TRIBUNALES

Abren juicio oral contra una responsable de salud mental de un hospital de Córdoba por un caso de suicidio

Un juzgado de instrucción de Córdoba ha dictado auto de apertura de juicio oral a una facultativa responsable de la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Salud Mental del Hospital Reina Sofía de Córdoba por un caso de suicidio. Los cargos a los que se enfrentará en la vista oral esta persona, a quien la Fiscalía le pide tres años y medio de cárcel, son un presunto delito continuado de denegación de asistencia sanitaria, enmarcado en los delitos de omisión del deber de socorro, y otro presunto delito de homicidio por imprudencia.

Fuentes judiciales informan de que el juzgado cordobés ya ha emitido el auto de apertura de juicio oral aunque, por el momento, no se ha elevado la causa para la celebración del correspondiente juicio. Según señalaron fuentes fiscales, en el escrito de acusación del Ministerio Público también se le pide a la acusada la inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio.

De acuerdo a las mismas fuentes, la denuncia partió de un familiar de la persona que acabó quitándose la vida tras su paso por la citada Unidad de Gestión Clínica. Las fuentes aseguran que se trata de un “caso especial” pero, tras la investigación, el fiscal encargado del caso ha considerado que la persona finalmente fallecida de manera voluntaria “no fue atendida adecuadamente” en el centro sanitario cordobés, motivo por el cual remitió al juzgado el escrito de acusación.

El hospital “no se pronuncia” en temas judiciales

Este periódico se puesto en contacto con el Reina Sofía de Córdoba para intentar conocer su posición al respecto o poder hablar con la persona acusada para conocer sus argumentos de defensa, si bien fuentes del centro hospitalario dicen que el hospital “no se pronuncia en temas judiciales”. en España.

La acusación penal del fiscal de Córdoba, sin precedentes conocidos, y la celebración del posterior juicio, aún sin fecha, resulta novedosa ya que este tipo de asuntos suelen resolverse en la vía contenciosa a partir de reclamaciones económicas por parte de algún familiar, principalmente en casos de suicidio en centros penitenciarios en los que se declara o no la responsabilidad patrimonial de la administración, que suele rechazarse.

Este periódico informó hace unos meses del caso de una joven con trastorno de la personalidad se quitó la vida en Mijas después de tres años de reclamaciones y quejas por parte de su madre en cuanto a la atención recibida en el Hospital Clínico de Málaga. Sería un caso más de suicidio, en aumento en los últimos años, pero Silvana, su madre, había dado la voz de alarma mucho antes.

Su historia podría ser la de cualquier otra persona con un trastorno mental con resultado de muerte voluntaria pero viene agravado porque la joven no solo amenazaba e intentaba suicidarse sino que había sido un caso conocido públicamente a través de este periódico, que consultó a múltiples fuentes para contrastar la información recibida, y que venía precedido de las reiteradas quejas de su madre por la atención sanitaria y humana dispensada.