Ni manta, ni reptiles

Después de escuchar durante tres días en el juicio del caso de los ERE las declaraciones del que fuera director general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero ante la Policía Nacional, la Guardia Civil, la jueza Mercedes Alaya y la jueza María Núñez Bolaños cabe preguntarse por qué este personaje gestionó durante nueve años a manos llenas un fondo de casi 700 millones de euros para ayudas sociolaborales y empresas en crisis.

¿Cómo es posible que permaneciera desde 1999 hasta el 29 de abril de 2008 en ese puesto? ¿Cómo nadie advirtió su particular y, a juicio de los instructores, delictivo proceder en la gestión de una partida de una política central de la Administración de la Junta de Andalucía? Si alguien lo advirtió, ¿a quién se lo trasladó y cuándo y por qué no fue destituido? ¿Quién propuso al que fuera exalcalde de El Pedroso para el cargo?

Francisco Javier Guerrero ocupó la Dirección General de Empleo con tres consejeros: Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera y Antonio Fernández con Manuel Chaves como presidente de la Junta de Andalucía. José Antonio Viera dijo este miércoles en su declaración a preguntas de la fiscalía del caso de los ERE que tenía un conocimiento “superficial” de Francisco Javier Guerrero y que lo mantuvo en el cargo por las referencias “positivas” que le trasladaron Guillermo Gutiérrez y el entonces viceconsejero Antonio Fernández y los agentes sociales.

El principal acusado del caso, al que le piden ocho años de prisión, tiene el bachillerato superior, opositó y logró un puesto de auxiliar administrativo y es profesor de natación. Ese es el currículo profesional del que fuera responsable de la política laboral de Andalucía, además de haber sido alcalde de El Pedroso, un pueblo de la Sierra Norte de Sevilla. Esta comarca, de 30.000 habitantes, acaparó el 70% de las ayudas directas a empresas de un fondo dotado con 95 millones de euros para toda Andalucía, con 8,4 millones de habitantes.

Es más que seguro que las preguntas de cómo llegó a la Junta de Andalucía, quién lo propuso y, sobre todo, por qué lo mantuvieron se la formulasen las 21 personas que comparten banquillo con él, entre ellos los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Es imposible que accediera a ese puesto directivo sin que nadie sugiriera su nombre y sin el aval de su empresa, que no era otra que el PSOE de Sevilla, la agrupación socialista más poderosa entonces y ahora. Su poder emana de su incontestable éxito electoral, fruto de un trabajo casi siempre bien planificado y gestionado, muy a pie de calle y de puerta a puerta, signifique lo que signifique el puerta a puerta. Es en ese hábitat donde nació, se desarrolló y creció Francisco Javier Guerrero.

A preguntas de su abogado, este miércoles el exdirector general de Trabajo se ha desdicho de todo lo que dijo a Policía Nacional, Guardia Civil y la jueza Alaya y ha ratificado lo que lo que a petición propia declaró ante la jueza María Núñez Bolaños, la instructora que heredó el caso. Él fue el que acuñó la expresión fondo de reptiles para definir las ayudas públicas a trabajadores expulsados del mercado laboral y a empresas. Lo dijo ante la Policía Nacional en 2010 y esa frase dio pie a poner en tela de juicio toda la política sociolaboral de la Junta de Andalucía que ha desembocado en el caso de los ERE y una polvareda política espectacular, pero que apenas deja rastro en las convocatorias electorales.

“Nunca hablé de fondo de reptiles. Nunca salió de mi boca, se ha tergiversado y ha servido para pensar que teníamos más o menos unos fondos reservados” aseguró. “Teníamos un partida presupuestaria que aprobaba año a año por la Ley de Presupuestos del Parlamento de Andalucía”. El martes pasado durante un receso del juicio, mientras fumaba un pitillo, aseguró a eldiario.es que él formuló una comparación: “Lo que dije es que era un fondo como el que tenía mi suegra, que en paz descanse, en la comodilla de su dormitorio, un dinero para urgencias, que ella lo llamaba fondo de reptiles”. Claro que incluyó a su suegra, que en paz descanse, como beneficiaria de las ayudas porque se quedó sin trabajo y no le iba a negar un derecho que tenían otros. Claro que su chófer aseguró que gastaron dinero de los ERE para juergas y cocaína. Claro que él mismo ha reconocido que el único control que se hacía de las 6.300 personas a las que se les dio una ayuda era que cobraban el dinero.

Aunque desde que estalló el caso en 2010 siempre ha pesado la duda de si Francisco Javier Guerrero tiraría de la manta, este miércoles quedó también claro y diáfano, que no sólo no había reptiles, sino tampoco manta, al asegurar que nunca recibió una instrucción de sus superiores para dar tal o cual ayuda. “Los gobiernos con los que he estado trabajando han sido honestos y han estado atentos a la realidad andaluza ante una época convulsa tremenda”, dejó dicho.

Después de oír el interrogatorio del fiscal a José Antonio Viera, algunas defensas salieron muy satisfechas tras la novena jornada del juicio. Creen que la fiscalía no le puso en ningún aprieto durante las tres horas que estuvo declarando y que salió indemne. “No recuerdo”, dijo en multitud de ocasiones el exconsejero ante las preguntas concretas de determinados expedientes de ayuda. Lo que vino a decir es que él es un gestor político y que eran los 2.300 funcionarios de la consejería los que elaboraban los documentos que firmaba porque “no tenía ninguna sospecha de su legalidad”. Y también subrayo que “jamás” durante sus cuatro años de consejero recibió un informe de la Intervención General de la Junta de Andalucía advirtiendo sobre el procedimiento administrativo que se usó para conceder las ayudas sociolaborales. De ese procedimiento es de lo que va este juicio.