La juez de Sevilla que investiga la adjudicación a la agrupación empresarial México-Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar, en detrimento de Emerita Resources España, ha rechazado por ahora la petición realizada por Ecologistas en Acción para que imputara en la causa a tres miembros de la mesa de contratación.
En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que la magistrada de Instrucción número 3 de Sevilla ha dictado un auto en el que rechaza imputar por ahora a estos tres miembros de la mesa de contratación puesto que tiene pendiente de tomar declaración a cuatro de los imputados en la causa, que comparecerán en el Juzgado este mismo viernes.
En su escrito, la organización ecologista, personada como acusación particular en la causa, pedía a la juez que imputara al jefe de departamento de Ordenación Minera de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, Juan Manuel Revilla; al jefe del Servicio de Minas, Iván Maldonado, y al secretario general de la Delegación territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio en Sevilla, Salvador Camacho.
Ecologistas aludía a una declaración por escrito firmada por seis miembros de la mesa de contratación --tres de ellos ya imputados-- en el que “se reflejan muy fuertes contradicciones en los hechos” con respecto a las declaraciones realizadas por la trabajadora de Invercaria Pilar Trujillano en relación a su participación respecto a la acreditación de la solvencia económica de México-Minorbis.
Por ello, la organización ecologista consideraba “necesaria” la citación como imputados de estos tres miembros de la mesa, firmantes del escrito, “con objeto de que declaren sobre el contenido de ese escrito, así como de toda su participación como miembros de la mesa de contratación”.
Este escrito fue presentado el mismo día en que la juez tomó declaración a tres de los siete imputados en la causa, como son la ex directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta María José Asensio Coto, la letrada de la Junta de Andalucía Pastora Sánchez de la Cuesta y el interventor delegado en la Consejería de Hacienda y Administración Pública José Marcos.
En este sentido, el representante ecologista Isidoro Albarreal justificó en declaraciones a los periodistas la petición de que se imputara a estos tres miembros de la mesa alegando que, en el escrito aludido, “descargaron toda la culpa de manera absolutamente vergonzosa y cobarde sobre una persona que pasaba por allí, que es Pilar Trujillano”, algo que “nos parece gravísimo”.
Además, “nos parece absolutamente increíble y vergonzoso que el objeto del concurso era decidir qué empresa iba a realizar la reapertura de la mina, y a día de hoy ni siquiera eso esté clarificado”, añadiendo que “detrás de todo esto lo que hay por parte de la Junta es un intento de manipular la necesidad de trabajo que hay en Aznalcóllar”.
Y ello “nos parece muy grave y ruin”, aseveró Albarreal, quien lamentó que se esté hablando “constantemente” de que “se va a abrir un proyecto, cuando saben que eso es imposible hoy por hoy y menos en los tiempos que están diciendo”. “Aunque este procedimiento siguiera para adelante como está ahora”, su tramitación necesitaría “un mínimo de dos o tres años”, explicó.
De otro lado, la juez ha admitido la personación en la causa del sindicato Manos Limpias.