La jueza imputa a las asesoras y a varios familiares de Juana Rivas
El Juzgado de Instrucción nº2 de Granada, que lleva la causa penal contra Juana Rivas por delitos de sustracción de menores y desobediencia a la autoridad judicial, ha citado como imputadas a varias personas de su entorno. La jueza llama a declarar como investigadas a Francisca Granados, asesora legal de Juana, la psicóloga Teresa Sanz y los familiares de hasta el 2º grado de consanguinidad.
Así lo indica la magistrada en el auto fechado el 24 de agosto, en el que vuelve a citar a esta madre para que entregue el próximo lunes a sus dos hijos al padre, condenado por un delito de lesiones en 2009. Fija la entrega de los niños, de tres y once años, a las 17.00 horas del día 28 de agosto, en el Punto de Encuentro Familiar de Granada, el mismo lugar en el que había sido requerida para entregarlos el pasado 26 de julio, cuando huyó incumpliendo la orden judicial.
Hasta ahora, las amenazas solo habían dirigido contra Juana Rivas, pero ahora la jueza cita a las asesoras el próximo 30 de agosto para comparecer en el juzgado “ante su presunta intervención bien como inductoras, bien como partícipes necesarios en los delitos de sustracción de menores”. A los familiares les cita un día después “por su presunta intervención en el delito”, reza el auto.
Teresa Sanz es la psicóloga del Centro de la Mujer de Maracena (Granada) y Francisca Granados, directora del mismo, se ha presentado siempre como asesora legal y portavoz de Juana. El Consejo General de la Abogacía Española emitió hace unos días un comunicado para aclarar que no está colegiada como abogada, por lo que “no está legitimada para ser su defensa”. Poco después, el Ayuntamiento de Maracena defendió públicamente a Granados y la definió como “profesional rigurosa y comprometida” tras hacer un recorrido por su trayectoria profesional.
La jueza toma la decisión de la imputación en base al informe emitido por el Ministerio Fiscal, que ya pidió prisión provisional para Juana el pasado martes. La Fiscalía pide que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “se persone en el domicilio” para “requerir la entrega inmediata de los menores” y solicita la imputación de las asesoras y los familiares hasta el 2º grado, entre los que se encuentran padres, hijos, nietos, hermanos y abuelos.
Sin embargo, la magistrada no detalla con nombres y apellidos quiénes son ni especifica que si se refiere solo a los mayores de edad.
El auto, contra el que cabe recurso, advierte de que, en caso de que no se acate lo ordenado por parte de Juana Rivas, se adoptarán “las medidas cautelares que, vista la gravedad de los hechos investigados, se requieran”.
La jueza hace un recorrido por el periplo judicial en el que se ha convertido el caso de esta mujer, que lleva nueve meses de batalla en los tribunales para evitar que sus hijos regresen a Italia, tal y como obliga la sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº3 de Granada, ratificada por la Audiencia Provincial de Granada. El Tribunal Constitucional ha inadmitido en dos ocasiones los recursos de amparo presentados por la defensa de Juana.
La mujer se presentó el pasado 22 de agosto ante los juzgados de guardia de Granada y en calidad de detenida –sobre ella pesaba una orden de detención por huir– prestó declaración ante el juez. Pocas horas después dictó libertad provisional contradiciendo el criterio de la Fiscalía, que pedía prisión provisional.
La decisión del juez, sin embargo, no implicaba que Juana ya no se viera obligada a devolver a sus hijos a Italia. De hecho, hay una sentencia firme que dicta la restitución. El fallo, que pertenece al ámbito civil, es independiente a la investigación que recae sobre la mujer por presunto delito de desobediencia a la autoridad judicial y sustracción de menores. Algo que pertenece al ámbito penal y que se activó tras la denuncia del padre de los niños después de que Juana no se presentara en el juzgado.
