Cermi Andalucía critica que la Junta reduzca casi a “la mitad” su representación en el nuevo Consejo de Discapacidad

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI Andalucía) ha rechazado el nuevo decreto aprobado por el Gobierno andaluz por “discriminar claramente” su participación en el Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad, que se ha “visto reducido casi a la mitad” y teme que sea en favor de las empresas privadas del sector, que no representan a las personas con discapacidad de Andalucía ni a sus familiares y no defienden tampoco sus intereses y derechos.

El Cermi andaluz ha criticado a la Junta por mermar su capacidad de decisión sobre las políticas y actuaciones públicas que afectan a la discapacidad y “destruir de este modo toda la labor del movimiento asociativo andaluz”, que representa a más de 700.000 personas en Andalucía, una tarea que se ha venido articulando durante más de 40 años y que ha supuesto un avance innegable en la atención a las personas con discapacidad y en la mejora de su calidad de vida gracias al esfuerzo realizado por todas las entidades a las que representa.

Desde CERMI se cuestiona que la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, impulsora de este decreto, utilice como pretexto la adaptación de este Consejo al marco sociopolítico actual para promover una reforma que “silencia la voz” de las propias personas con discapacidad y sus familias. Con esta reforma, CERMI ve reducida a casi la mitad su presencia en este Consejo, pasando de 10 vocalías a tan solo 6, mientras que se otorga casi la misma proporción -5 vocalías- “al resto de entidades con menor representación, dejando la puerta abierta a la entrada del sector empresarial”, cuya actividad responde fundamentalmente a intereses privados y económicos.

El movimiento social de la discapacidad exige a la Consejería de Igualdad, que dirige Rocío Ruiz (Cs), que explique el motivo de esta decisión que “margina” su legítima representación y aclare los argumentos que han llevado a su departamento a determinar prácticamente el mismo nivel de participación a otras entidades con una clara menor representación.

Apoyo unánime del Parlamento

Además, recuerda a la Junta el apoyo unánime que ha recibido recientemente de todos los grupos políticos del Parlamento andaluz, que han puesto de relieve en las últimas reuniones mantenidas con ellos su respaldo a la labor y a la voz de CERMI Andalucía como interlocutor y representante mayoritario del mundo de la discapacidad en la comunidad.

Por tanto, CERMI Andalucía no entiende el propósito de la Junta de incorporar a entidades que “no son las más representativas de las personas con discapacidad y sus familias”. “Con este nuevo decreto se va propiciar claramente que en cualquier votación sobre normativas, proyectos o actividades que afecten a la discapacidad, no serán estas personas con discapacidad las que opinen y decidan sobre ello, lo que supone una situación injusta y anómala que influirá en la efectividad y resultados de las políticas que se impulsen en esta materia”.

El Cermi andaluz rechaza también que este cambio en la representación del Consejo de la Discapacidad coincida en el tiempo con la negociación que va abrir la Consejería de Igualdad para promover la necesaria subida de los costes de las plazas de centros residenciales y de día, con unos precios claramente deficitarios hasta ahora.

Por ello, muestra su preocupación por que la Administración andaluza quiera abrir en estos momentos la participación en el Consejo a las empresas privadas y con fines lucrativos ante “las expectativas de las mismas de beneficiarse de la futura rentabilidad de la actividad, cuando este sector no invertirá sus excedentes ni beneficios empresariales en mejorar la calidad de vida de estas personas”, como lo viene haciendo el movimiento asociativo sin ánimo de lucro.

Cermi Andalucía, conformada por asociaciones de personas con discapacidad y sus familias con estructuras democráticas y representativas, lleva gestionando desde hace 40 años centros residenciales y de día para la atención de las personas con discapacidad y conformando junto a la Junta de Andalucía una red de centros y recursos que gestionan sus entidades porque la Administración andaluza no cuenta con la capacidad para atender a esta población.

El nuevo Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad, reformado marginando al movimiento social de la discapacidad, es el órgano colegiado de participación social y asesoramiento de la Junta que tiene como objetivo promover el impulso y la coordinación de todas las actuaciones pública en materia de discapacidad y velar por su seguimiento y cumplimiento.