Andalucía vuelve a vincular migraciones y seguridad en su reestructuración de competencias pese a la queja de asociaciones y sindicatos

Las competencias en políticas migratorias vuelven a residir en el departamento vinculado a la seguridad y al ámbito policial como es la Consejería de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, dirigida por Elías Bendodo (PP), según ha aprobado este martes el Consejo de Gobierno, entre otros cambios en la estructura orgánica del Gobierno andaluz. Pese a que el artículo 62.1.a) del Estatuto de Autonomía para Andalucía señala que corresponden a la comunidad autónoma las políticas de integración y participación social, económica y cultural de los inmigrantes, la Junta de Andalucía ha optado por remodelar algunas de sus estructuras y por sacar las competencias relativas a los inmigrantes de la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local para devolverlas a Interior, alejándose de lo planteado por el Gobierno central, que a primeros de año creó el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sindicatos y asociaciones habían advertido hace unas semanas que asociar la inmigración con el departamento de Interior “marcaría una tendencia clara hacia un modelo de política migratoria autonómica más enfocada hacia la seguridad y el control” y que ello podría conllevar “perder la centralidad, la integración, la convivencia y la cohesión social como pilares fundamentales que sustenten la política migratoria de Andalucía”.

En todo caso, no es la primera vez que las políticas migratorias bailan en el organigrama de la Junta. En mayo de 2012, en plena reducción de departamentos en la Junta, la entonces nueva Consejería de Justicia e Interior asumió todo el área judicial de la extinta Consejería de Gobernación junto a las competencias en coordinación de políticas migratorias, hasta entonces en la Consejería de Empleo. Anteriormente, en mayo de 2009, Gobernación había trasladado a Empleo esas políticas. Por aquel tiempo, Empleo coordinó durante tres años las funciones de impulso y coordinación de las políticas públicas de las distintas consejerías en atención a “las consecuencias sociales de la realidad migratoria”, las actuaciones que al respecto se abordaran “en los ámbitos sanitario, social, cultural, educativo y en cualquier otro ámbito de intervención sobre la realidad migratoria”, así como la coordinación de las actuaciones y las relaciones con otras administraciones públicas en lo referente a la incidencia de la realidad migratoria, entre otras cuestiones.

Ese parecer ser el modelo que piden diversas asociaciones y entidades que trabajan con la población inmigrante para primar la dimensión social y de ciudadanía de las políticas migratorias. Ya a primeros del pasado mes de agosto, CCOO, UGT, CEAR, Andalucía Acoge, Accem, Claver, Cepaim y Codenaf emitieron un comunicado conjunto ante los entonces rumores del posible traspaso de competencias en materia migratoria, algo que el vicepresidente, Juan Marín, terminaría de confirmar el pasado 28 de agosto. Pese a que la Junta se encuentra desde hace meses rediseñando su plan integral de inmigración, la cuestión no habría terminado de solventarse antes del nuevo cambio de ubicación de las competencias.

Los 52.000 “ilegales” de Vox

Por otro lado, la preocupación de Vox por la “seguridad ciudadana” ante la presencia de migrantes a la costa andaluza y las constantes alusiones a la “inmigración irregular” ha sido explotada por la extrema derecha durante este primer año y medio de Gobierno PP-Ciudadanos, también relativa a los menores no acompañados y a una falsa delincuencia como apoyo a sus argumentos. Cabe recordar que Vox tardó cinco minutos en pedir a la nueva Junta, mientras tomaba posesión el 22 de enero de 2019, que colaborara en la deportación de 52.000 “inmigrantes ilegales”, una cuestión que fue avanzando con el paso de los meses.

Finalmente, la decisión del cambio competencial ha llevado la cuestión migratoria al departamento de Interior pese a que, como arguyen las asociaciones citadas, las personas de origen migrante que residen en Andalucía suponen en torno al 10% de la población andaluza y son “parte estructural de su ciudadanía”. “Las políticas autonómicas necesitan enfocarse a la normalización de la inclusión de las personas migrantes y garantizar la convivencia. Vincular migraciones y seguridad en la gestión autonómica incidiría en avivar los discursos que criminalizan a las personas migrantes, que están siendo foco de ataques indiscriminados y un creciente aumento del racismo y la xenofobia por parte de quienes construyen discursos de odio y división social”, argumentan.

“Los cambios en el Gobierno andaluz obedecen a un reajuste de competencias, para adaptar el funcionamiento del Ejecutivo autonómico a las necesidades reales de Andalucía y sus habitantes”, ha dicho la Junta este martes en líneas generales, que en lo relativo a Presidencia ha dicho escuetamente que “se incorpora a la Consejería la Dirección General de Políticas Migratorias”. Según fuentes de Presidencia, tanto el suyo como el resto de decretos deben aún publicarse en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), sin que haya fecha prevista para ello.

“Que no exista ciudadanía de segunda”

A José Miguel Morales, secretario general de Andalucía Acoge, le preocupa “que se confunda lo que es competencia de la Junta de Andalucía, que es la ciudadanía y la inclusión de personas migrantes, con una visión basada en la criminalización de las migraciones por esas competencias de seguridad que no tienen nada que ver con migraciones , porque quienes tiene la potestad en políticas de fronteras es exclusivamente el Ministerio del Interior”. Morales espera “que el traspaso a Presidencia sirva en todo caso para hacer todavía más transversal las políticas migratorias y asegurar el acceso a la ciudadanía y que no exista ciudadanía de segunda en Andalucía”.

A juicio de estos sindicatos y asociaciones, según manifestaron en la nota de prensa conjunta, “para garantizar el interés general, la gestión positiva de la diversidad cultural, la convivencia, la interculturalidad, la mirada a la inmigración como fuente de desarrollo social, cultural y económico para nuestra comunidad autónoma, la igualdad, la inclusión y la necesaria cohesión social, las políticas migratorias de Andalucía deben focalizarse, planificarse e implementarse en el ámbito de la igualdad de oportunidades, el empleo, la educación inclusiva, la sanidad comunitaria, el acceso a unos servicios sociales universales, la vivienda, la erradicación de los asentamientos chabolistas, las relaciones vecinales o la construcción de la convivencia intercultural, derribando las fronteras interiores que se están creando entre población inmigrante y autóctona, siendo éstas el germen del racismo y la xenofobia que debemos abordar desde la sensibilización social”.

Las entidades sociales y sindicales solicitan “una política migratoria que apueste por la integración, contando con el liderazgo del Gobierno autonómico, armonizada con las políticas estatales y europeas e implementada en contacto directo y cooperación continua con las administraciones locales, que son las que desarrollan las políticas más cercanas a la ciudadanía, a la vez que con las organizaciones sociales y sindicales”. También consideran “importante” que “es el Gobierno del Estado quien tiene asignadas las responsabilidades en materia de control de fronteras, unas responsabilidades que el Ministerio del Interior viene ejerciendo con significativa contundencia en la Frontera Sur”.