Andalucía ultima una reforma de su Ley de Salud en 24 horas para avalar los cierres perimetrales a partir de los mil contagios

El Gobierno andaluz de PP y Ciudadanos tantea a los grupos de la oposición para intentar pactar “con urgencia y por lectura única” una “mínima reforma legal” de la Ley andaluza de Salud Pública, de 2011, para legitimar un cierre perimetral en municipios con alta incidencia de contagios durante un máximo de 15 días. El umbral que ha fijado la Junta para ordenar un confinamiento, tras el fin del estado de alarma, es de mil contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días.

El texto propuesto de la reforma legal, al que ha tenido acceso este periódico, también abre la puerta a validar los cierres perimetrales con una tasa de incidencia acumulada menor, pero sin especificar -el límite de riesgo máximo son 250 casos por cada 100.000 habitantes-. “En aquellos ámbitos territoriales que superen la tasa de incidencia que determine el Consejo de Alertas de Salud Pública de Alto Impacto de la Junta sobre la base de informes epidemiológicos, determinándose con precisión mediante Orden del consejero de Salud su concreto alcance y extensión, debiendo ser sometida a ratificación judicial en estos casos”, reza el documento.

El consejero de Salud, Jesús Aguirre, telefoneó ayer martes a los portavoces de todos los grupos para pedirles su apoyo unánime, requisito necesario para que la reforma legal salga adelante en el Pleno de mañana jueves en el Parlamento. La propuesta, formulada por el PP andaluz, cuenta a priori con el visto bueno del PSOE, de Cs y Adelante Andalucía, pero no con el de su socio preferente, Vox, que hoy mismo ha anunciado que recurrirá a los tribunales cualquier medida de la Junta que suponga una restricción de los derechos fundamentales. Sin el respaldo de la extrema derecha, este cambio legal no saldría adelante de forma inminente, en 24 horas, y tendría que esperar al próximo Pleno, dentro de 15 días, para tratar de convencer a Vox de que se sumase.

El partido de Santiago Abascal es determinante en su rechazo, de modo que la reforma seguirá una tramitación por la vía de urgencia (sólo se necesita el voto de la mayoría) y no entrará en vigor antes de tres meses aproximadamente. Las fuerzas de izquierdas -PSOE y Adelante- ven con buenos ojos la adaptación a la pandemia actual de la Ley andaluza de Salud Pública, pero afean a la Junta que haya esperado a que decaiga el estado de alerta para “ejercer de forma precipitada y a destiempo sus competencias” en materia de sanidad.

La idea de Aguirre, según ha explicado el portavoz del PP en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto, es dotarse “antes de julio” de una herramienta jurídica de rango autonómico para resolver la disparidad jurídica con la que los tribunales están respondiendo a las restricciones ordenadas por la Junta que chocan con los derechos fundamentales de los ciudadanos (cierres perimetrales y toques de queda). La modificación legal tiene un artículo único, que dice así: “En situaciones de pandemia o epidemia declaradas por las autoridades competentes en el marco de la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública y demás normas concordantes, las autoridades sanitarias podrán adoptar en ámbitos territoriales determinados medidas tendentes a controlar o limitar las entradas y salidas de personas de la zona afectada o amenazada y controlar o limitar el movimiento de personas dentro de dicha zona, con afectación al derecho a la libre circulación y deambulación por vías públicas,  o al derecho de reunión, condicionando su ejercicio tanto en lugares determinados como en el número de personas, siempre que la valoración del riesgo sanitario derivado de los indicadores o criterios sanitarios, de salud pública o epidemiológicos justifique la adopción, con carácter urgente y necesario, de estas medidas de salud pública”.

La norma, no obstante, permite desplazamientos excepcionales para personas residentes en los municipios perimetrados para asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios; cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales o empresariales; retorno al lugar de residencia; asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables; asistencia del alumnado a centros educativos de cualquier nivel y etapa de enseñanza y causa de fuerza mayor o situación de necesidad“.

Tras el fin del estado de alarma, el pasado 9 de mayo, las comunidades se amparan en la Ley Orgánica de Salud Pública, de 1986, y de sus desarrollos normativos autonómicos para pedir a sus tribunales de justicia permiso para cerrar municipios con repuntes de contagios de Covid-19. Esta situación ha provocado cierto caos jurídico, con tribunales superiores tumbando medidas en unas regiones y aceptándolas en otros. 

Incluso en Andalucía, una sala del TSJA ha rechazado el cierre perimetral de Montefrío, en Granada, con una incidencia de 2.000 contagios, y otra sala del TSJA ha avalado la misma medida para dos pueblos de Cádiz y otro de Córdoba con una tasa de infectados menor. “Necesitamos una mínima reforma legal imprescindible para resolver ese problema concreto”, ha dicho Nieto, advirtiendo de que los meses de verano podrían multiplicar los casos de contagios en municipios costeros con mayor concentración de personas.

La propuesta del PP al resto de grupos tiene un recorrido incierto, porque Vox ya ha adelantado que va a recurrir todas las medidas que apruebe la Junta que supongan una restricción de derechos fundamentales. El partido de extrema derecha que sostiene al Gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla siempre ha sido muy crítico con las medidas de seguridad aprobadas por la Junta, sobre todo aquellas que limitaban los horarios de la hostelería y el comercio. Vox acaba de estrenar nuevo portavoz parlamentario, Manuel Gavira, y con él un discurso más duro e incómodo para el Ejecutivo andaluz de PP y Cs.

El portavoz del PSOE en la Cámara, José Fiscal, ha adelantado su voto favorable a tramitar esta reforma legal por la vía de urgencia y por lectura única en el próximo Pleno, pero matiza que también tiene “serias dudas sobre su contenido”. El texto legal que se incluiría en la norma andaluza habla específicamente de la pandemia del coronavirus y el umbral de los mil contagios por municipio, y los socialistas creen que deberían usarse términos más genéricos, para que esta reforma sirva en el futuro (por ejemplo, con un brote de Évola, ha dicho el portavoz socialista).

Con todo, Fiscal ha sido muy crítico con las formas: “Si se sabía hace seis meses que el estado de alarma iba a decaer, ¿por qué se ha esperado al último momento para plantear una reforma de la Ley andaluza de Salud Pública. ¿Esto es improvisar o no tener ni idea de cómo afrontar una situación tan compleja?”, ha dicho, tras subrayar que esto demuestra que la Junta “sí tiene herramientas jurídicas para encarar la pandemia”.

La diputada de Adelante Andalucía, Ana Naranjo, ha asegurado que su grupo apoyará las medidas de seguridad necesarias para controlar la pandemia y dotar de garantía jurídica a las decisiones de la Junta.