La aberración de la educación concertada

Todas y todos lo sabemos: la educación concertada en España es un dispositivo de segregación social por renta. Hace ya más de una década, varios miembros del Observatorio Metropolitano de Madrid publicaron el libro Spanish Neocon, en el que analizaban cómo las Comunidades Valenciana y la de Madrid estaban sirviendo de laboratorio patrio para los experimentos más salvajemente neoliberales. La sanidad y la escuela eran los principales escenarios, los que mejor reflejaban el afán de la nueva derecha española por segregar a la población entre ricos y todos los demás. Las premisas del libro mantienen su actualidad, como bien sabemos en Andalucía desde que Juanma Moreno, a caballo de su mayoría absoluta, se está aplicando de manera incansable en esos dos ámbitos.

Ahora, un estudio de la ONG Save the Children ha puesto cifras y comparativas a esa segregación escolar: España, con un 30% de alumnado en la concertada, es el país de toda la OCDE que más discrimina por renta. Los datos son demoledores: un 21% de segregación escolar que nos convierten en “un caso desafortunadamente único”, ya que ese índice “raramente llega al 10% en otros sistemas educativos” desarrollados. El mecanismo es bien conocido: cobro de cuotas para actividades extraescolares y otro tipo de conceptos que solo están al alcance de algunas familias.

Con todo, el informe de Save the Children propone una solución que, a mi juicio, resulta desafortunada, y que deja entrever ya desde su título, Por una escuela concertada inclusiva. En una palabra, lo que propone es una “financiación mejorada, gratuidad real y reglas de juego equitativas en los procesos de admisión”, de forma que la concertada “pase de ser parte del problema a parte de la solución”.

Hace ya mucho que esa medida provisional se habría superado y hoy contaríamos con plazas suficientes en la escuela pública. La concertada sería residual y, desde luego, completamente laica

No podemos olvidar que los conciertos con los centros educativos nacieron a principios de nuestra democracia con el objetivo de suplir provisionalmente la falta de plazas en la pública, ya que en el franquismo la educación caía en manos de la Iglesia. Más de cuatro décadas después, ese parche provisional se ha asentado del todo. De hecho, con un vistazo a ministerios y consejos de administración, queda claro cómo la concertada ha servido para la reproducción de las élites empresariales y políticas de nuestro país: en Madrid los colegios El Pilar (marianista) y El Recuerdo (jesuita), en Barcelona el San Ignacio de Sarriá (jesuita) y, aquí en Andalucía, el sevillano Portaceli (jesuita), entre otros. Todos ellos tienen en común, como comprobamos, que pertenecen a órdenes religiosas (católicas en su inmensa mayoría), como el 75% de las escuelas concertadas.

Si nos tuviéramos que creer la Constitución, que por lo visto solo vale contra el separatismo, España es un país aconfesional. Pero no lo es. De lo contrario, hace ya mucho que esa medida provisional se habría superado y hoy contaríamos con plazas suficientes en la escuela pública. La concertada sería residual y, desde luego, completamente laica. Cualquiera que quisiera a sus hijos estudiando en el colegio de una orden religiosa, es decir, en un colegio privado, se lo sufragaría de su propio bolsillo.

Como no es así, seguimos viendo cómo parte de nuestros impuestos apuntalan la implantación social en España de la Iglesia, una aberración en toda regla, aunque venga del autodenominado gobierno más progresista de la democracia. Por eso, la conclusión del informe de Save the Children yerra: la solución no es financiar mejor la educación concertada, sino financiar mejor la pública para que aquella no sea necesaria. Claro que eso no sucederá mientras en los ministerios, de uno u otro color, coincidan viejas y viejos compañeros de pupitre: esos cuyos padres, como ellos ahora con sus hijos, siempre podrán pagar las cuotas, mientras lo demás corre a cargo del contribuyente.