Cuenta atrás para una reforma que puede decidir un adelanto electoral en Andalucía

El desmarque de C's del pacto por la financiación de las comunidades autónomas, que apoyan todos los demás grupos del Parlamento de Andalucía, puede ser un signo de tensión electoral pero el que se vislumbra como definitivo es la prometida reforma de la Ley Electoral de Andalucía (LEA). Tras un primer aviso a los socialistas de que presentaría su propia proposición de ley en la materia, C's les dio un margen hasta el dictamen del grupo de trabajo creado en el Parlamento de Andalucía para ello y presidido por el PSOE. El plazo se cumple el 15 de marzo. En 10 días.

Esta reforma se incluye en el pacto de investidura del PSOE y C's, que ha garantizado que no se verá afectado por el hecho de que se hayan descolgado del acuerdo sobre financiación, pero sí ha asegurado que su apoyo a los presupuestos autonómicos de 2019 dependerá de que se apruebe esta legislatura la modificación de la LEA. Si el portavoz de C's en Andalucía, Juan Marín, lo había insinuado, su jefe, Albert Rivera, lo ha terminado de confirmar esta semana: si Susana Díaz llega al otoño “incumpliendo muchos de esos puntos, evidentemente, la legislatura, por lo menos por parte nuestra, estará agotada”.

La citada reforma se antoja imposible en las dimensiones que quiere C's y menos que esté en vigor precisamente para las próximas elecciones autonómicas. Las únicas coincidencias entre los cinco grupos permitirían una modificación descafeinada, con tres cuestiones centrales: debates obligatorios de los candidatos, doble lista cremallera y envío conjunto de papeletas. Pero C's quiere que se termine con la discriminación de los partidos más pequeños que entiende que supone el actual sistema a la hora de contar los votos. Y lo que proponen perjudica precisamente al PSOE y al PP que se niegan a esta modificación. Es más, la simulación con esta propuesta sobre los resultados de los últimos comicios en Andalucía supondría que el PSOE perdería cinco escaños y el PP dos, que serían para IU (tres), Podemos (dos) y C's (dos). 

Si C's persiste en este condicionante, daría a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, una excusa para el adelanto electoral, que pese al ruido de sus rivales en torno a esto, sería técnico, de dos o tres meses. Se trataría de convocarlas a la vuelta del verano, en septiembre para noviembre o en octubre para diciembre por ejemplo, en lugar de hacerlo en enero para celebrarlas en marzo, que sería cuando se cumplirían los cuatro años de legislatura. 

En el PSOE reconocen que ya trabajan con esta hipótesis, entre otras cosas porque cuentan con el distanciamiento de sus socios con la cercanía del fin de la legislatura dentro de la lógica de querer diferenciarse y, especialmente en el caso de Juan Marín, deshacerse de los reproches dentro de su propio partido por la corriente que le critica el entreguismo al PSOE, en su intención de volver a ser el candidato.

Jugando con el arma de la estabilidad

Susana Díaz insiste en que no tiene por qué haber adelanto electoral cuando hay estabilidad. Y a su vez Juan Marín repite que la presidenta “no tiene excusas” para no agotar la legislatura. Pero ¿está C's buscándole ya esa excusa a Susana Díaz? ¿qué ocurre si deja de producirse esa estabilidad cuando a la vuelta del verano no cuente con su socio preferente para las cuentas como ha ocurrido en los tres ejercicios anteriores? Pueden prorrogarse, lo que sería insólito en una comunidad autónoma que lleva toda la legislatura presumiendo de ser la primera de España en superar este trámite pero también es probable que sea la señal a la que se esté aguardando para adelantar los comicios.

Lo que Susana Díaz quiere evitar es que coincidan con las elecciones generales, dado que considera que resta más que suma compartir campaña con Pedro Sánchez, y eso de momento no se produciría si se celebraran en marzo de 2019 pero tampoco si fueran en el último trimestre de 2018. Ganar unos meses y jugar con el factor sorpresa puede servirle para no esperar a que crezca más C's, como en su día hizo con éxito para evitar que Podemos se armara en Andalucía.

En este sentido, Susana Díaz tiene de cara las encuestas pero con un peligro que acecha y es que el crecimiento de C's se dispare más todavía -cinco sondeos en 48 horas en torno a la celebración del Día de Andalucía así lo han dibujado- y si tocara negociar con ellos para la próxima investidura las condiciones pueden cambiar mucho, no ya sólo porque los naranjas tengan vía libre para entrar en gobiernos de coalición, lo que no se permitían hasta ahora salvo que fueran los más votados. No es casual tampoco que Susana Díaz intente mejorar sus relaciones con la izquierda como se ha visto en la misma negociación del pacto de la financiación con Podemos e IU.

La reforma de la LEA es la primera cuestión en la que C's ha puesto énfasis si bien podría hacerlo en otras del pacto de investidura todavía pendientes y que son precisamente las que presentan más resistencia por parte del PSOE cuando no la imposibilidad de salir adelante sin una mayoría cualificada del Parlamento de Andalucía. Las dos formaciones han dejado relegadas para el último año de la  legislatura y por tanto con pocos visos de prosperar exigencias de C's como ésta de la reforma de la LEA pero también de la Ley de la Cámara de Cuentas, la eliminación de los aforamientos y la limitación de mandatos y los cambios en las normas que rigen el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) y la Radio Televisión de Andalucía (RTVA).

De hecho, esta última es la única en la que por el momento C's ha presentado, hace sólo un par de semanas, su primera proposición de ley tras convencerse de que el PSOE no iba a dar ningún paso en este sentido. Juan Marín siempre ha defendido que si su grupo ha sido hasta ahora el único en no presentar proposiciones de ley era porque no le veían sentido a adelantarse a la acción de gobierno mientras se fuera cumpliendo lo que habían firmado en el pacto de investidura y lo que sucesivamente han ido arrancando en los acuerdos para los presupuestos autonómicos. 

Por tanto, que ahora registre por primera vez una proposición de ley supone reconocer que esta parte del pacto de investidura no se va a cumplir. No es que C's espere que se cumpla el 100%. Desde el propio partido reconocen que eso es ingenuo, pero sí quieren un porcentaje elevado con el que llegar a las urnas como bagaje. Y precisamente lo que se está quedando fuera son el grueso de propuestas de C's relacionadas con la regeneración de la política y la transparencia.