Once meses después del “visto para sentencia”, este martes se ha puesto el primer punto y aparte en el caso de los ERE. A expensas de los recursos que se presenten, los 21 acusados han conocido la sentencia más esperada y que empieza a poner negro sobre blanco el grado de culpabilidad de cada uno de ellos respecto a la conclusión a la que llegó el juzgado tras la instrucción de la llamada 'pieza política' de la macrocausa en junio de 2016: que entre los años 2000 y 2011 “se implantó y mantuvo” desde la Junta de Andalucía un procedimiento particular para “eludir” los mecanismos de control previo de la Intervención General de la Junta y disponer partidas presupuestarias destinadas a priori a ayudas sociolaborales y a empresas pero que fueron objeto de un “reparto discrecional o, incluso, arbitrario”.
La Fiscalía Anticorrupción cifra en 680 millones de euros el presunto fraude, porque la Junta mantuvo “durante diez años un sistema de concesión totalmente opaco” en el que “las ansias de rapidez y agilidad” en dar ayudas sociolaborales y a empresas en crisis eliminó “todos los mecanismos de control establecidos”.
Septiembre de 2013
José Antonio Griñán y Manuel Chaves (PSOE), que durante 23 años consecutivos dirigieron la política andaluza y que han sido condenados a 6 años de cárcel y 15 de inhabilitación por prevaricación y malversación el primero y 9 años de inhabilitación el segundo por prevaricación, llevan inmersos en un proceso con tanto recorrido judicial como político y mediático desde que la jueza Mercedes Alaya pidiera su imputación en septiembre de 2013. Tres tribunales (juzgado, Supremo y TSJA en determinados casos), cinco jueces y escritos de acusación y defensa de ida y vuelta han marcado estos años de marcado uso político de la causa. El PP andaluz, en su informe final en el juicio hace ahora un año, 'resucitó' a la jueza Alaya aludiendo a que Chaves y Griñán eran “la cúspide de la pirámide” de los ERE.
La Fiscalía considera que 15 de los 21 ex altos cargos juzgados, que fueron destinatarios de los informes de la Intervención que desde 2005 advertían de las irregularidades, cometieron no sólo prevaricación, activa u omisiva, al dictar o aprobar resoluciones administrativas arbitrarias y contrarias a derecho sino también malversación, que requiere dolo y un ánimo de lucro que no necesariamente implica enriquecimiento personal. Para ellos pide entre 6 y 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación, frente a aquellos en los que no ve acreditado el dolo y sólo acusa de prevaricación (como Chaves o los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez), para los que solicita 10 años de inhabilitación.
El resultado de esta pieza política, desde que el caso fuese dividido por la jueza María Núñez en julio de 2015, determinará sin duda los siguientes procedimientos que, de momento, suman casi 200 piezas desgajadas. Con todo, estos son los 21 acusados para los que este martes seguirá este largo camino judical, sus puestos de responsabilidad durante los hechos, las principales acusaciones que ahora se empiezan a determinar y las penas a las que se enfrentan:
Los 21 acusados
Francisco Javier Guerrero Benítez. Condenado a 7 años, 11 meses y un día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y un día por malversación y prevaricación . Director General de Trabajo entre el 6 de octubre de 1999 y el 29 de abril de 2008. Principal acusado. Según el juzgado instructor, asumió e impulso el desarrollo del sistema, promovió de manera directa el establecimiento de un procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones, conociendo tanto los mecanismos destinados a ello (transferencias de financiación y modificaciones presupuestarias) como la “falta de un procedimiento dotado de las mínimas y elementales garantías” para el reparto de ayudas y subvenciones.
“Pese a carecer de competencia para ello”, concedió 270 subvenciones a empresas y 617 ayudas sociolaborales, cuyo pago se articulaba a través del Instituto de Fomento de Andaucía (IFA, luego agencia IDEA), siendo “conocedor” de que la ayudas y subvenciones “carecían de un procedimiento administrativo regular que amparase su concesión” y de “una total falta de control de los presupuestos que debían concurrir en el solicitante”. La Fiscalía había pedido 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
Manuel Chaves González. Condenado a 9 años de inhabilitación especial por prevaricación. Presidente de la Junta de Andalucía entre el 27 de julio de 1990 y el 7 de abril de 2009. Como responsable máximo del gobierno de la comunidad, “impulsó la implantación” de dicho procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones “conociendo” las mencionadas presuntas irregularidades. La Fiscalía había pedido 10 años de inhabilitación por prevaricación.
José Antonio Griñán Martínez. Condenado a 6 años y 2 días de prisión, e inhabilitación absoluta durante 15 años y dos días por malversación y prevaricación. Consejero de Economía y Hacienda entre el 24 de abril de 2004 y el 23 de abril de 2009 y presidente de la Junta de Andalucía entre el 23 de abril de 2009 y el 7 de septiembre de 2013. Como responsable de la Consejería de Hacienda, “mantuvo” el procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones. La Fiscalía había pedido para él 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
Gaspar Zarrías Arévalo. Condenado a 9 años de inhabilitación especial por prevaricación. Consejero de Presidencia desde el 17 de abril de 1996 hasta el 24 de abril de 2009. Como responsable del gobierno de la comunidad, “impulsó” igualmente la implantación de este procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones, según las conclusiones a las que llegó el juzgado. La Fiscalía había pedido 10 años de inhabilitación por prevaricación.
José Antonio Viera Chacón. Condenado a 7 años y 1 día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día por malversación y prevaricación. Consejero de Empleo entre el 29 de abril de 2000 y el 25 de abril de 2004, presidente de IFA-IDEA 2003-2004. Como responsable máximo de la Consejería de Empleo, “asumió” el desarrollo del sistema ideado e “impulsó de manera directa la implantación de este procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones”. La Fiscalía había pedido 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
Antonio Fernández García. Condenado a 7 años, 11 meses y un día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 19 años, 6 meses y un día por prevaricación y malversación. Viceconsejero de Empleo entre el 29 de abril de 2000 y el 24 de abril de 2004, consejero de Empleo entre el 25 de abril de 2004 y el 22 de marzo de 2010, presidente del IFA-IDEA entre mayo de 2001 y el 2003. Al igual que los anteriores, “asumió” y “mantuvo” el sistema pese a “conocer” la “falta de un procedimiento dotado de las mínimas y elementales garantías para el reparto de ayudas y subvenciones”. Ha sido el único consejero que pasó unos meses en prisión preventiva. La Fiscalía había pedido 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
Magdalena Álvarez Arza. Condenada a 9 años de inhabilitación especial por prevaricación. Consejera de Economía y Hacienda entre el 2 de agosto de 1994 y el 7 de febrero de 2004. Fue quien “instauró” el procedimiento para lo cual “propuso”, como consejera, y “aprobó”, como miembro del Consejo de Gobierno, las modificaciones presupuestarias relativas al programa 22E y 31L que han sido objeto de juicio. La Fiscalía había pedido 10 años de inhabilitación por prevaricación.
Carmen Aguayo. Condenada a 6 años y 2 días de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días por prevaricación y malversación. Viceconsejera de Hacienda entre el 26 de abril de 2004 y el 24 de abril de 2009 y Consejera de Hacienda entre el 23 de abril de 2009 y el 9 de septiembre de 2013. Según la instrucción, “asumió” el desarrollo del sistema “ideado” e “impulsó de manera directa el mantenimiento del procedimiento para la distribución de ayudas y subvenciones”. La Fiscalía había pedido 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
Francisco Vallejo Serrano. Condenado a 7 años y 1 día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día por prevaricación y malversación. Consejero de Innovación entre el 25 de abril de 2004 y el 24 de abril de 2009, presidente IFA-IDEA en los años 2004 a 2009. De su departamento dependía IFA-IDEA e “impulsó” los anteproyectos de presupuestos de los años 2005 a 2009. Como miembro del Consejo de Gobierno, aprobó dichos proyectos “pese a que en ellos se contenían de manera inadecuada las transferencias de financiación de la Consejería de Empleo hacia IFA-IDEA”. La Fiscalía había pedido 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
Agustín Barberá Salvador. Condenado a 7 años y 1 día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día por prevaricación y malversación. Viceconsejero de Empleo entre el 26 de abril de 2004 y el 30 de abril de 2010. “Asumió” el desarrollo del sistema e “impulsó de manera directa” su “mantenimiento”. La Fiscalía había pedido 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
Jesús Mª. Rodríguez Román. Condenado a 6 años y 2 días de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 15 años y dos días por prevaricación y malversación. Viceconsejero de Innovación entre el 19 de marzo de 2005 y el 1 de abril de 2010 y vicepresidente de IFA-IDEA entre los años 2005 y 2008. Mismas acusaciones que el anterior. La Fiscalía había pedido 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
José Salgueiro Carmona. Condenado a 9 años de inhabilitación especial por prevaricación. Viceconsejero de Hacienda entre 1990 y el 7 de febrero de 2004 y Consejero de Hacienda entre febrero y mayo de 2004. Mismas acusaciones que el anterior. La Fiscalía había pedido 10 años de inhabilitación por prevaricación.
Juan Márquez Contreras. Condenado a 7 años y 1 día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 18 años y un día por prevaricación y malversación. Director General de Trabajo entre el 29 de abril de 2008 y el 6 de abril de 2010. También “asumió” e “impulsó” el desarrollo del sistema, y “promovió de manera directa” su “mantenimiento” para la distribución de ayudas y subvenciones. La Fiscalía había pedido 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
Juan Francisco Sánchez García. Condenado a 9 años de inhabilitación especial por prevaricación y absuelto del delito de malversación. Secretario General Técnico de la Consejería de Empleo del 14 de mayo de 2000 hasta el 2 de mayo de 2004, Secretario General Técnico de la Consejería de Innovación del 2 de mayo de 2004 al 1 de abril de 2010 y Director de Administración y Finanzas IFA-IDEA desde mayo de 2010 al 30 de octubre de 2012. En sus diferentes responsabilidades se le acusa de asumir, impulsar y promover el sistema “opaco”. La Fiscalía había pedido 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
Javier Aguado Hinojal. Condenado a 9 años de inhabilitación especial por prevaricación y absuelto del delito de malversación. Secretario General de Trabajo entre 1994 y el 14 de mayo de 2000 y Secretario General Técnico de la Consejería de Empleo del 2 de mayo de 2004 al 3 de mayo de 2008. Además de similares acusaciones que los anteriores, en 2000 “impulsó la instauración de este sistema” y “participó en la gestión y tramitación de la modificación presupuestaria que se verificó en abril de ese año”. La Fiscalía había pedido 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
Lourdes Medina Varo. Condenada a 8 años, 6 meses y un día de inhabilitación especial por prevaricación y absuelta del delito de malversación. Sectetario General Técnico de Empleo del 3 de mayo de 2008 al 17 de mayo de 2012. Igualmente, “asumió” y “promovió” el sistema. La Fiscalía había pedido 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
Antonio Vicente Lozano Peña. Condenado a 9 años de inhabilitación especial por prevaricación. Director General de Presupuestos del 21 de abril de 2002 al 26 de abril de 2009. En el desempeño de sus competencias fue “asumiendo” el desarrollo del sistema y “promovió” su “mantenimiento”. La Fiscalía había pedido 10 años de inhabilitación por prevaricación.
Manuel Gómez Martínez. Absuelto de ambos delitos, prevaricación y malversación. Interventor General de la Junta de Andalucía entre el 21 de mayo de 2000 y el 15 de abril de 2010. Según el juzgado instuctor, tuvo conocimiento de que se estaban concediendo subvenciones excepcionales por la Consejería de Empleo a través del sistema de transferencias de financiación a IFA-IDEA para que ésta obrase “como mera caja de pagos, eludiendo el preceptivo procedimiento para la concesión de subvenciones y ayudas”, y “omitió la adopción de las medidas para impedir que se mantuviese este sistema en los años sucesivos”. La Fiscalía había pedido 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
Miguel Ángel Serrano Aguilar. Condenado a 6 años y 6 meses y un día de prisión, e inhabilitación absoluta por tiempo de 17 años y un día por malversación y prevaricación. Director General de IFA-IDEA entre junio de 2004 y mayo de 2008. Se le acusa de suscribir 42 convenios “pese a conocer de las irregularidades de las subvenciones y ayudas sociolaborales que se articulaban a través de ello”. La Fiscalía había pedido 8 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
Jacinto Cañete Rolloso. Condenado a 8 años, 6 meses y un día de inhabilitación especial por prevaricación y absuelto del delito de malversación. Director General de IFA-IDEA entre el 14 de mayo de 2008 y el 22 de diciembre de 2009. Se le acusa de suscribir 124 convenios “pese a conocer de las irregularidades de las subvenciones y ayudas sociolaborales que se articulaban a través de ello”. La Fiscalía había pedido 6 años de cárcel y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación.
Francisco del Río Muñoz. Absuelto del delito del prevaricación. Jefe del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía entre los años 2001 y 2008. Según el juzgado, como miembro de los denominados 'consejillos' tuvo conocimiento del convenio marco de 2001, de los procesos de modificación presupuestaria y de los dos proyectos de órdenes y tres de decreto con los que se trató de establecer un régimen para la concesión de ayudas sociolaborales que terminase con la situación creada“, a pesar de lo cual ”no adoptó medida alguna para la modificación del régimen“. La Fiscalía había pedido 10 años de inhabilitación por prevaricación.