El Brexit y el Procés. Sobre relatos y rupturas  

En estos días en los que el Procés ocupa todo el espacio informativo de los medios de comunicación catalanes y españoles, leo con preocupación noticias en la prensa británica sobre el deterioro de la convivencia en el Reino Unido post-Brexit. Noticias a las que pongo rostro cuando mis amistades residentes desde hace años en Gran Bretaña me relatan la humillación a la que están siendo sometidas en el proceso de solicitud de la nacionalidad británica, la misma que ya venían sufriendo los residentes no comunitarios -a excepción de los ricos- al menos desde 2013.

Obviamente, el Brexit y el Procés no son iguales, pero comparten relatos separatistas de naturaleza semejante. Relatos de fantasías, de superioridad, o de agravios en algunos casos artificialmente construidos. Y también comparten lo poco atractivas que resultan las realidades de las que se quieren separar, la Unión Europea en el caso británico y el Reino de España, en el caso catalán. En el caso español, además, esa realidad se hace aún menos atractiva para las y los catalanes gracias a la miopía y prepotencia de un nacionalismo español, perfectamente representado por el gobierno del Partido Popular que fabrica independentistas catalanes a diario.

De hecho, cuando escucho algunos de los argumentos de los que se sirven los partidarios de la independencia de Cataluña para convencer a los catalanes no independentistas de que se unan al Procés, resuenan en mi cabeza razones muy similares expresadas en otro idioma, el inglés, y esgrimidas frente a otra institución “opresora”, la Unión Europea.

He de decir que, cuando me refiero aquí a los argumentos pro-independencia, no incluyo los que mueven a los independentistas convencidos de que Cataluña no es ni debe ser España. Esos argumentos, sin duda legítimos, no tienen respuesta posible, como tampoco la tienen los de los británicos que nunca se han considerado parte de Europa, porque cuando los razonamientos están subordinados a los sentimientos es muy difícil, aunque no imposible, alcanzar un punto de encuentro o de retorno. Y, con todo, yo respeto esos argumentos tanto que, como ya he escrito en este diario, estoy de acuerdo con negociar un referéndum pactado con todas las garantías.

Los argumentos a los que sí me refiero tienen que ver con lo que podemos considerar un independentismo del agravio y/o táctico que la Generalitat de Cataluña, -con la inestimable ayuda del Partido Popular, sus voceros mediáticos, el nacionalismo españolista, el gobierno del señor Mariano Rajoy y su nefasta gestión del desafío del 1-O-, ha sabido promover para avanzar hacia un escenario de desconexión.

Entre estos argumentos destacaría tres, semejantes a los ya oídos en el Reino Unido, y que, como allí, pueden volverse en contra de las mismas personas que ahora levantan esas banderas, a la vez que convertirse en caldo de cultivo para el deterioro de la convivencia en una sociedad fuertemente dividida. Y es evidente que la sociedad lo está, o va a estarlo, cuando se convoca un referéndum en el que sólo se necesita obtener más del 50% de los votos (independientemente del porcentaje, no se especifica un mínimo) para decidir cuestiones de tanto calado como la ruptura de un estado.

Como el Brexit va por delante del Procés podemos ver en poco tiempo lo que ha provocado, y lo que nos espera en España y Cataluña si no se toman medidas que sustituyan los relatos dominantes, que en la actualidad sólo nos llevan al peor de los resultados posibles.

El primero de los argumentos a los que me quiero referir pone en evidencia el sentimiento de superioridad de quienes buscan la secesión. Este argumento se alimenta del desgaste y la falta de credibilidad de la institución -y la idea política que la sostiene- de la cual pretenden independizarse, ya sea la Unión Europea, convertida en una maquinaria burocrática neoliberal, o la España del PP y la corrupción. No importa que la deriva del gobierno británico en los últimos años de gobierno tory haya sido más neoliberal si cabe que la de la Unión Europea, o que uno de los partidos políticos que lidera el procés en Cataluña, el PDeCat, haya estado involucrado en una trama de corrupción sostenida como la del 3%.

Es fácil simpatizar con la desafección frente a realidades políticas que seducen poco, como el proyecto neoliberal de la Unión Europea o el de una España que sigue votando mayoritariamente a un partido profundamente corrupto. Pero no hay que olvidar que esa desafección se sustenta, en el caso de los partidarios del Brexit y de la independencia de Cataluña, en un sentimiento de superioridad, un “nosotros lo haremos bien”, que entraña un peligro claro, pues siempre habrá -también más adelante- quienes se sientan superiores a otros y dar carta de naturaleza a esos sentimientos puede representar un arma de doble filo.

En Cataluña son muchos los que creen que hay una oposición clara entre la democracia que representan ellos en Cataluña y las estructuras antidemocráticas instaladas en el estado español. Esto es algo que también pensaban muchos británicos respecto a la Unión Europea. Y resulta que la Gran Bretaña post-Brexit, libre de los compromisos de lo que aún queda del modelo social europeo, camina hacia un modelo de democracia que sólo funciona para los ricos, es decir, aquellas personas que pueden mantener sus derechos en un escenario de privatizaciones extremo.

Así, los millones de personas que están solicitando en estos momentos la nacionalidad británica se encuentran con que no hay funcionarios en la Home Office, sino personal contratado que ni siquiera conoce la ley y que deja a la ciudadanía, sobre todo a aquélla que no tiene recursos para contratar los servicios de un gabinete especializado que le asesore durante el proceso, en total estado de indefensión en lo que se refiere a la aplicación de la misma y al cumplimiento de sus derechos.

Para obtener la nacionalidad británica, es preciso aprobar un examen de “cultura” británica conocido como Life in the UK (Vivir en el Reino Unido) y un examen de inglés. Ambos acompañados, por supuesto, de sus respectivos derechos de examen, que hay que abonar cada vez que es necesario repetir una u otra prueba, algo frecuente para muchos. A estos gastos se deben sumar además las 1.000 libras exigidas para la obtención del pasaporte y la ingente burocracia que hace que la mayoría de las personas de origen foráneo residentes en Gran Bretaña siquiera comiencen los trámites a no ser que tengan mucho dinero, no hayan cambiado de empleador o tengan ya lazos familiares establecidos en el Reino Unido.

Independientemente de las desigualdades de clase que un proceso de este tipo siempre genera, ya que no todo el mundo dispone de los mismos recursos, es posible observar la consolidación de un discurso que engarza perfectamente con los relatos que alimentaron el resultado del Brexit, cargados todos ellos de sentimientos de superioridad, incluso de racismo, y de una manifiesta falta de solidaridad. Relatos que pueden volverse en contra de quienes, sin pertenecer a las élites que los promovieron y que son, a la postre, quienes se benefician de este estado de cosas, los apoyaron tácticamente.

En los exámenes del Life se preguntan cuestiones tan cruciales para la actual convivencia en el Reino Unido como en qué año murió María Estuardo, reina de Escocia, y después de cuántos años de cautiverio. Y el manual que uno debe estudiar si quiere tener posibilidades de éxito en la prueba contiene frases que demuestran que las islas británicas siempre se han protegido de Europa, poniendo freno, por ejemplo, a la expansión del imperio romano. O que expandieron su imperio por todo el mundo para bien de la humanidad -y se recurre a la figura de Rudyard Kipling para definir la razón de ser del imperio: “Escribió libros y poemas que retrataban la vida en la India y el Reino Unido. Su poesía y sus novelas reflejan la idea de que el imperio británico fue una fuerza del bien”. O que, por ese mismo bien, desde el año 2000 tienen desplegadas unidades militares por muchos lugares del mundo, incluidos países como Afganistán o Irak, para combatir el terrorismo internacional y eliminar las ¡armas de destrucción masiva!

Cuando los tories publicaron este manual en 2013, el entonces ministro de Asuntos Migratorios Mark Harper afirmó: “De manera muy acertada, el nuevo manual se centra en los valores y principios que forman el corazón del ser británico”, y añadió que, con este cambio, “en lugar de informar a la gente sobre cómo reclamar beneficios, se la anima a participar en la vida británica”. Un proyecto en esencia xenófobo y neoliberal.

El segundo argumento que quería destacar es el que habitualmente se articula como “España/la Unión Europea nos roba”. Al igual que ocurría en el Reino Unido, existe el convencimiento de que el conjunto de los catalanes aporta más a la hacienda española de lo que recibe, algo habitual en territorios con rentas superiores a la media en modelos de bienestar basados en el principio de “a cada uno según su necesidad y de cada uno según su capacidad”. En un modelo fiscal como el español, quienes tributan no son los territorios sino las empresas y las personas físicas y, puesto que se trata de un modelo fiscal progresivo, es natural que contribuyan más quienes más tienen. Apoyar un argumento como el arriba formulado exige llevar a cabo una pedagogía fiscal antisolidaria.

La lógica de este argumento se basa en que, una vez estos territorios ricos sean independientes, podrán decidir sobre todo lo que les atañe y, por tanto, todos sus recursos y riquezas se quedarán para ellos, lo que podría redundar incluso en el desarrollo de mejores servicios públicos.

Sin embargo, lo que reciben los territorios dentro del esquema de la Unión Europea o de la España de las comunidades va mucho más allá de las transferencias directas. Hay inversiones vinculadas a políticas sectoriales, como las de ciencia e innovación, que suelen favorecer a los territorios ricos y que no suelen ser incluidas en la ficción de las balanzas fiscales. Igualmente, en los territorios ricos, más dinámicos desde el punto de vista económico, las empresas se benefician de las ventajas que supone el acceso a mercados mayores que los de su propio territorio. Cataluña no sería lo que es sin haberse beneficiado en el pasado de las políticas proteccionistas del estado español y de la constitución de un mercado “nacional” español.

Además, la ciudadanía que se siente seducida por este tipo de argumentos debe saber que poner en marcha un nuevo estado o incluso una nueva realidad institucional, como en el caso británico, requiere de una ingente cantidad de recursos durante al menos los primeros años. Recursos que, a no ser que se genere una milagrosa actividad económica o la nueva república catalana se salga del euro y cuente con moneda y banco central propio, tendrán que obtenerse a través de préstamos, incrementando los ya preocupantes niveles de deuda, o recaudarse vía impuestos.

En estos días hemos leído y escuchado noticias sobre los planes fiscales de la Generalitat, centrados principalmente en la recaudación a través de las empresas, muchas de las cuales son actores globales y por tanto móviles o entidades que sobreviven no sólo gracias al mercado catalán, sino también al español.

Son muchos los catalanes convencidos de que con el autogobierno, al ser Cataluña un territorio más rico que otras zonas de España, dispondrán de mayores recursos y, por tanto, de mejores servicios públicos. Tal vez ignoran que la cantidad de recursos, sobre todo en el caso de los públicos, no depende de la riqueza de los territorios sino del ordenamiento legal e institucional de éstos y de la política económica y fiscal que desarrollen los gobiernos elegidos. Y los gobiernos de la antigua Convergencia se han caracterizado precisamente por promover políticas de recortes en los servicios públicos y privatizaciones. Aunque los dirigentes del PDeCat lo hayan olvidado, la ciudadanía que sufrió sus recortes y privatizaciones no debería hacerlo.

Construir un país sobre el “sálvese quien pueda” y sobre bases insolidarias llevará necesariamente al desarrollo de reglas de juego insolidarias, aunque el tercer argumento que quiero analizar prometa lo contrario. Este tercer argumento sugiere que, puesto que gracias al movimiento independentista la ruptura institucional está más cerca en Cataluña que en el conjunto del estado español, existe la posibilidad de abrir allí un proceso constituyente que permitirá redactar una constitución más social y unas leyes que garanticen la centralidad del bienestar de la población.

Éste es el argumento que esgrimen algunos de los comunes y que hace que muchos de los que hemos defendido durante años la necesidad de un proceso constituyente y de una estructura más social para  una España republicana y para Europa nos sintamos algo abandonados en este proceso. También por parte de muchos británicos de izquierdas que han visto en las fronteras del estado nación, un espacio más acorde para defender las políticas anti neoliberales que en entidades supranacionales como la Unión Europea.

Está por ver, sin embargo, si los territorios más pequeños tienen mayor potencial de cambio que los más grandes o que aquéllos que aúnan intereses comunes. La actual correlación de fuerzas políticas no favorece todavía la puesta en marcha de unas reglas de juego más sociales y respetuosas con los derechos humanos. Hace falta mucha pedagogía y demostrar a la gente que las cosas se pueden hacer de otra manera para cambiar esa correlación de fuerzas de manera pacífica.

En el contexto neoliberal de privatización de la vida y de las condiciones de vida donde estamos inmersos, y donde los bocados que se dan a la democracia capturada por el poder económico son cada vez mayores, las posibilidades de hacer las cosas de manera distinta, en una Cataluña que además quiere seguir perteneciendo al club europeo, es aún limitada. Por tres motivos fundamentales: la correlación de fuerzas, que no favorece el cambio, el tamaño relativamente pequeño que tendría el nuevo estado, y los peajes que tendrán que pagar si quieren seguir perteneciendo a Europa u optar a pertenecer en el futuro tal y como prometen las élites del Procés. Un nuevo estado que, como todos, tendrá que definir quiénes son sus ciudadanos y ciudadanas, con sus derechos y sus deberes, y que, como todos, dejará a muchas y muchos excluidos.

El Brexit ha dividido a un país que hoy sufre más violencia social e institucional, sobre todo hacia la ciudadanía de origen extranjero, que la que existía antes del referéndum. En Cataluña, la convivencia ya ha comenzado a deteriorarse. Y en el resto de España también ha crecido la catalanofobia. Independientemente del resultado final del procés, al que espero que se llegue por vía democrática pactada y con garantías, creo que es esencial no utilizar argumentos basados en sentimientos de superioridad y en la insolidaridad hacia los otros, como creo que tampoco nos llevará a buen puerto el abuso de los estereotipos de lo que significa ser catalán que hoy alimentan la catalanofobia en el resto de España. Todo ello sólo genera división, emponzoña la convivencia presente y futura y promueve un modelo de sociedad y de estado puramente neoliberal que, en último término, sólo beneficia a las élites que, buscando otros fines, han impulsado en gran medida estos procesos.