El Congreso empieza a tramitar este martes el suplicatorio a Viera, imputado por los ERE

La Comisión del Estatuto del Diputado del Congreso tiene previsto empezar a tramitar este martes la solicitud para quitar el fuero al exconsejero de Empleo de Andalucía José Antonio Viera, el único imputado en el caso de los ERE que mantiene su escaño en la Cámara Baja, y que, tras abandonar el Grupo Socialista, tiene ahora asiento en el Grupo Mixto.

Según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias, en el encuentro que tiene programado esta comisión se acordará la apertura de un plazo, que podría rondar los diez días, para que Viera realice alegaciones ante este órgano, ya sea personalmente o por escrito. Una vez sustanciado ese trámite, la comisión elevará el expediente de suplicatorio al Pleno del Congreso, que es el que tiene la última palabra para decidir si se despoja o no a Viera de su fuero parlamentario.

El pasado 9 de julio el Tribunal Supremo dejó en suspenso hasta que el Congreso resolviera sobre el suplicatorio la tramitación de las actuaciones que afectan al exconsejero de Empleo, a quien el magistrado Alberto Jorque Barreiro imputa delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos.

DOS MESES PARA RESOLVER

Dado que julio y agosto son inhábiles a efectos parlamentarios según la Constitución, el único paso que dio la Cámara Baja durante el verano fue el pasado 22 de julio, cuando la Mesa del Congreso calificó por unanimidad la solicitud firmada por el presidente del Supremo, Carlos Lesmes, y la remitió a la Comisión del Estatuto del Diputado.

Ahora, coincidiendo con el arranque del periodo ordinario de sesiones, han empezado a correr los plazos para la tramitación del suplicatorio para la que el Congreso cuenta con un total de 60 días. En concreto, el Reglamento fija un máximo de 30 hábiles para que la Comisión del Estatuto de los Diputados decida sobre la petición, para lo que deberá dar audiencia a Viera, bien en persona o por escrito. Una vez concluya su tarea deberá remitir su conclusión al Pleno de la Cámara, que habrá de debatirla en su primera sesión ordinaria.

En anteriores suplicatorios la Comisión del Estatuto del Diputado ha resuelto este trámite en unas dos semanas --ya que suele dar un plazo de diez días a los afectados para que hagan sus alegaciones--, con lo que el suplicatorio podría llegar al Pleno del Congreso a finales de septiembre o principios de octubre.

DISOLUCIÓN DE LAS CORTES

En el supuesto de que los plazos se apuraran podría incluso darse el caso de que las Cortes se disolvieran antes de que el Pleno votara el suplicatorio, ya que las Cámaras podrían quedar disueltas el 20 o el 27 de octubre, sin que se hubieran cumplido los 60 días naturales, que empezaron a contar el 1 de septiembre. Con las Cortes disueltas sólo mantienen su aforamiento los diputados que forman parte de la Diputación Permanente y entonces Viera perderá automáticamente su fuero.

Sin embargo, la posibilidad de que la Cámara apure los plazos es muy remota porque el Congreso suele tramitar los suplicatorios en el plazo de un mes o mes y medio, dado que la Comisión del Estatuto del Diputado habitualmente nunca agota los 30 días con los que cuenta y después se votan en el primer Pleno ordinario. Una vez que el Pleno emite su voto, el presidente del Congreso tiene ocho días para informar al del Tribunal Supremo sobre el resultado.

Hasta ahora el Congreso ha aprobado 30 suplicatorios y ha rechazado 13. Los tres últimos que salieron adelante permitieron juzgar a tres diputados del PP --Vicente Ferrer, Arsenio Pacheco y Nacho Uriarte-- que habían dado positivo al volante y el anterior fue el que dio vía libre a investigar al también 'popular' Jesús Merino por el 'caso Gürtel'.

Además, entre los concedidos destacan los del ex ministro socialista José Barrionuevo por el 'caso GAL' o los de los diputados de Herri Batasuna Jon Idígoras, Francisco Letamendía y Antxón Ibarguren por los incidentes producidos en 1981 en la Casa de Juntas de Guernica, donde varios miembros de esa coalición protagonizaron protestas en un acto que presidían los Reyes.