Andalucía vuelva a ocupar, como lo viene haciendo desde 2014, el ranking de mujeres asesinadas por violencia machista. El perfil de la víctima es el de una mujer de entre 35-49 años, estudios secundarios completados y situación económica poco estable. Son algunos de los datos recogidos en el informe sobre la situación sociolaboral de las mujeres víctimas de violencia de género en Andalucía elaborado cada año por el Gabinete Técnico de CCOO, que apunta a la necesidad de aumentar las políticas activas de empleo dirigidas a estas mujeres y a su independencia económica, como factores esenciales para erradicar esta lacra machista.
Según un comunicado del sindicato, la secretaria de la Mujer de CCOO de Andalucía ha hecho un llamamiento en este sentido al Gobierno andaluz para que deje de recortar las partidas presupuestarias en materia de violencia de género. “Desde 2019 ha habido una merma del 50% en los presupuestos dirigidos a programas específicos de prevención”, denuncia.
Frente a ello, desde el sindicato se aboga por un refuerzo de las políticas activas de empleo destinadas a las mujeres y, en concreto, a las víctimas de violencia de género. “Es esencial que estas mujeres ganen en independencia económica porque la dependencia las ata a sus maltratadores”, argumenta Laguna.
Según datos recogidos en el informe, el número de contratos bonificados disminuyó en un 3,5% en 2019 en Andalucía, mientras que en España aumentó un 3,4%. De ellos, el 83% son temporales y el 63,3% a tiempo parcial y de baja cualificación.
La secretaria de Acción Sindical y Condiciones de Trabajo de CCOO de Andalucía, Yolanda Carrasco, ha puesto el acento en la necesidad de avanzar en igualdad en el ámbito laboral para acabar con la violencia de género y el acoso sexual en el trabajo. “Los planes de igualdad, los registros salariales y los protocolos contra el acoso son herramientas esenciales para acabar con la discriminación en la empresa donde, desgraciadamente también se producen agresiones sexuales, denuncia Carrasco.
La desprotección es otro de los asuntos que preocupan al sindicato, que ha puesto sobre la mesa que mientras ha descendido el número de denuncias, ha aumentado el número de atestados policiales. Dato que apunta que a muchas de las víctimas se sienten desprotegidas y tienen miedo a denunciar. “El hecho de que una de cada cuatro órdenes de protección sea denegada, tampoco ayuda a las mujeres a dar el paso de alejarse de sus maltratadores”, argumenta Laguna.
Por último, la secretaria de la Mujer se ha referido al Servicio de Defensa Legal, para el que ha pedido estabilidad. “Se trata de un servicio esencial de CCOO que opera desde 1997 pero sin una garantía de continuidad al depender de programas que tiene que aprobar el Gobierno de la Junta de Andalucía”.
La mayor parte de las denuncias presentadas en este servicio están relacionadas por discriminaciones o despidos derivados de la maternidad y de la conciliación por las que, según denuncia Laguna, “las mujeres seguimos siendo castigadas en el ámbito laboral”.