Seis comunidades se reparten los 212 millones que pierde Andalucía en ayudas al desarrollo rural
Con el modelo de reparto interno de la PAC aprobado este martes, Andalucía pierde dinero en las ayudas directas (160 millones de euros), pierde en las ayudas acopladas (94 millones) y pierde, sobre todo, en las ayudas al desarrollo rural (algo más de 211 millones). Este es el aspecto más sangrante para la administración autónoma y los productores, porque esas subvenciones están ligadas al futuro de las explotaciones. Son las que permiten modernizar regadíos, fomentar la incorporación de nuevos agricultores, apostar por la agroindustria, en definitiva, fortalecer un sector económico que, en Andalucía, es determinante por su peso en la generación de empleo y la fijación de la población al territorio.
El exiguo 10 por ciento que se rebaja a Andalucía se reparte entre el resto de comunidades. Así se corrige, según Arias Cañete, un desequilibrio que favorecía a Andalucía, la comunidad que aporta la cuarta parte de la producción agrogandera española. Algunas comunidades, como Murcia y Canarias se quedan igual. Otras aumentan ligeramente sus recursos, caso de Madrid, Aragón o el País Vasco.
Las que notan la subida de su asignación son Castilla y León (120 millones más), Cataluña (35 millones), la Comunidad Valenciana (28) y Principado de Asturias (19) las que acaparan la mayoría de los fondos. De hecho, si se les suman los dos siguientes perceptores –en términos absolutos-, Cantabria (18) y Baleares (13), suman 215 millones, 3 más de lo que se ha devengado a Andalucía.
Las críticas de la Junta de Andalucía y las organizaciones agrarias se centran en que el recorte no era necesario en este apartado. Se da la circunstancia de que el sobre nacional en ayudas al desarrollo rural ha aumentado en 51 millones de euros, 8.053 millones frente a los 8.002 del último periodo de la PAC.
Además, cuestionan los criterios que se han aplicado. En el acuerdo, el Ministerio señala que la distribución responde a “indicadores económicos, medioambientales y territoriales relacionados con los tres objetivos de la política de desarrollo rural: competitividad de la agricultura, gestión sostenible de los recursos naturales y acción por el clima, y desarrollo territorial equilibrado”, pero no alude a criterios de población –en Andalucía más de la mitad de la población vive en zonas rurales- ni de empleo.
Pérdidas a las que se suma la reducción de un 12 por ciento en las ayudas directas -174 millones de euros según la UPA- para contribuir al sobre de las ayudas acopladas, aquellas a las que se destinan un aporte para garantizar el mantenimiento de actividades que no podrían mantenerse sin apoyo económico. Andalucía quería incorporar en ese paquete cultivos como el olivar de montaña -que tiene mayor coste de producción pero también genera más mano de obra-, la ganadería caprina o la uva pasa, actividades en riesgo de desaparecer. Las propuestas se ha desestimado por lo que en este apartado es contribuyente neta, cede parte de lo que recibe sin percibir nada a cambio.
El Gobierno deja una puerta abierta a la revisión en julio de 2016 en función del “comportamiento del sector correspondiente respecto a la aplicación del modelo de regionalización y, en su caso, la necesidad de corregir desviaciones producidas por la aplicación del modelo”. Desviaciones que no podrán tocarse hasta mediados de 2016 aunque sus consecuencias, en el bolsillo, las notarán los agricultores en octubre de 2015, cuando cobre por primera vez las ayudas cuyo reparto acaba de definirse.
