Campos de golf y ladrillo, las apuestas del Gobierno andaluz para acelerar la recuperación tras la COVID
3 de agosto de 2021. “La Junta considera que esta inversión contribuirá a la creación de empleo y al aprovechamiento de recursos naturales y económicos”. Así explicó el Gobierno andaluz su decisión para impulsar el proyecto 'Castellar Golf', ubicado en el término municipal de Castellar de la Frontera (Cádiz). En la última reunión del Consejo de Gobierno tras el receso veraniego, el pasado 31 de agosto, la Junta dio exactamente los mismos motivos para agilizar el 'Atlanterra Golf', esta vez en el término municipal de Tarifa. A estos proyectos le antecede el del campo de golf del Següesal en Barbate, de nuevo en Cádiz.
“La creación de empleo estable y de calidad en todos los sectores de producción y el aprovechamiento y la potenciación de los recursos naturales y económicos, bajo el principio de sostenibilidad y la promoción de la inversión pública y privada” son los argumentos del Ejecutivo en su plan de recuperación tras la pandemia de COVID-19.
“La Junta no ve más futuro para Andalucía que los campos de golf rodeados de urbanizaciones de lujo”, denuncia Ecologistas en Acción de Cádiz. Para el ecologista Juan Clavero estos planes “adolecen de graves irregularidades legales” y espera anularlos. Con respecto al último proyecto anunciado, el de Tarifa, Clavero tiene una “moderada confianza” en ganar la batalla judicial ya que no se ha presentado la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) como obliga la normativa comunitaria y estatal. La asociación ya “tumbó” las modificaciones de los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU) de los municipios gaditanos de Chiclana de la Frontera, Valdevaqueros y Prado del Rey.
A estas iniciativas se les une el complejo Valle del Golf Resort en Mijas (Málaga) y tres hoteles de “alta calidad” en Marbella. Todos están incluidos en la Unidad Aceleradora de Proyectos de Interés Estratégico en Andalucía (UAP), órgano que hace “la efectiva puesta en marcha y ejecución del proyecto”, como se recoge en su página web, a través de la “agilización de todas las actuaciones y procedimientos de las administraciones públicas andaluzas”.
“El Gobierno andaluz asume como una de sus prioridades adoptar todas las medidas necesarias para impulsar la actividad económica”, explican desde la Junta de Andalucía.
Interés turístico
Las empresas pueden acceder a la Unidad Aceleradora de Proyectos si sus propuestas son declaradas de “interés estratégico” por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos de la Junta de Andalucía. Esto otorga una “tramitación urgente y preferente” así como una “reducción de los plazos administrativos”, cuando sea posible, como se apunta en la web de la UAP.
Por esta vía ya se gestionan la ampliación de la refinería de Gibraltar-San Roque, la consolidación y ampliación del Parque Empresarial de Cosentino, en Almería, la construcción de una planta de heparinas de Laboratorios Rovi en Granada y la construcción de 12 plantas solares fotovoltaicas por Solarbay en Sevilla.
Además, el Consejo de Gobierno puede considerar otras iniciativas de interés por “su especial relevancia derivada de su magnitud, su proyección económica y social o su importancia para la estructuración territorial de Andalucía”. Estas no tienen necesariamente que ser elevadas a la calificación de “interés estratégico” y, por lo tanto, no se pueden beneficiar de una reducción de tiempos administrativos.
Sin embargo, el interés turístico del Gobierno andaluz es patente. Los últimos proyectos asignados a la UAP, que depende de la Secretaría General para la Administración Pública y que dirige Ana María Vielba, tienen a los sectores del turismo y de la construcción como destinatarios: tres hoteles “de alta calidad” en Marbella, el 'Valle del Golf Resort', el 'Següesal Golf Resort', el 'Castellar Golf' y el 'Atlanterra Golf.' Con anterioridad también se habían aprobado otras iniciativas como la construcción de las ciudades de la Justicia de Sevilla y Jaén y de un nuevo hospital en Málaga.
“El turismo tiene la capacidad de reactivar la economía”, ha expresado el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín, que argumenta la actuación del Gobierno andaluz. Y se defiende: “Nosotros no hemos dado ninguna licencia. Estos proyectos ya la tienen por parte de los Ayuntamientos. Lo que hemos hecho es hacerle la vida más fácil a los que invierten en Andalucía”. Ante las críticas, Marín insiste en la “simplificación burocrática” y en que “no se va a desarrollar nada que no cumpla con la ley”.
Creación de empleo
La actividad turística, según Marín, es un “sector estratégico” que proporciona trabajo a unas 450.000 personas y genera 22.000 millones al Producto Interior Bruto (PIB) andaluz, un 13%. La “generación de empleo” es uno de los argumentos más utilizados por el Gobierno andaluz para defender este tipo de proyectos que, según las fuentes consultadas, suman una inversión de 4.460 millones y que, calculan, crearán unos 10.000 empleos entre directos e indirectos.
Para el economista Juan Torres estas iniciativas son “una apuesta por un motor económico que genera poco valor añadido, empleo de baja calidad y que dilapida y sobreexplota recursos naturales”. El doctor en Ciencias Económicas descarta que los campos de golf y los establecimientos hoteleros sean “los yacimientos de empleo que hay que descubrir y explotar”. “El empleo y el mejor aprovechamiento de los recursos se da cuando se industrializa una economía a partir de sus recursos endógenos y se vincula esa estrategia con las redes de servicios de alto valor añadido”. “[La UAP] es una iniciativa que implica a todo el Gobierno, no solo a Turismo. Cada consejería propone proyectos de su competencia. Hay muchos que nada tienen que ver con megaurbanizaciones ni con el golf”, recalcan las fuentes del Ejecutivo.
La provincia de Cádiz, según la última Encuesta de Población Activa, registró en el segundo trimestre de 2021 una tasa de paro del 25,55%, cuatro puntos por encima del dato andaluz (21,58) y casi diez más que el valor nacional, que se situó en 15,26%. Cádiz es la región española con más paro. El alcalde de Barbate, Miguel Molina (Andalucía Por Sí), donde se planea el 'Següesal Golf', defendió el carácter “dinamizador” de este proyecto cuyo objetivo es el de “bajar el desempleo” en la zona.
“Confío en que la UAP dé resultado, pero siempre cumpliendo con todos los trámites medioambientales”, sostiene el alcalde socialista de Castellar de la Frontera, Adrián Vaca. Su consistorio aprobó la modificación del PGOU en octubre de 2020 para adaptarlo a los requisitos de la Junta de Andalucía para declarar el proyecto de “interés estratégico” y activar una iniciativa que comenzó hace 20 años. “Puede ser un proyecto que genere empleo y traiga desarrollo no solo al municipio, sino a toda la comarca”, dice.
El alcalde de Tarifa, Francisco Ruiz (PSOE), apunta a que el 'Atlanterra Golf' lleva desarrollándose desde 2008 y aplaude la coordinación entre promotores, Ayuntamiento y la Junta para “favorecer el desarrollo económico, social y sostenible” del municipio. “No queremos crear nuevos núcleos turistas, pero no puedo parar un plan parcial urbanístico ya aprobado”, argumenta Ruiz, que explica que Tarifa “no solo aboga por este tipo de proyectos”. De todas maneras, el alcalde tarifeño reconoce que estas iniciativas “no son el camino a futuro” y coincide con los críticos en que habría que plantear “otras vías de desarrollo”.
Dinero “a corto plazo”
“Esta unidad se está convirtiendo en una gran depredadora del ecosistema de Andalucía y frustra la oportunidad de cambio de modelo productivo para nuestra comunidad”, expresa la portavoz de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera. El programa electoral de este partido destaca que la actividad turística en la región es “uno de los pilares de su economía y del empleo”, pero critica la precariedad, la estacionalidad o la masificación, así como la sobreexplotación del litoral andaluz que provoca este sector.
Por su parte, el presidente de la organización regional andaluza de los Promotores Inmobiliarios (FADECO), Francisco Martínez-Cañavate, aplaude la “magnífica iniciativa” de la Junta. “Es una idea formidable para cualquier sector que la administración se vuelque con unos proyectos durante toda la maraña burocrática para que no se queden en un cajón”, apunta.
Martínez-Cañavate teme que “si Andalucía no es competitiva, las inversiones se vayan a otras comunidades y países” y espera que se sumen iniciativas tanto privadas como públicas a la UAP. “No hay que negar estos proyectos. Hay que hacer lo que sabemos hacer. Si llega Mercedes, le abrimos las puertas, pero si no llega, ¿qué alternativas se ofrecen?”, se pregunta. Torres tacha la “poquísima imaginación” de los dirigentes que “se deben a los intereses de los grupos de poder dominantes y son incapaces de enfrentarse a las inercias para dar paso a la innovación, a las ideas nuevas y a la transformación”.
Juan Clavero lo tiene claro: “La construcción y el turismo dan dinero a corto plazo. El I+D+i y la tecnología no implican un pelotazo inmediato”. El miembro de Ecologistas en Acción de Cádiz cree que la región “desaprovecha” la oportunidad dada por la pandemia de la COVID-19 para cambiar el modelo productivo y apostar por otras vías de desarrollo.
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