La investigación policial sobre cómo unos intermediarios y un asesor del consejero de Salud de la Junta de Andalucía intentaron cobrar una mordida de más de cinco millones de euros sobre un contrato de 19 millones es abundante en detalles. El empresario que quería vender su producto (cien maletines con kits de detección de Covid-19, que según los técnicos no servían) registró llamadas, reuniones y correos electrónicos que ha aportado a los investigadores, y que estos han transcrito en sus atestados para reconstruir el caso.
Los tres informes policiales, que elDiario.es Andalucía ha venido desgranando, dan cuenta de un descarado modus operandi: de forma aparentemente espontánea, los tres principales investigados (el empresario gaditano Manuel García Gallardo, su hermana Ana María y María Cristina Romero –que trabajaba para ellos–) se ponen en contacto con el empresario biofarmacéutico Félix Guerrero para decirle que, si quiere vender sus kits, debe hacerlo con ellos y con sus condiciones.
Esgrimen que van de la mano de G. G., a quien presentan como jefe de gabinete del consejero de Salud Jesús Aguirre (en realidad, era asesor), y aseguran que él “no está solo en este invento”. A cambio de comprar las mochilas, G.G. quiere “un incentivo para ellos”: cinco millones de euros, que el empresario Félix Guerrero debía sumar a su factura.
Este es el relato de cómo se urdió este intento de cobrar cinco millones en comisiones a la Junta de Andalucía. El intento no cuajó después de que el empresario, que por ahora prefiere mantener silencio, denunciara los hechos. El producto, presentado sin el alza de cinco millones, fue rechazado en fase técnica. Meses más tarde y tras una investigación interna, la Junta llevó el caso a la Fiscalía.
El empresario asturiano Félix Guerrero conoce a Elías Bendodo y su familia porque eran vecinos en sus casas de veraneo en Marbella. En agosto de 2020, cuando las administraciones se afanaban en conseguir suministros de material sanitario, Guerrero decide utilizar ese contacto para presentar su producto por una vía no reglamentaria: remite un correo electrónico a una cuenta de correo personal de la esposa de Bendodo, la periodista Isabel Naranjo.
“Buenos días, Isa. Como se acabó el verano y no me gusta mezclar temas, adjunto la documentación de los Test Covid 19”, le dice el 7 de septiembre. “El SAS podría tener interés en nuestro test rápido de anticuerpos, test rápidos de antígenos y PCR rápida”.
“Ya le he pasado a Elías toda la info y los correos… dice que tienes su teléfono en cualquier caso para llamarle cuando quieras!!! Le echará un vistazo y comentará con la gente de la Consejería de Salud”, responde Naranjo por WhatsApp el mismo día.
“Cuando la gente le solicita algo en relación a su marido, el procedimiento que siguen es que la informan a ella, y ella lo deriva a su marido, haciendo de mecanismo de transmisión”, se lee en la transcripción de la declaración de Naranjo ante los investigadores. La UDEF considera que este mecanismo servía para “atajar” el camino hacia quienes debían aprobar o no la compra. “No puede ser considerado una irregularidad en sí”, dice la UDEF, aunque califica esta vía de “anómala”.
El producto que tiene Guerrero se denomina Speedy bag. Cien maletines con reactivos para hacer 100 test cada uno, que pueden rellenarse tantas veces como se quiera. Permitirían obtener los resultados de forma rápida y sencilla en centros de atención primaria, sin necesidad de acudir a un laboratorio. “Un PCR lowcost de máxima calidad”, dice su vendedor, que lo califica como “producto diferenciador en el mercado”. El maletín se vende acompañado de los reactivos y distintos consumibles.
Un día después de enviar la información del producto a la esposa de Bendodo, Ana María García Gallardo contacta con Guerrero, según explica el empresario, y le comenta que “tenían un mandato de la Junta de Andalucía para suministrar Test Covid y para saber si su empresa tenía disponibilidad de productos”. De este contacto no existe constancia documental, porque Guerrero aún no había empezado a grabar las llamadas.
La aparición en escena de estas personas es llamativa por el momento en que ocurre. La empresa de Manuel García Gallardo había mantenido una relación comercial previa con la empresa en la que previamente trabajaba Guerrero. En ese momento (abril de 2020), Félix Guerrero había advertido a su antiguo jefe de las malas referencias sobre Manuel García Gallardo, y asegura que nunca llegó a tratar con él. Sin embargo, cree le llamaron por ese contacto previo. La Policía tiene dudas. “No se ha podido averiguar de manera directa cómo aparecen estas personas interesadas en el producto ofertado, y cómo han tenido noticia del producto”, dicen los investigadores, que en otro momento del atestado parecen decantarse por otra hipótesis: que se sumaran a la operación “avisado por G.G.”, el asesor del consejero de Sanidad, para lucrarse “de manera desmesurada”.
Los primeros contactos de la trama y el empresario son telefónicos, pero el 14 de septiembre, Ana María Gallardo informa por correo electrónico del resultado de sus primeras gestiones ante la Junta de Andalucía: una reunión por videoconferencia con la gerente del Hospital Valme, María Jesús Pareja, encargada de evaluar técnicamente el producto. Dos días después se produce la reunión.
El 19 de septiembre, Guerrero recibe un whatsapp de Cristina Romero. “Parece que el contrato va y nos piden presupuesto para el lunes por la mañana”. Para prepararlo, los comisionistas y Guerrero celebran una videoconferencia que queda registrada. Cuando llega el momento de hablar de dinero, Manuel García Gallardo asume el peso de la conversación. Dice que su contacto es G.G. y apunta: “Esta gente lo que nos dicen, no tienen, no tienen… un presupuesto asignado para esto porque esto es una compra urgente, la van a desbloquear sin tener que hacer concurso ni nada, ¿vale?”.
A continuación, lanza el órdago: “Lo que si… este chico, lo que quiere es un incentivo para ellos, ¿vale? Esto no lo gestiona… evidentemente no lo… él no está solo en el invento, ¿vale? Nosotros ya le hemos hecho alguna operación, le vendimos los otros test que teníamos…”.
Manuel García Gallardo pide a Guerrero que le envíe la oferta sin comisión. Ellos la reenviarían a su contacto en la Junta de Andalucía para que decida el volumen de esa comisión. El empresario asume el pacto sin conocer a cuánto ascendería la mordida. Pero Manuel García Gallardo le prepara: “Conociendo lo que nos hizo en el test, eh… mmm. El tío fue una pasada, ¿vale? (…) el caso es que el tío lo subió casi el doble”. “Entiendo que lo hace con autorización de alguien de arriba, porque tiene… tiene bastante poder, el chaval”.
G.G. ha declarado ante el juez que su función era sobre todo protocolaria, y que a veces recibía en su correo las ofertas que llegaban a la Consejería, a las que luego daba el trámite correspondiente.
El 21 de septiembre, Félix Guerrero envía a Manuel García Gallardo el precio de sus productos, negociado con los fabricantes coreanos: 19.454.430 euros. Y un día después, este le contesta, también por correo: “Estimado Félix. Hemos estado trabajando la oferta de los Speedy Bag para la Junta de Andalucía y habría que presentarla con los siguientes cambios”. El fundamental, el nuevo precio: 24.457.125 euros. El mismo día, el empresario llama a Cristina Romero, que ya intuye el motivo: “Se han pasado, lo sé, lo sé”.
“Díselo a Manuel… no hay por dónde cogerlo”, protesta Guerrero. “Yo creo que al final no sé este qué pretende, pero esto es un acto delictivo”. El empresario ya anticipa que no pasará por el aro: “No deberíamos entrar en el juego de alguien, de alguien… yo te digo, de usurero, que quiere estafar en un problema de la Junta de Andalucía, de España, con lo mal que lo está pasando la gente, que alguien se lucre con cinco millones de euros”. E intenta tirar del hilo: “Entiendo que este, ¿tanto poder tiene en la Junta?”. “No es que… las cosas son a repartir… de varios de allí, supongo”, le replican. “¿Que no sabéis quiénes son?”. “Es que por teléfono… por eso te llamo muchas veces por Whatsapp (ríe)”.
El 23 de septiembre, Guerrero y Cristina Romero vuelven a hablar. La conversación está trufada de frases con las que ella le intenta convencer de la operación, porque sería algo habitual. “Hay temas en los que aceptas o te quedas fuera. La decisión es muy sencilla”. “Tenemos dos opciones, mirarlo desde fuera o mirarlo desde dentro”. También le insiste: hay otros implicados. “Lo que sí sabemos que cuando te piden es porque tienen que compartir, ¿eh? Que tienen que compartir y no te van a decir nunca con quién”. “Tenemos que pasar por caja porque si no somos nosotros serán otros y todos van pasando por caja”.
Ese mismo día, Guerrero envía su oferta, incrementada sin llegar a las cantidades que le solicitaron: 21.072.000, un incremento de 1.617.570 euros. Ante la Policía, descartó que fuera una comisión de menor envergadura y explicó que es el resultado del diferente “escalado” de los productos que pidió al proveedor.
Ese mismo día, 23 de septiembre, Guerrero llama también a Elías Bendodo, consejero de Presidencia, para denunciar la situación, y comienza entonces una nueva fase del caso: Antonio Sanz (viceconsejero) recibe el encargo de investigar qué ha ocurrido, una labor que realiza “no del modo más inequívoco”, según los investigadores. Por ejemplo, llama al investigado G.G. 16 veces en pocos días, y antes incluso de ponerse en contacto con el denunciante; lo pone en alerta (como se deduce del borrado masivo de correos); vuelve a ofrecer una oportunidad al producto, que ya había sido rechazado supuestamente por motivos técnicos; y tarda dos meses y medio en abrir una investigación formal, y tres meses más en llevar el caso a Fiscalía.
La Policía cree que la operación fracasó por dos motivos. Uno, que el empresario no aceptó la mordida; y dos, que el producto no servía y fue descartado por los expertos que lo examinaron. Los agentes llaman la atención sobre que el empresario denunciante mintió sobre este extremo en algunas de las conversaciones con responsables de la Junta, al asegurar que sus maletines para la detección del Covid estaban validados, “cuando en realidad había sucedido exactamente lo contrario”.
Los agentes también llaman la atención sobre que sus contactos en la Junta le permitieron conseguir un segundo análisis de su producto. Fue, de nuevo, negativo. Sus maletines para hacer test no valían.
Por ahora, la UDEF apunta a Manuel y Ana García Gallardo, Cristina Romero y G.G. por presuntos delitos contra la administración pública por revelación de secretos y de cohecho o corrupción privada. Sanz, Bendodo, Aguirre y los demás mencionados en esta información han declarado como testigos en la causa, que tramita el juzgado de instrucción 2 de Sevilla.
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