Medio siglo de la explotación ilegal de la valiosa laguna de La Janda por parte de terratenientes

La Janda era hace ochenta años una laguna, situada entre Vejer de la Frontera, Tarifa y Benalup-Casas Viejas (Cádiz), que en época de lluvias abundantes se extendía hasta donde alcanzaba la vista en 40 kilómetros cuadrados de agua dulce. Era, dicen las crónicas, la zona lacustre más valiosa de España y territorio ideal para la nidificación y el descanso de aves migratorias, pero Franco quiso desecarla para establecer allí explotaciones agrícolas, que se preveían fértiles y muy provechosas.

Valiéndose de una norma de principios de siglo, concedió los terrenos a los promotores de la obra de desecación, algunos de ellos miembros de ilustres familias que le habían prestado apoyo en la guerra. La historia oficial dice que algo no salió bien, los privados no hicieron la obra y el Estado revirtió la concesión y recuperó los humedales, previo deslinde de los terrenos públicos. Al menos, sobre el papel. En la práctica, ninguna autoridad pública ha hecho gran cosa por recuperar el dominio de los humedales, terrenos de dominio público, según sentencia del Tribunal Supremo, que hoy siguen en manos de los terratenientes agraciados por Franco.

El Gobierno respondió hace unas semanas al diputado Juan López de Uralde (Unidas Podemos) que el asunto no le compete. Las actuaciones de defensa del dominio público hidráulico “son ajenas” a la Dirección General del Patrimonio del Estado “por razón del objeto”, señaló en su respuesta escrita, a la que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía.

En abril, la Delegación de Economía y Hacienda en Cádiz ya había archivado un expediente iniciado previa denuncia de una asociación, que pedía la recuperación de los terrenos públicos de La Janda. Patrimonio del Estado entiende que es la Junta de Andalucía quien debe recuperar esos terrenos y, “en última instancia”, la secretaría de Estado de Medio Ambiente. Fuentes de la Dirección General de Patrimonio del Estado explican que ya se ha dado traslado al órgano competente de la Junta de Andalucía para que instruya “los pertinentes procedimientos de investigación y defensa patrimonial”.

Sin embargo, no es posible saber si la Junta de Andalucía comparte este criterio competencial. De los documentos y los hechos se desprende que no. La Consejería de Agricultura y Medio Ambiente no ha respondido a los reiterados intentos de elDiario.es Andalucía por conocer qué piensa hacer para recuperar los terrenos públicos de La Janda, si es que piensa hacer algo. Tampoco a la pregunta de si tiene algún plan para recuperar los humedales, tal y como anunció la ministra Teresa Ribera, en una mesa redonda celebrada el 2 de febrero. Aquel día dijo tener el objetivo de restaurar unas mil hectáreas antes de 2025.

“Da la impresión de que el Gobierno está eludiendo su responsabilidad y pasándola a la Junta de Andalucía”, señala López de Uralde, que cree que el ministerio “no debería quitarse de en medio”: “Hay constancia de que es pública, pero da la impresión de que nadie quiere ir más allá. Junta y Gobierno tienen que concretar los planes”.

Terrenos rescatados en 1967

La Asociación de Amigos de La Janda lleva años denunciando la anómala situación consistente en que unos terrenos rescatados y deslindados en firme tras sentencia del Tribunal Supremo en 1967 sigan en manos privadas. “Nuestro objetivo es recuperar los terrenos que son públicos y proceder, en la medida que se pueda, a la restauración y protección de los humedales”, señala José Manuel López, su portavoz.

La historia se remonta casi tan atrás como uno quiera llegar. Hay proyectos para su desecación en el siglo XIX, pero no fue hasta 1946 que Colonias Agrícolas S.A. logró autorización para retomar un proyecto paralizado por la Guerra Civil: la desecación, saneamiento y colmatación de la laguna de La Janda y varias adyacentes (Jandilla, Espartina y Rehuelga), con el fin de dedicarlas a la agricultura. El trato, amparado en la Ley Cambó de 1918, consistía en que Colonias Agrícolas ejecutaba las obras y, a cambio, se quedaba durante 99 años con la titularidad de los terrenos emergidos.

Para precisar hasta dónde llegaban los terrenos de la concesión pública y cuáles eran de propiedad privada, el ministerio los deslindó colocando estacas que indicaban el límite de la laguna en los momentos de máxima crecida ordinaria. Los propietarios linderos plantearon escritos y recursos, pero el Tribunal Supremo zanjó la cuestión en 1967: 6.165 hectáreas de las 9.039 desecadas son terreno público.

Mientras se dirimían los conflictos de lindes, las obras de desecación no terminaban de arrancar. Así que en 1964 el Ministerio de Obras Públicas promulgó un Decreto que rescató la concesión, previendo una obra (pública) para desecar la laguna, contener las crecidas del río Barbate y utilizar sus aguas para poner en riego más de 20.000 hectáreas. El supuesto objetivo era crear una gran superficie de regadío explotada por colonos en pequeñas parcelas, pero esto nunca se llevó a cabo.

De esta forma, el Estado recuperó los terrenos pagando indemnizaciones por lo poco que se había hecho, y decidió acometer las obras por sí mismo. “Este Decreto (…) establece el rescate de la concesión que tenía otorgada en ese momento la entidad Lagunas de Barbate para las obras de desecación ya citadas”, señala la Abogacía del Estado en un informe incorporado al expediente que se siguió ante la Dirección General de Patrimonio del Estado.

Sin embargo, nada se hizo por recuperar los terrenos. José Manuel López López cree que la operación fue “un subterfugio del régimen” para que “los concesionarios siguieran en los terrenos, pagándoles los trabajos de desecación”.

Una investigación de tres años que concluye que no se puede hacer nada

Saber a quién corresponde recuperar de forma efectiva la posesión de un terreno público parecía ser, en este caso, cosa complicada. La Asociación de Amigos de la Janda, junto a Ecologistas en Acción, la Asociación Española de Ornitología, la Asociación Gaditana para el Estudio y Defensa de la Naturaleza, AEMS-Ríos con vida y Fundación Savia denunció en 2018 la situación ante la Dirección General de Patrimonio, que arrancó un expediente de investigación que ha durado tres años.

Finalizado el expediente, Patrimonio ha concluido que no puede hacer nada para recuperarlos. Además del de la Abogacía del Estado, el Gobierno tiene al menos dos informes (de la Gerencia del Catastro en Cádiz y de la Dirección General de Aguas) que concluyen que la competencia para investigar las denuncias relativas a terrenos “que pudiesen tener la consideración de dominio público hidráulico en la zona del Guadalete-Barbate” corresponde a la Junta de Andalucía, a la que el Estado traspasó las competencias de las cuencas atlánticas en 2005.

Un “deber” de la administración

Sin embargo, esta conclusión no es unánime. En 2018, Pedro Brufao, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Extremadura, escribió un documentado y extenso artículo en el que concluía que La Janda no han perdido su condición de dominio público, que “no hay duda” de que los humedales son de titularidad estatal y que para recuperarlos el Estado debía recurrir al procedimiento de investigación de la Ley de Patrimonio. Esta es la vía que se acaba de cerrar, aunque el profesor planteaba alternativas, y recordaba: la investigación no es discrecional, sino un “deber que la Administración ha de cumplir en la defensa de sus bienes”. Por su parte, la Junta de Andalucía mantiene silencio.

A este problema de competencias se suma que, durante décadas, ninguna administración ha hecho nada por recuperarlos, y eso tiene consecuencias. Así lo expresa la abogada del Estado: “La actividad legislativa y administrativa ha generado situaciones jurídicas y derechos de particulares opuestos o contrarios a la naturaleza demanial de los terrenos”. Por lo que advierte que recuperarlos podría tener un coste: “Será preciso determinar las consecuencias jurídicas y el coste económico, social y político de revertir esta situación”. Hay propietarios privados con explotaciones agrícolas sobre terrenos públicos, algunas muy provechosas.

La antigua laguna nunca ha perdido, según recuerda la abogada del Estado, su condición de dominio público: son terrenos, por tanto, inembargables, inalienables e imprescriptibles. Sobre el papel nunca pueden dejar de ser públicos. Los plenos de la Diputación de Cádiz, Tarifa, Medina Sidonia, Conil y Barbate, en cuyo término se sitúan los terrenos, han aprobado mociones instando a los gobiernos central y autonómico a recuperar La Janda y su puesta en valor. Sin embargo, de momento han caído en saco roto. A la fecha, la laguna de La Janda sigue en parte en manos privadas, por más que una sentencia del Tribunal Supremo pareciera zanjar el asunto hace ya más de medio siglo.