Cuatro valientes en huelga de hambre ante la falta de agua potable en Los Pedroches y Valle del Guadiato

No es una preocupación nueva, pero el acceso al agua se ha convertido en uno de los temas candentes del siglo XXI. Y mientras se necesita más agua y se teme por su escasez, a su gestión se ha añadido ahora un nuevo factor. El agua ha entrado en bolsa: la aparición del primer mercado de futuros hídricos abre la puerta a la especulación- dicen sus críticos- o a una mayor transparencia de precios -prometen sus defensores--. Sea como sea, el agua es un activo.

El debate está servido: ¿es ético comerciar con este bien de primera necesidad, reconocido por Naciones Unidas como un derecho humano?

Las voces críticas alegan que no es ni moral ni ético especular y hacer negocio con esta materia prima tan básica y necesaria, que debe considerarse un bien público y gestionarse de forma que garantice los derechos humanos al agua y al saneamiento, así como la sostenibilidad de los ecosistemas de agua dulce.

Según el informe Riesgos e impactos de la mercalización y financierización del agua sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, elaborado en 2021, su mercantilización prioriza los intereses comerciales y conduce a una progresiva apropiación privada que pone en peligro su función y su valor como recurso que sustenta la vida, los derechos humanos y el interés público.

Los desafíos en la gestión del agua son de tal calibre que no nos los podemos ni imaginar.

En el mundo hay actualmente 2.200 millones de personas que carecen de acceso al agua potable y otros 4.200 millones que no disponen de sistemas de saneamiento seguros. La escasez de recursos hídricos en multitud de regiones a lo largo y ancho del planeta es alarmante, por lo que la inversión en seguridad hídrica debería aumentar de forma significativa si se quieren evitar catástrofes mayores. A esto se suma la preocupación de la Agencia para la Alimentación y la Agricultura de la ONU (FAO) por la situación de los 510 millones de granjas de menos de 2 hectáreas que producen el 36% de los alimentos –por valor- que consume el mundo y que necesitan, entre otras cosas, una gran inversión en sistemas de riego. La situación es compleja y alarmante.

A nivel internacional y desde el punto de vista jurídico, el agua es un bien demanial. Es decir, pertenece al dominio público. Lo que significa que es el sector público quien tiene el derecho la obligación de tutela legal de ese recurso y de garantía de su conservación, correcta distribución, etc.

Los poderes públicos tienen tres obligaciones esenciales en cuanto al derecho al agua y la alimentación, y estas deben ser prioridades de las políticas públicas: respetar, proteger y realizar

Pero para poder tratarla y distribuirla de forma que todo el mundo tenga agua se establecen los derechos privativos de uso y aprovechamiento. En resumidas cuentas, para poder acceder a algo que es de todos se deja en manos de unos pocos su gestión.                                                                                                                                                                                                                                                             

La Asamblea General de las Naciones proclamó, el 28 de julio de 2010, que “el derecho al agua potable y saneamiento es un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos”. En mi opinión, dicho reconocimiento transforma un derecho humano emergente en un derecho consolidado.

La alimentación y el agua son, ante todo, derechos humanos. El Estado tiene la obligación jurídica de facilitar a toda persona, independientemente de su nacionalidad, una alimentación suficiente, disponible y adecuada a sus necesidades y circunstancias, así como el acceso al agua potable. (Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 11 del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General número 12 sobre el derecho a la alimentación, Observación General número 15 sobre el derecho al agua).

Los poderes públicos tienen tres obligaciones esenciales en cuanto al derecho al agua y la alimentación, y estas deben ser prioridades de las políticas públicas: respetar, proteger y realizar. Se admite una progresividad en el pleno cumplimiento del derecho a la alimentación y al agua, pero los sistemas públicos deben adoptar las medidas necesarias para conseguir que el plazo en el que se pretende sea razonable, y deben garantizarlo sin discriminación y demostrar que hacen uso del máximo de sus recursos disponibles.

Con carácter inmediato, los poderes públicos deben garantizar al menos lo básico y esencial para proteger a la población contra el hambre y garantizar el acceso al agua potable (artículo 11 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General número 15 sobre el derecho al agua). El Estado español ya ha ratificado el Protocolo.

Teniendo en cuenta el escenario posible y por el principio de precaución, el Estado debería garantizar en sus políticas que en su territorio todos van a poder, como mínimo, acceder al agua para el consumo humano por encima de otras consideraciones y de las competencias entre el Estado y sus entidades descentralizadas. Además, en el Estado español hay diferencias notorias entre los distintos territorios. La imperatividad de la protección del derecho al agua exige un tratamiento uniforme y equitativo de la cuestión. Dado que las comunidades autónomas y los entes locales tienen responsabilidades en este ámbito debería trabajarse con ellos en el diseño de su planificación.

Paco Casero, Miguel Aparicio, Eugenia Molero y Pedro Vera. 4 personas, de profundas convicciones, en huelga de hambre en Villanueva de Córdoba, para que nuestros políticos vean dos Comarcas que mueren de sed

Al hilo de estos principios que sientan las bases para la justa equidad de la distribución del agua, no puedo olvidar esos dos territorios que aglutinan alrededor de 80.000 habitantes: Los Pedroches y El Valle del Guadiato que han tenido que unir sus voces ante una situación insostenible, por la falta de agua. Para defender sus justas reivindicaciones, han constituido la Plataforma Unidos por el Agua. Tras una reunión celebrada el día 14 de diciembre, los miembros de la Plataforma anunciaron una serie de acciones para enfrentar la crisis hídrica en la zona norte de Córdoba.

El 15 de diciembre, a las 14.00 horas, en el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba se hace una llamada a la movilización y la participación ciudadana en la búsqueda de un bien común: el agua potable, un derecho fundamental que les corresponde y que lleva más de ocho meses siendo un esquivo para los habitantes de estos territorios, Los Pedroches y Valle del Guadiato.

Aquí aparecen ¡Los Valientes! Paco Casero, Presidente de la Fundación SAVIA; Miguel Aparicio, Presidente de la Plataforma; María Eugenia Molero y Pedro Vera. Estas cuatro personas, de profundas convicciones, inician una huelga de hambre comprometiendo su salud, en el Ayuntamiento de Villanueva de Córdoba, tratando de que nuestros políticos se sensibilicen y asuman la situación de dos Comarcas que mueren de sed y se niegan al uso de agua contaminada por los altos niveles de COT, que no garantizan agua de calidad. Ofrecen alternativas para solucionar el problema y llamando al diálogo ante las distintas administraciones.

No es justo llegar a esta situación, esos políticos que vienen con sonrisas y palmaditas en la espalda a pedir el voto, no están a la altura de las circunstancias en los momentos en los que les toca dar soluciones con una exquisita praxis. No se trata de culpar al adversario con mítines vacíos que nada aportan a la solución que necesitan estas dos comarcas.

El 9 de enero de 2017 se celebró una reunión en el municipio de Pedroche, donde participaron todos los actores implicados en el territorio (Junta de Andalucía, Diputación Provincial de Córdoba, Mancomunidad de Municipios Los Pedroches, Ayuntamientos, Sociedades Cooperativas Andaluzas, Asociaciones, Ganaderos, Técnicos y Fundación SAVIA, así como otras personas físicas o jurídicas interesadas en abordar una experiencia piloto para dar respuesta a los principales problemas de la Comarca.

De esta iniciativa surge la “Mesa del Agua”, de la que formaban parte las entidades y personas anteriormente mencionadas. Su objetivo era dar solución, de manera urgente, a la acuciante sequía que padecían las explotaciones ganaderas, de manera especial.

Con la entrada en enero de 2019 del Gobierno del Partido Popular, la Mesa del Agua queda bloqueada y las propuestas y gestiones para abordar el problema del agua en suspense.

Cuando en política se trabaja de espaldas a dar solución a los verdaderos problemas de los ciudadanos, suelen ocurrir estas situaciones de parálisis en momentos críticos. La sociedad civil debe tomar nota, no dejarse llevar por lo que nos cuentan, sino por lo que verdaderamente hacen. 

Es necesario un consenso para seguir avanzando, es el momento actuar. No sobra nadie, por el contrario, hace falta sumar voluntades para conseguir las metas deseadas.

A esos valientes que sacrifican lo más valioso del ser humano, la salud, en defensa de una justa causa, el reconocimiento y agradecimiento que se merecen. A los ciudadanos de Los Pedroches y Alto Guadiato, un mensaje para no dejarse llevar por la semántica vacía de muchos políticos.