El Gobierno de Andalucía ha solicitado dos medidas extremas al Consejo Interterritorial de Salud, presidido por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que se celebrará este miércoles en Sevilla: que autorice a las comunidades autónomas a decidir y gestionar los confinamientos domiciliarios y que adelante el toque de queda a las 20.00 horas. Ambas medidas limitan el derecho de movilidad de los ciudadanos, se escapan a las competencias de los gobiernos regionales y, al menos en el caso de los confinamientos en casas, necesitaría de una reforma del actual estado de alarma, previamente avalada por el Congreso.
La Junta se inclina por confinar en sus domicilios a todos los vecinos de municipios con más de mil contagios por cada 100.000 habitantes, que son 141 en este momento. En estas localidades, el Gobierno andaluz cree haber agotado ya todas las medidas a su alcance que le proporciona el actual estado de alarma para tratar de frenar el avance de la pandemia: las localidades con una ratio de más de 1.000 contagios de Covid-19 sufren ahora las restricciones más duras por parte de la Junta: están cerradas perimetralmente y está suspendida toda la actividad comercial (restauración, tiendas, etc...).
El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, también ha pedido a los vecinos de estos municipios que se queden en sus casas y no salgan a la calle, salvo por causas de fuerza mayor. Andalucía se suma a otras comunidades de distinto signo político que reclaman al Gobierno central una cobertura legal para confinar domicilios y estrechar aún más el toque de queda (ahora mismo empieza a las 22.00 horas y termina a las 6.00 de la mañana). Moreno Bonilla, como el presidente de Castilla y León, son barones regionales del PP y su solicitud invita a pensar que el principal partido de la oposición apoyaría la reforma del estado de alarma en el Congreso para permitir a las comunidades confinar a sus conciudadanos.
El líder nacional del PP, Pablo Casado, no ha confirmado este extremo, de hecho, su formación se abstuvo en la votación del actual estado de alarma, que tiene una duración de seis meses. El ministro Illa cree que el confinamiento domiciliario no es necesario, porque el marco jurídico actual permite a las comunidades tomar medidas igualmente duras que no limitan la libertad de movilidad de los ciudadanos (por ejemplo, clausurar toda la actividad económica). En cambio, Illa sí sopesa permitir un toque de queda más exigente -a las 20.00 horas- si hay consenso o la mayoría de las comunidades lo pide en el Consejo Interterritorial de este miércoles (el consejero andaluz de Salud, Jesús Aguirre, no lo solicitó formalmente en la última reunión).
La situación de la pandemia en Andalucía está desbocada, según admiten ya las propias autoridades sanitarias. En los últimos días, como consecuencia de la relajación de las restricciones en Navidad, se registran entre 4.000 y 5.000 contagios de media, y esto se traduce en una mayor presión hospitalaria y número de fallecidos. Los datos de este martes indican que hay 2.699 hospitalizados, de los cuales 2.319 están en planta y 380 en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). El porcentaje de camas ocupadas del total de centros hospitalarios de la comunidad es del 15,72%, un 21,31% en las UCI (el doble que hace una semana, pero aún por debajo de la media nacional: 18,6% de camas ocupadas en planta y un 32,7% en UCI).
Con estos datos, el Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la activación del llamado Plan 4.500, que moviliza nuevos recursos públicos y privados en previsión de que pronto se alcancen los 4.500 ingresos hospitalarios por Covid-19. Los colegios médicos de Andalucía ya han alertado del riesgo de colapso hospitalario ante el avance acelerado de la pandemia en algunas provincias -todas las capitales, excepto Sevilla y Jaén, estarán cerradas perimetralmente desde este miércoles- y reclaman que se aplique el confinamiento domiciliario como “única forma” de frenar los contagios. Muchos hospitales han empezado ya a aplazar operaciones programadas para centrarse en la llegada constante de pacientes Covid.
El Plan 4.500 devuelve a Andalucía a una situación epidemiológica grave que no se vivía desde la primera ola, que empezó el pasado mes de marzo, en el que toda la población española estaba confinada en sus casas. El consejero de Presidencia, Elías Bendodo, ha explicado que la Junta ampliará en 2.000 el número de camas hospitalarias ordinarias y 1.200 más en UCI. Pero el espacio en dependencias públicas no es suficiente y la Junta volverá a reservar plantas y camas en hoteles y residencias de ocio y tiempo libre para llevar allí a los pacientes que vayan llegando. Se han reservado 5.475 camas en distintos hoteles y residencias de la comunidad, como los hoteles Bellavista y Macarena, de Sevilla, que serán medicalizados. De momento no se habilitará el hospital de campaña que se levantó en Málaga durante la primera ola, porque “la situación aún no lo requiere”, dice Bendodo.
La Junta andaluza ha reunido a su comité de expertos dos veces en menos de una semana para endurecer las restricciones de movilidad y de actividad económica que se levantaron durante el periodo navideño. La comunidad está cerrada perimetralmente, los bares y restaurantes cierran a las seis de la tarde y los comercios a las ocho. No se autorizan reuniones de más de cuatro personas y el toque de queda está fijado casi en la horquilla máxima que permite el Gobierno central: entre las 22.00 y las 6.00 horas (el estado de alarma permite hasta las 7.00 horas). Desde este miércoles, quedarán cerradas perimetralmente seis de las ocho capitales de provincia y más de 380 municipios con más de 500 contagios por cada 100.000 habitantes. En este grupo están los 141 que tienen una tasa de 1.000 contagios, y donde está suspendida toda la actividad comercial.