La jueza archiva el grueso de la denuncia de la empresa perdedora del concurso de Aznalcóllar
La jueza de Aznalcóllar que investiga la adjudicación a la agrupación empresarial México Minorbis de los derechos de explotación del yacimiento minero de Aznalcóllar ha archivado la mayor parte de las denuncias de la empresa perdedora del concurso Emerita-Forbes Manhattan en la pieza separada que había abierto por un presunto tráfico de influencia en favor del grupo andaluz de empresas Magtel, que participa de la adjudicataria del concurso.
El juzgado, que a finales de mayo abrió una pieza separada contra Magtel, acuerda mantener abierta exclusivamente en este caso la investigación para determinar la relación entre Magtel y Andres Luque, delegado de Empleo de la Junta en Córdoba hasta 2011, tres años antes de convocarse el concurso internacional de Aznalcóllar.
En este sentido, la jueza se apoya principalmente en un reciente informe de la Fiscalía de Sevilla que señalaba que la investigación sobre Magtel no resultaba legítima en la práctica totalidad de los hechos denunciados. Así, la jueza ha decretado el sobreseimiento de hasta media docena de presuntas irregularidades denunciadas por Emerita y advirtiendo que la relación entre Magtel y Fisur “es el único hecho concreto respecto del que además se aportan elementos que en principio son indicativos de infracción delictiva --prevaricación y/o cohecho--”. La empresa perdedora del concurso planteó que las empresas relacionadas con Magtel “se habrían venido beneficiando de un trato de favor por parte de la Junta”.
La instructora explica que, “vistos los términos del informe de la Fiscalía, y sin perjuicio de que otros aspectos objetos de denuncia puedan ser objeto de una investigación propia de aportar en un futuro nuevos datos que así lo justifiquen, procede a día de hoy ceñir la presente investigación a las relaciones existente entre Magtel y Andrés Luque, decretando entretanto el sobreseimiento respecto de los restantes aspectos”.
En este sentido, el Ministerio Público expuso en su momento que, en la denuncia de Emerita, existía “una falta de identificación de los altos cargos del PSOE y de la Consejería de Industria que hoy trabajan para Magtel y que supuestamente beneficiaron al mismo de forma delictiva durante el tiempo en el que desempeñaron sus cargos públicos”, aludiendo además a la “falta de un relato pormenorizado acerca de las presuntas irregularidades que se cometieron y por quien en la concesión de ayudas públicas a compañías del Grupo Magtel y respecto de las cuales se facilita un listado o una fotocopia del correspondiente Boletín Oficial”.
Según la Fiscalía, no había una concreción “de la identidad del funcionario público ante el que presuntamente intercedió” el exdirector de IDEA Jacinto Cañete “para obtener la pronta devolución de la cantidad debida por la Junta al propietario de la planta fotovoltaica 'Las Castilleja', y de lo que este supuestamente exigió a cambio”, ya que “solo se relata lo que al parecer dicho señor pidió a Magtel por su labor de intermediación”.
El informe del fiscal, que concluía que varios factores impedían “la apertura legítima de una instrucción penal” como pidió Emerita, argumentaba que esta empresa no explicaba la forma de actuar de los administradores de Magtel Comunicaciones Avanzadas “para realizar ampliaciones de capital ficticias y poder disponer del préstamo concedido por Soprea”. En esa línea, el fiscal lamentaba que no se detallaba “la cuantía, fecha, beneficiario y Administración que otorgó las subvenciones que no se destinaron supuestamente al fin para el que se concedieron”.
La investigación sobre un exdelegado de Empleo sigue adelante
La jueza, en el mismo auto, ha ordenado al Grupo de Medios de Pagos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que investigue los trabajos de asesoramiento que la empresa del exdelegado de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Córdoba Andrés Luque García habría realizado para el grupo andaluz Magtel, que es miembro de dicha agrupación empresarial.
En el auto, fechado este 23 de junio, pide a la UDEF que “realice las comprobaciones necesarias” y averigüe “los trabajos de asesoramiento que, efectivamente, se hubieran realizado” para Magtel por Fisur, de la que es administrador Andrés Luque, exdelegado de Empleo y de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta en Córdoba hasta 2011 y también exdirector general de Innovación e Industrias Culturales de la Consejería del ramo.
La jueza ordena investigar si dicha entidad, en relación a Fisur, “cuenta con los medios personales y materiales precisos para la elaboración de trabajos por los importes, respectivamente, facturados”, y, “en definitiva, en qué han consistido los servicios de asesoramiento en materia de expansión internacional y planes estratégicos que se describieron como objeto del contrato firmado a fecha 1 de noviembre de 2011”.
Emerita Resources había denunciado que “los honorarios que constan abonados fueron en realidad una retribución por servicios presuntamente prestados por Andrés Luque García mientras que ostentó cargos públicos y vinculados por tanto a la percepción de subvenciones que antes se han descrito”, según recuerda la jueza en este auto, en el que, por otra parte, tiene por personado en la causa al mencionado grupo Magtel porque dicha personación “puede facilitar la colaboración de la entidad con la investigación en curso, a fin de acreditar los extremos” referidos.
