Las asesoras de Juana Rivas niegan ante la jueza que le incitaran a huir con sus hijos

La asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer de Maracena (Granada), Francisca Granados, y la psicóloga del mismo, Teresa Sanz, han negado este miércoles su participación en la huida de Juana Rivas. Ambas se han acogido a su derecho a no declarar “en base al secreto profesional”, pero han rechazado que participaran en el presunto delito de sustracción de menores del que se acusa a la mujer.

Ambas estaban citadas a declarar en calidad de investigadas en el Juzgado de Instrucción nº2 de Granada, que instruye la causa penal contra Rivas. El pasado lunes entregó a los dos menores a la Guardia Civil, con los que huyó el pasado 26 de julio para evitar cumplir la sentencia civil que ordenaba la restitución inmediata al padre, condenado por un delito de lesiones en 2009.

Ello motivó una denuncia del progenitor y activó la maquinaria penal que la investiga por presunta desobediencia ante la autoridad judicial y sustracción de menores. La jueza había imputado a las dos asesoras “ante su presunta intervención bien como inductoras, bien como partícipes necesarios en los delitos de sustracción de menores”.

Tras permanecer unos 15 minutos en sede judicial, han hecho declaraciones a los periodistas para afirmar que han expuesto a la juez “de manera rotunda y clarísima que jamás, jamás, en ningún caso, hemos inducido, apoyado o cooperado en la comisión de ningún delito, ni de sustracción de menores ni de nada”. Lo han hecho entre numerosas muestras de apoyo, a las que se ha sumado el alcalde de la localidad, Noel López (PSOE) y varios de sus concejales concentrados a las puertas de los juzgados de Caleta.

Decenas de miembros de asociaciones de mujeres y trabajadoras de otros centros municipales de la mujer granadinos han acompañado a las funcionarias a su llegada, con consignas como “Ninguna agresión sin respuesta”, “Si tocan a Paqui, nos tocan a todas” o “Todas somos psicólogas”.

Francisca Granados se ha presentado siempre como asesora legal y portavoz de Juana y ha aparecido con frecuencia en los medios de comunicación. El Consejo General de la Abogacía Española emitió hace unos días un comunicado para aclarar que no está colegiada como abogada, por lo que “no está legitimada para ser su defensa”. Poco después, el Ayuntamiento de Maracena defendió públicamente a Granados y la definió como “profesional rigurosa y comprometida” tras hacer un recorrido por su trayectoria profesional.

Los familiares imputados

El Juzgado de Instrucción nº de Granada también ha imputado a los familiares de hasta el 2º grado de consanguinidad de Juana, que están citados en el juzgado este jueves “por su presunta intervención en el delito”, según el auto dictado el pasado viernes.

En él, la magistrada daba un ultimátum a la mujer y fijaba las 17.00 horas del lunes como la hora límite para entregar a los dos menores a su padre en un Punto de Encuentro Familiar. Juana no agotó el tiempo y se presentó en la Comandancia de la Guardia Civil sobre las 11.00 de la mañana. Horas después el padre, Francesco Arcuri, acudía para llevarse a sus dos hijos.

El juzgado se encarga de la causa penal después de que un juzgado de guardia se inhibiera a su favor después de que Rivas se presentara para comparecer en calidad de detenida –sobre ella pesaba una orden de detención– tras casi un mes en paradero desconocido. El juez decretó libertad provisional para la mujer en contra del criterio de la Fiscalía, que pedía prisión provisional. El Ministerio Público ha retirado ahora este recurso tras entregar a los niños.