Chaves y los ERE ante el Supremo en siete claves
El 'señalamiento' por parte de la jueza. A Manuel Chaves, presidente de la Junta entre 1990 y 2009, el estallido del caso ERE le pilló ya en Madrid, de diputado en el Congreso tras su paso por el Gobierno de Zapatero. Mientras la persona que recogió su testigo en Andalucía, su entonces mano derecha José Antonio Griñán, presidía la toma de posesión de su nuevo gobierno el 10 de septiembre de 2013, un auto de Mercedes Alaya volvía a unirles: la jueza planteaba su posible imputación.
El expresidente acusó a la jueza de “rozar la prevaricación” con aquel auto. Pero el caso llegó finalmente al Supremo, el tribunal encargado de investigar a las personas con fuero, y los dos expresidentes (aunque Griñán también en calidad de consejero de Hacienda) declaran estos días.
La citación del Supremo. El Alto Tribunal se declaró competente el pasado 13 de noviembre y, sin entrar en grandes detalles, retomaba la instrucción de Alaya señalando que “resulta imprescindible continuar la investigación sobre los hechos y la participación de los mismos”. Se refirió a los cinco aforados nacionales, que inmediatamente se personaron y solicitaron declarar de forma voluntaria. El objetivo de la Sala Segunda es “verificar si en la exposición que le ha sido remitida se consignan hechos que, según una valoración muy provisional, pudieran ser delictivos, y si existen indicios consistentes o, dicho de otra forma, principios de prueba de la participación en ellos de las personas aforadas”.
¿Qué se le imputa? Ningún delito en concreto, a lo que se agarra el PSOE desde hace meses para no tener que tomar una decisión respecto a su puesto en el Congreso. En la exposición razonada que maneja el Supremo desde el verano consta que “no es que los consejeros de Hacienda, de Innovación o el presidente de la Junta conocieran el sistema puesto en marcha por la Consejería de Empleo, es que la mayor parte de ellos participaron en la instauración y todos ellos, en su mantenimiento”.
Los ex altos cargos de la Junta han sido llamados “en relación con los actos realizados en el desempeño de sus funciones con motivo de la concesión de ayudas sociolaborales y ayudas económicas directas a diferentes empresas de esa Autonomía, así como las prestadas a las personas físicas”.
El 'primer' presidente en declarar. Aunque Griñán ya pasó el jueves por sede judicial, la presencia de Chaves ante el instructor del Supremo puede ser considerada la primera en representación del Gobierno andaluz en su totalidad, puesto que Griñán aclaró su gestión principalmente como consejero de Hacienda, que ya defendió con un extenso informe técnico en el que, digamos, basa su defensa. Sobre ello concretó su declaración, también bastante técnica en cuanto a los entresijos de la Administración, la responsabilidad del presupuesto y de los gastos, el papel de la Intervención o el uso de las tan traídas transferencias de financiación.
En el caso de Chaves, será la primera ocasión en que se pronuncie judicialmente y, como máximo dirigente, en el nombre de la Junta. La tesis mantenida por Alaya, casi desde el inicio de la instrucción, de que todo el entramado fraudulento era un montaje perpetrado por el Gobierno de la comunidad autónoma es una de las principales discusiones en la causa. Griñán, en la primera oportunidad que ha tenido, lo resumió con una frase lanzada a los periodistas a la salida de su declaración y en la que quiso mostrarse sincero: “No hubo un gran plan, pero hubo un gran fraude”.
Los Consejos de Gobierno. La jueza Alaya en numerosos autos ha considerado que el Consejo de Gobierno en su conjunto debió conocer el desarrollo del sistema, calificado como una “subversión normativa y procedimental” en su conjunto mediante una “ilegal aplicación de fondos públicos por importe de 855 millones de euros” (una cifra que algunas defensas consideran muy elevada, ya que buena parte se corresponderían con prejubilaciones legales). Por tanto, Chaves deberá responder como cabeza visible de la Junta durante la mayor parte de los años en que ocurrieron los hechos investigados y como presidente de los Consejos de Gobierno en los que, según la jueza, se debió paralizar o advertir del algún modo la presencia del presunto fraude.
De hecho, como acción más destacada, bajo su mandato se firmó el convenio marco que generó el sistema de ayudas en julio de 2001 entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA-IDEA a partir de 2004). El Supremo, vía Alaya, cuenta con la certificación de los acuerdos del Consejo de Gobierno de la Junta en los que se decidió remitir el proyecto de la Ley de Presupuestos al Parlamento en el periodo 2000-2012, así como la documentación de los 'consejillos' (reuniones de viconsejeros), previos a los expedientes investigados.
¿Responsabilidad política o responsabilidad penal? Evidentemente, es lo que el Tribunal Supremo (junto al TSJA y el propio juzgado de Alaya) está decidiendo y el quid de la cuestión, que Griñán rescató el pasado jueves en su declaración y ante la prensa. Tras admitir que dimitió como presidente para no perjudicar la imagen del Gobierno andaluz y del PSOE, calificó como “una barbaridad” la concesión de ayudas que se investiga, merecedora de consecuencias políticas “e incluso penales”.
¿Hasta dónde? Alaya, después de imputar a decenas de ex altos cargos no aforados y de encarcelar preventivamente hasta a un exconsejero de Empleo (Antonio Fernández), llevó esa responsabilidad a “la cúspide de la pirámide”, como ella mismo dijo y a la que el Supremo interroga ahora.
¿Qué pasará con Chaves y el resto de los aforados nacionales? “Si como consecuencia de las diligencias de investigación, el instructor aprecia la existencia de indicios racionales de criminalidad contra cualquiera de los aforados deberá exponerlo a esta Sala a los efectos de la solicitud de Suplicatorio, conforme el art. 71.2 de la Constitución, con carácter previo a su imputación formal, procesamiento, o adopción de cualquier medida cautelar”, explicó el Supremo cuando decidió abrir una investigación el pasado 13 de noviembre. Fuentes del Supremo aseguraron que no es de esperar que se tome decisión alguna hasta que declaren los cinco aforados.
Tras José Antonio Viera, José Antonio Griñán y Manuel Chaves aún deben pasar por el Supremo los que fueran exconsejeros de Presidencia Gaspar Zarrías (jueves, 16 de abril) y María del Mar Moreno (martes, 21 de abril).
