ENFERMEDADES PROFESIONALES
El segundo juicio penal contra Francisco Martínez-Cosentino, fundador y dueño de la multinacional almeriense de superficies de piedra, ha quedado visto para sentencia este viernes. La Fiscalía acusa a Cosentino y a dos antiguos responsables de Levantina, la otra gran fabricante española, de sendos delitos contra la salud de ocho trabajadores de una marmolería vizcaína, que habrían contraído silicosis al manipular encimeras de aglomerados de cuarzo de ambas empresas sin que estas advirtieran de su peligrosidad. La fiscal cree que se causaron lesiones graves de forma imprudente.
Además, están acusados el médico del servicio de prevención y los tres dueños de Novogranit, la marmolería en la que trabajaban los afectados. El juicio se ha celebrado ante el Juzgado de lo Penal 5 de Bilbao. La Fiscalía pide que se condene a Martínez-Cosentino y los dueños de Levantina a año y medio de prisión, el pago de 3.600 euros y que se les inhabilite para administrar empresas durante dos años. Pedía también que entre todos los acusados asuman el pago de indemnizaciones de entre 25.000 y 102.000 euros a los trabajadores, si bien Cosentino satisfizo esa responsabilidad en 2019 mediante acuerdos privados.
“Sí proporcionábamos información, independientemente de que los riesgos del trabajo con piedra son conocidos por las marmolerías. Confiamos en que la justicia reconocerá que la compañía ha actuado correctamente”, señala un portavoz de la empresa, que explica que el caso guarda similitudes con otro ocurrido en Bermeo, en el que Cosentino fue absuelto.
Los hechos recogidos en el escrito de acusación de Fiscalía, que este medio ha podido consultar, recogen una práctica común en cientos de marmolerías en la España del boom inmobiliario, y eso es lo que sitúa a Cosentino en la picota, si bien fuentes autorizadas de la empresa aclaran que no hay más causas abiertas, ni las esperan.
Tal y como detalla el escrito de Fiscalía, trabajadores de una pequeña marmolería cortaron y pulieron durante años encimeras Silestone (Cosentino) y Ceasarstone (Levantina), con un alto contenido de sílice cristalina, que al ser cortada genera un polvo respirable que causa una forma especialmente agresiva de silicosis. Hasta 2012, Novagranit no aplicó las medidas de seguridad elementales que evitaran la inhalación. Y ello, a pesar de que la Inspección de Trabajo le había exigido en 2009 una veintena de medidas en 2009, entre las que estaban trabajar en húmedo, instalar nebulizadores, proveer de mascarillas FFP3, formación preventiva, evaluación de riesgos…
Cosentino proveía en torno al 85% de las encimeras, y Levantina el resto, pero ninguna de las dos fue diligente para informar de los riesgos de los aglomerados de cuarzo, según la fiscal. Hasta 2009, la empresa de origen almeriense no suministró ninguna ficha de seguridad, y solo a partir de marzo de ese año empezó a informar del riesgo de que una exposición prolongada a la sílice cristalina cause fibrosis pulmonar y neumoconiosis como la silicosis. Antes, se asimilaba el Silestone a piedras naturales como el cuarzo, el mármol o el granito, que contienen un máximo del 20% de sílice. Los aglomerados de cuarzo rondan el 90%. Es decir, nada que ver a efectos de riesgo.
En su escrito, la fiscal observa que Cosentino ya había tenido un acta de infracción en el año 2002, en la que la Inspección de Trabajo constataba que había enfermos de silicosis en su fábrica de Cantoria (Almería) al menos desde el año 2000. Deduce de aquí que Francisco Martínez-Cosentino sabía el riesgo al menos desde 2002, pero no informó a la marmolería hasta 2009.
Tampoco Levantina dijo nada de los peligros de manipular el Ceasarstone hasta 2009, y hasta diciembre de 2009 no elaboró una ficha de seguridad ni entregó una etiqueta, a pesar de que sus responsables (Cipriano Gómez y Antonio José Pinos) “conocían o tenían la obligación de conocer” los riesgos del producto.
Por último, la Fiscalía apunta también al médico de Novogranit, al que señala por incumplir el protocolo de prevención, que obliga a reconocimientos anuales en casos en los que se sospeche que se puede contraer silicosis, como en las marmolerías.
De hecho, los trabajadores tuvieron que acudir al Instituto Nacional de Silicosis u otros centros públicos para que se les diagnosticara la enfermedad, dado que el servicio de prevención no les realizó el TAC con el que observar los nódulos quísticos característicos de la silicosis. A pesar de que ya estaban desarrollando la enfermedad, las primeras radiografías de tórax no la detectaron y se les fue declarando “aptos” hasta 2012. Eso provocó que se mantuvieran en los puestos de exposición a la sílice cristalina tras haber contraído la enfermedad, “aumentando así el riesgo de agravación de su dolencia”, dice la fiscal.
Para el Ministerio Público, los dueños de la empresa, los fabricantes y el servicio de prevención faltaron a su obligación de proteger la salud de los trabajadores. Como resultado, ocho de los diez trabajadores de la marmolería contrajeron silicosis. Varios tienen reconocida la incapacidad permanente absoluta o para su profesión, casi todos sufren dificultad respiratoria, tos y expectoración, y muchos refieren problemas de sueño, depresión o ansiedad.
Este viernes, la Fiscalía ha reducido su petición de condena a Martínez-Cosentino de dos años y medio de cárcel a año y medio, teniendo en cuenta el retraso del procedimiento (se abrió en 2013) y que Cosentino ya abonó indemnizaciones. “La compañía hace tiempo que decidió no dejar a los trabajadores tirados, sin esperar al último minuto y a las causas penales”, explica un portavoz de Cosentino. La acusación particular se retiró en 2019, cuando se abonaron las indemnizaciones, pero la causa siguió adelante impulsada por la Fiscalía.
A diferencia de lo que ocurrió el pasado febrero, cuando Martínez-Cosentino fue condenado por un juzgado de Vigo a seis meses de prisión tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, en este caso el juicio se ha completado íntegramente en cinco sesiones, en las que han declarado los dueños de los fabricantes, los de la marmolería, testigos y peritos varios.
La silicosis de los aglomerados de cuarzo es una epidemia de magnitud desconocida. Hace tiempo que es la principal enfermedad profesional de Andalucía. Desde 2007 a 2019 se comunicaron a la Seguridad Social 1.856 partes de esta enfermedad, pero los expertos alertan de que las limitaciones metodológicas de ese sistema de comunicación provocan que la cifra real probablemente ronde el triple. En este tiempo, la Junta de Andalucía dejó caducar su plan contra la silicosis sin acercarse al cumplimiento de sus objetivos.
La sentencia de Vigo causó un notable revuelo mediático, empresarial y político porque, por primera vez, se condenaba por lo penal al dueño y artífice de Cosentino, una empresa clave en Andalucía, presente en decenas de países, con 1.401 millones de euros de facturación anual y perspectivas de salir a Bolsa. La sentencia concluía que, de forma “gravemente negligente”, no advirtió de los riesgos de manipular su producto a pesar de conocerlos “al menos desde el año 2000”.
Cosentino se conformó con esa condena, pero en esta ocasión ha decidido pelear hasta el final.
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