede decir que vienen a cubrir un vacío”.
Más allá de esta comparación, que en cualquier caso está sujeta a la concreción del anuncio de PP y C's, hay que recordar que este incremento de la tarifa plana no sólo es un compromiso del que las dos formaciones hicieron bandera en la oposición, sino que también asumieron los socialistas la pasada legislatura, pese a que no terminaron de impulsarlo. De hecho, el 8 de marzo de 2018 se aprobó una PNL (proposición no de ley) en el Parlamento de Andalucía presentada por C's (entonces, socio de investidura) instando a que el Gobierno de Susana Díaz estableciera los mecanismos para compensar “de forma complementaria, los costes iniciales de Seguridad Social para las personas beneficiarias del régimen de tarifa plana previstos en la norma estatal durante 24 meses”.
La PNL contó con los votos de C's y PSOE en una jornada en la que también el PP presentó su propia propuesta para tarifa plana y que fue tumbada por los socialistas. Era el tercer intento de los liderados por Juan Marín, hoy vicepresidente, para convencer a los socialistas tras haber fracasado en su intención de incluir la medida meses antes en la negociación de los presupuestos autonómicos de 2018 y en las enmiendas a la Ley de Fomento del Emprendimiento, primer punto del acuerdo de investidura del PSOE y C's, por cierto, y que se aprobó la pasada primavera sin mención alguna a ello. Pero pese a que el Parlamento de Andalucía instaba a que el ejecutivo pusiera en marcha la tarifa plana extra, no se llevó a cabo.
En aquel periodo, llegaron incluso a hablar de tarifa plana de 0 euros para ciertos grupos de autónomos, o sea que la Junta de Andalucía pagaría toda su Seguridad Social, pero lo cierto es que ni las propias organizaciones que representan a los colectivos lo ven como razonable tratándose como se trata de una cotización que está llamada a beneficiarles en el futuro.
Las expectivas del colectivo
Rafael Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en Andalucía, subraya que lo principal será que esta medida esté dotada presupuestariamente, lo que se concretará en los próximos meses, y es precisamente la mayor crítica que hace de la orden de 2018, de la que recuerda que tuvieron que esperar hasta finales de año para ver publicada en BOJA la primera convocatoria.
“Lo más importante, y la gran diferencia, es la que la tarifa plana se incrementa en 12 meses y para todos los nuevos autónomos. Eso no existía en Andalucía”, celebra. Las expectativas de ATA son grandes. Es más, augura que supondrá un crecimiento del número de emprendedores en el régimen que colocará a Andalucía a la cabeza de las comunidades autónomas. “Ya somos la comunidad autónoma con el mayor índice de emprendimiento y con esto se dará un salto definitivo”, calcula. Destaca también que “se haya fijado la tarifa plana superreducida para jóvenes hasta los 30 años y no los 25 como se había planteado”, y “la apuesta por la mujer rural, porque esto contribuirá a evitar uno de los grandes problemas actuales, que es la despoblación”.
Desde la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), su secretaria general en Andalucía, Inés Mazuela, remarca que es “una buena medida para favorecer los inicios”, pero advierte de efectos no tan positivos a medio y largo plazo. Y es que, matiza, Andalucía no tiene un problema en cuanto a la tasa de emprendimiento, “sino de mortalidad empresarial, especialmente en los autónomos entre los primeros tres y cinco años de vida de los negocios”.
Un dato: en Andalucía se registra una media de 270 altas al día, pero también se produce una media de 210 bajas. Entre los representantes de los autónomos hay discrepancias a la hora de relacionar esa mortalidad y los periodos de beneficios como la tarifa plana. Los que están a favor dicen que no tiene nada que ver. Y los que están en contra, lógicamente, lo relacionan y lo ven contraproducente frente a otras medidas que se podrían poner en marcha.
“Consideramos que además de estas ayudas al inicio, son quizás más importantes y necesarias medidas que favorezcan que estos negocios puedan consolidarse”, continúa Inés Mazuela, quien habla de que no sean sólo subvenciones. “De ahí nuestra propuesta de cotización por ingresos reales y el establecimiento de una fiscalidad más justa y ponderada”, precisa, a la vez que prefiere ser “prudente y esperar a ver cómo se va a instrumentar sobre el papel” cuando se le pide que compare lo que está en vigor con lo que viene.
El caso es que el Gobierno de Andalucía dará un paso en la regulación en un momento en que el marco estatal está pendiente de cambios. El Gobierno de España y las dos principales organizaciones de autónomos, tras haber logrado la protección social universal para el colectivo desde enero de este año, incluyeron la revisión de la regulación de la tarifa plana. “Este acuerdo dispone que durante 2019 se estudie esta situación para que aquellos autónomos nuevos y los que no alcancen en ingresos netos el SMI, se beneficien de esta medida durante 12 meses a razón de 60 euros mensuales y que se pueda ampliar a otros 12 meses más si se mantienen las actividades y las condiciones”, pone como ejemplo Inés Mazuela.
Una medida sujeta a cambios a nivel estatal
En este contexto, las distintas comunidades autónomas están dando pasos frente a las demandas de unos profesionales que son un motor de la economía del país, pero van a distinto ritmo. La Comunidad de Madrid fue la primera en aprobar algo de este calado (entró en vigor el 1 de enero de 2018) y se adelantó a los deseos de C's en Andalucía. Recordemos cómo su diputado Carlos Hernández defendía durante el debate de la Ley de Fomento del Emprendimiento: “La cuota de la Seguridad Social para autónomos pueda ser subvencionable, hasta dos años, incluso superando a lo ya aprobado a nivel nacional, lo que convertiría a Andalucía en pionera en este sentido”. Y no lo lograron.
En Canarias, el PP lo ha conseguido luego para que esté en vigor este año 2019 con los nuevos presupuestos autonómicos. En Murcia tienen tarifa 0 para menores de 30 años. En La Rioja el PP y C's acaban de aprobar (en febrero) el texto para la Ley de Medidas Económicas y Fiscales que incluye tarifa cero el primer año a autónomos “para facilitar el desarrollo de la actividad de nuevos autónomos”. Medida especialmente dirigida a menores de 35 años y mayores de 55, “también a aquellos que hagan el esfuerzo de contratar a un empleado y a los profesionales que se instalen en el entorno rural”. En el proyecto de ley de sus presupuestos autonómicos de 2019 ya preveía 1,4 millones de euros para esta medida este año.
