Los malos pronósticos se han cumplido. El ministro de Agricultura, Miguel Arias-Cañete, ha vuelto a poner de acuerdo al sector agrario andaluz en contra de su propuesta de reparto de fondos de la Unión Europea. El informe que ha presentado su ministerio a las comunidades autónomas para el reparto de ayudas de la Política Agraria Común (PAC), propicia el trasvase de fondos entre cultivos y territorios que tanto temían los agricultores andaluces. Los días 21 y 22 de enero, la conferencia sectorial de Agricultura tiene que reunirse para debatirlo y, previsiblemente, aprobarlo.
Los cálculos de la Junta de Andalucía señalan que, con la propuesta, Andalucía perderá entre 458 y 724 millones de euros en todo el periodo de vigencia de la PAC (2014-2020). La pérdida se produce en el margen que el ministerio tiene para repartir las ayudas asociadas a la producción. Esta partida se reserva para atender a sectores con graves dificultades para la supervivencia y son fondos que se detraen del conjunto de productores.
En este paquete, las organizaciones agrarias esperaban la inclusión del olivar de montaña, en el que los costes de producción superan con creces al precio del aceite en el mercado. Sin embargo, ha quedado fuera. Para la Unión de Pequeños Agricultores (UPA), esto podría derivar en el abandono de explotaciones cuya rentabilidad está directamente ligada a las ayudas.
Para el secretario de la organización en Andalucía, Agustín Rodríguez, el informe que debatirá los días 21 y 22 las comunidades autónomas confirma que “va a ser un reparto político y no una propuesta profesional para el sector y claramente se va a meter la mano en el bolsillo de Andalucía”. Sus sospechas apuntan a un acuerdo entre las comunidades autónomas gobernadas por el PP para recortar los ingresos de los productores andaluces, cuyos derechos históricos han generado un tercio de las ayudas que recibe España y que, hasta la fecha, han venido recibiendo esa parte de los fondos europeos.
COAG también ha puesto énfasis en que el ministerio “se había comprometido a que la comunidad continuaría recibiendo con la nueva PAC el mismo volumen de ayudas que hasta el momento”, en palabras del secretario de la organización en Jaén, Juan Luis Ávila. Un compromiso que no se refleja en el informe. Organizaciones agrarias, de cooperativas y la Junta de Andalucía han firmado un documento de rechazo a la propuesta que también ha secundado el Consejo del Aceite de Oliva en Jaén. Su presidente, y también de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes, cree que hay margen para negociar a pesar de la inminente cita de las autonomías con el ministerio. “No hay prisas si no hay consenso”, ha dicho. Y ha recordado que hasta el 1 de enero de 2015 cabe negociar el reparto interno de la PAC.
UPA y COAG no descartan movilizaciones en los próximos días si el ministerio no cede a una negociación que contemple ayudas asociadas para el olivar de montaña y una revisión de las ayudas que recibe la ganadería ya que, en el formato planteado, los ganaderos andaluces también saldrán perjudicados.
Desde que empezó el debate del reparto de fondos, Andalucía ha reclamado una fórmula de aplicación que garantizase que no habría trasvase de fondos de unos cultivos a otros y de unos territorios a otros. Su fórmula de reparto propuesta es la comarca agraria, para ajustar al máximo que los agricultores recibieran la misma cantidad de ayudas que ahora, con mínimas oscilaciones, dado que la Unión Europea no ha rebajado el sobre de subvenciones para España.
Las organizaciones proponían hasta 42 modelos de comarca para afinar el reparto. El ministerio quiere reducirlos a una docena, lo que perjudica a los productores andaluces. Por ejemplo, en el caso del olivar recibe la misma consideración un cultivo superintensivo que uno de montaña o el de campiña, cuando los costes y la producción de cada uno son distintos y también su dependencia de las ayudas como complemento de renta.
El marco definido por la Unión Europea contempla la incorporación del olivar de montaña entre los cultivos que reciben pagos asociados. La UPA está planteando acciones legales si se aprueba el documento de reparto interno de las ayudas que propone el ministerio, en el que entiende que “hay un incumplimiento claro de los reglamentos comunitarios”.