La inclusión de laborales del SAE provoca la derogación del Decreto-Ley para desarrollar los planes de empleo

La inclusión de personal laboral del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la prestación de servicios y desarrollo de programas de empleo de la Junta ha provocado la derogación del Decreto-Ley que había aprobado la Junta para flexibilizar las condiciones para que los ayuntamientos andaluces pudieran participar en los planes Emple@Joven, @mprende+ y Emple@30+. Se trata del segundo Decreto-Ley derogado en lo que va de legislatura después de que el pasado 23 de septiembre la Cámara rechazara también convalidar el que reconocía a los funcionarios de la administración autonómica los servicios previos como personal interino para computar la antigüedad en los concursos de traslado y promoción interna.

En esta ocasión, con los 51 votos en contra de la convalidación por parte de PP, Podemos e IU (el PSOE votó a favor -47-  y Ciudadanos se ha abstenido -9-), ha quedado derogado el decreto ley aprobado el pasado 15 de marzo en Consejo de Gobierno y que modificaba la Ley 2/2015 de medidas urgentes “para favorecer la inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el fomento del trabajo autónomo”. Los grupos, que habían planteado sus dudas en sus comparecencias públicas de la mañana ante la prensa, al final han rechazado la convalidación de la norma, principalmente por la presencia de una Disposición Adicional Primera en la que se le dan funciones al personal laboral del SAE incorporado básicamente a golpe de sentencia y que ha hecho que este organismo no sólo tenga trabajadores regulados por hasta 13 convenios colectivos diferentes sino que haya más de 1.200 aún sin tarea asignada hasta la fecha.

El eje fundamental del Decreto-Ley ahora derogado, que era flexibilizar las condiciones para que los ayuntamientos de Andalucía pudieran participar en los planes de empleo de la Junta, ha pasado casi desapercibido en el debate parlamentario ya que los grupos han lamentado este hecho a pesar de que el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, que ha expuesto la posición del Gobierno andaluz, haya defendido que la incorporación del personal laboral del SAE “no invade las potestades públicas de los empleados públicos”, abogando por sacar adelante la medida de fondo para agilizar los mecanismos para el desarrollo de los planes.

José Antonio Castro (IU) había pedido la retirada de un Decreto-Ley que ha calificado como “un auténtico truño”, como “una puñalada trapera en toda regla”, y que le ha generado a su grupo una “tremenda decepción”, preguntando al consejero “por qué se cargan el decreto con la Disposición Adicional Primera sobre la participación del personal laboral”. En esa línea, ha lamentado que la redefinición del SAE se haga “con verruguitas de parte” y ha señalado que “no es de recibo” plantear un “chantaje ayuntamientos-empleo frente a los laborales del SAE”.

Podemos advierte de nuevas exoneraciones

Ciudadanos, que descubría antes de la votación que no iban a apoyar la convalidación en las circunstancias en que había sido presentado, señaló, como su portavoz adjunto durante la mañana, que la Junta no había jugado limpio“ y consideró que ”las cosas no se pueden hacer tan mal“. ”Les importan muy poco los desempleados de Andalucía. ¿Con está gestión quieren gestionar el SAE con un millón de parados?“, se ha preguntado Carlos Hernández White, pidiendo ”seriedad“ en ese sentido a la Junta.

El portavoz de Podemos Jesús Romero ha criticado el “abuso” de la utilización del Decreto-Ley por parte de la Junta, “en beneficio propio y no en el interés público”, augurando “exceptuaciones y exoneraciones” al ser otra “puerta abierta al fraude y a que se pierdan fondos públicos”, con la aprobación de medidas “para seguir dilatando una solución para los entes locales, damnificados de estos procesos”, incluidas “inseguridades jurídicas” en el Decreto-Ley.

Sobre la Disposición Adicional que ha centrado la atención del debate, el portavoz de Podemos ha dicho que “no tiene nada que ver con el objeto del Decreto-Ley” y ha lamentado, como ha hecho algún que otro grupo, que no se le haya enseñado “a nadie” (agentes sociales, sindicatos, etc.), calificando de “atajo” para dar salidad a “funcionarios sin función.

El PP ha preguntado al consejero, en la línea de otros grupos, “por qué se han querido cargar los planes de empleo” y ha criticado que “esa forma de mangonear, que no de gestionar, ya se ha acabado”, tachando de “falta de respeto” al Parlamento el “burdo intento de trampear” con la participación del personal laboral en la prestación de servicios. “Han tirado por tierra todo el esfuerzo” en la elaboración de la ley, que data de 2015, y “han preparado un paquete de lentejas, de o lo tomas o lo dejas”.

El representante popular, Miguel Ángel Torrico, ha ironizado con que el Consejo de Gobierno se le diría al consejero “venga, Pepín, tírale a ver si cuela”. “¿Usted cree que pueden meter a los de la Faffe en una ley de fomento del empleo?”. El PP viene sosteniendo que 1.118 trabajadores de la Faffe entraron como personal laboral fijo a la Junta sin concurso de méritos, y que hasta ahora no tenían asignados trabajos concretos, pasarán a gestionar el desarrollo de los programas de empleo del SAE.

Frente a los grupos de la oposición, la parlamentaria socialista Noelia Ruiz ha defendido los planes de empleo vinculados a este decreto y ha aseverado que el mismo “limita las funciones” para el personal laboral y en ningún caso “invaden las potestades públicas reservadas para los funcionarios”. En esa línea, ha manifestado que este decreto constituye “una defensa de lo público”.