Acato y ¿respeto?

Cuando un país transita instalado en la desconfianza ante sus gobernantes y el desencanto con sus legisladores, sólo sus jueces se convierten en el último reducto de los ciudadanos para corregir los desafueros que unos y otros perpetran contra el sentido común de la ciudadanía. Es por ello que el poder judicial –una casta, para muchos intocable- está más que nunca bajo el escrutinio diario de millones de ciudadanos que ven en sus jueces la última esperanza para evitar la consumación de conductas incomprensibles... quizás incalificables.

Precisamente ese papel de última frontera para la salud mental de la ciudadanía es el que obliga a los jueces a ser especialmente escrupulosos en sus actuaciones y no convertirse en piedra de escándalo –arrojada por unos partidos u otros- que los equiparen a quienes han superado los peores sueños de una sociedad democrática.

Una de las frases más tópicas a la hora de valorar las sentencias judiciales es aquella que reza: “Acato y respeto ...”. Pues bien, algunas de las últimas decisiones de sus señorías echan por tierra el tópico, porque si bien no hay más remedio que acatar, ya que lo contrario sería incurrir en un delito, el respeto no se impone, se gana y no parece que algunos autos y actuaciones judiciales estén haciendo méritos para ello.

La apertura del año judicial, que ayer tuvo lugar, puso de manifiesto hasta qué punto la justicia comienza a distanciarse de la ciudadanía. Que el Fiscal General del Estado, Torres Dulce, pusiera el acento en su discurso en la “unidad de España”, en lugar de en las tropelías que se están cometiendo contra los trabajadores, o sobre una actuación decidida y enérgica en el caso de las preferentes, habla bien a las claras de la distancia que empieza a abrirse entre las “puñetas” y la calle.

Sumarios como los de los ERE, Noos o Bárcenas, auténticos escándalos que indignan a la sociedad -de la que emana la administración de justicia- exigen actitudes inequívocas por parte de las señorías a quienes corresponde su instrucción y no parece que en los últimos tiempos Alaya, Castro y Ruz hayan estado muy acertados.

Dando por bueno –que ya es mucho dar- que los autos de la jueza Alaya en el caso del fraude de los ERE, no tengan ninguna intencionalidad de interferir con la agenda política del PSOE, o de la Junta de Andalucía, su última actuación consagrando la “preimputación” de los expresidentes, Chaves y Griñán, riza el rizo del surrealismo jurídico, aunque más grave parece que en dicho auto la jueza aluda a que ha llegado el momento de entrar en la política. Y no señoría, porque es precisamente lo contrario lo que exige la sociedad de este país: jueces independientes de verdad, sobre cuyas actuaciones no haya sombra de duda política.

Tampoco parece demasiado afortunado el gin tonic del juez Castro con una de la abogadas de Manos Limpias, acusación particular del caso Noos. Dando por bueno que la copa no va a mediatizar las decisiones del juez que encausa a Iñaki Urdangarín y que imputó a una Infanta de España, no parece muy apropiado que alguien de su experiencia dé tres cuartos al pregonero con una conducta tan poco apropiada para quien tiene sobre sí todos los focos mediáticos del país.

Qué decir de la benevolencia del juez Ruz a la hora de reclamar pruebas del Caso Bárcenas al PP. El hazmerreir del caso los ordenadores del tesorero del PP sería cómico, sino fuera porque muchos españoles sospechan que tras tanta dilación en la reclamación de dichos equipos subyace una permisividad intolerable con la corrupción política.

Casos como los referidos se convierten en la prueba del algodón para que la ciudadanía siga pensando que la justicia es nuestra última esperanza de regeneración y la prima de Zumosol para volver hacer de la política, lo que nunca debió dejar de ser.