La Fiscalía Europea no investigará si explotaciones agrícolas están cobrando ayudas de la PAC por terrenos de dominio público en La Janda

La Fiscalía Europea no va a investigar las posibles irregularidades cometidas en el cobro de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) por parte de empresas que explotan terrenos de titularidad pública en la antigua laguna de La Janda, en Cádiz. La denuncia, formulada en su día por Ecologistas en Acción, fue archivada por la Fiscalía Europea el pasado 8 de octubre. Entiende que los hechos que relataban los ecologistas no entran en su “ámbito de competencia”. No obstante, el Decreto de archivo también señala que en la denuncia “se exponen hechos que pudieran ser constitutivos de delito”.  

La denuncia advierte de que podrían estar cobrándose ayudas europeas por terrenos de dominio público. En el caso de La Janda, se trata de 6.165 hectáreas que, pese a haber revertido al dominio público tras su concesión en los 60 y haber sido deslindadas en firme, siguen ocupadas por titulares privados, que tienen en ellas provechosas instalaciones agrícolas de regadío. Esto les permite cobrar cuantiosas ayudas públicas.

Por ejemplo, Complejo Agrícola, S.L., titular de la explotación Las Lomas [una exitosa e innovadora finca de producción agrícola con más de 12.000 hectáreas, de las que unas 3000 serían de dominio público], recibió más de dos millones de euros de pago básico de la PAC en 2020. Nadie recibió más en toda España por este concepto. En total, solo ese año recibió 4.460.000 euros de ayudas públicas comunitarias (4.441.000 en 2019), según los datos públicos del Fondo Español de Garantía Agraria. Esta empresa es la gran propietaria de estos terrenos, si bien hay otras con superficies inferiores, que también fueron denunciadas.

Ecologistas en Acción pretendía que la Fiscalía Europea investigara si hay fraude en la percepción por parte de estos propietarios privados de fondos europeos, y para ello aportó la documentación administrativa que corrobora que en La Janda hay terrenos de dominio público. Además, presentó denuncia ante Hacienda y una queja en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo.

La fiscal europea delegada rechaza el asunto porque entiende que no le compete. La ley orgánica que regula sus funciones, en vigor desde el pasado 3 de julio, dispone que los fiscales delegados europeos son competentes para investigar y ejercer la acción penal contra los autores de delitos “que perjudiquen los intereses financieros de la Unión Europea” y, en particular, para investigar delitos como la “defraudación de subvenciones y ayudas europeas”. En este caso, decidió archivar el asunto y, según lo previsto para estos supuestos, derivarlo a la Fiscalía General del Estado.

Un deslinde confirmado por el Tribunal Supremo

La Laguna de la Janda, uno de los humedales más importantes de Europa, empezó a ser desecada en la primera mitad del siglo XX. En los años 60, el franquismo entregó parte del terreno a los promotores de una gran obra de desecación, algunos de ellos significadas familias identificadas con el régimen. El objetivo era que realizasen la obra a sus expensas y se quedasen los terrenos para su explotación.

Sin embargo, aquella gran obra no se culminó y, teóricamente, el Estado revertió la concesión y recuperó los terrenos para el dominio público, una vez que el Tribunal Supremo, en 1967, realizó el deslinde definitivo de qué superficie era dominio público y qué era terreno privado. El Estado pagó indemnizaciones a los privados por las escasas obras que se habían hecho y recuperó, en teoría, los terrenos. Sin embargo, todos siguen, hasta hoy, en manos privadas.

Según resumió en su día Complejo Las Lomas en un comunicado remitido a este medio, “está todo perfectamente claro tanto en las órdenes ministeriales como en los decretos que permitieron la desecación de las antiguas lagunas, y por supuesto, en los registros de la propiedad”. Por su parte, la Asociación de Amigos de la Janda batalla desde hace años para su recuperación pública, y ha iniciado diversos caminos para lograrlo. Uno de ellos, un expediente administrativo en el cual constan varios informes de la Abogacía del Estado que confirman que la antigua laguna nunca ha perdido la condición de dominio público.

Parlamento andaluz y Parlamento Europeo

Sin embargo, la recuperación de los terrenos públicos de La Janda es un asunto espinoso que parece que ninguna instancia administrativa quiera dirimir. La ministra Teresa Ribera aseguró que su objetivo era recuperar al menos mil hectáreas del humedal de aquí a 2025, pero el Gobierno insiste en que la competencia para la recuperación posesoria es de la Junta de Andalucía.

La vía ante la Fiscalía tampoco parece avanzar. “Estamos convencidos de que tendremos que ir a los tribunales”, explica Lola Yllescas, de Ecologistas en Acción.

En paralelo, los ecologistas celebraron a finales de octubre una reunión con el director general de planificación hidráulica de la Junta de Andalucía, Fernando Delgado, y la vicenconsejera de Agricultura, Ganadería Pesca y Desarrollo Sostenible, Ana María Corredera, en la que también participó la parlamentaria de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, que propició el encuentro. Fue una primera toma de contacto entre la administración y los ecologistas.

Adelante Andalucía ha anunciado su pretensión de llevar el tema al Parlamento andaluz. Llegará a Sevilla después de llegar a Bruselas, donde se ha registrado una petición ante la comisión de peticiones del Parlamento Europeo para que investigue si varias sociedades y empresas están cobrando indebidamente ayudas de la Política Agraria Europea (PAC).