Pionerismo andaluz

El pionerismo como concepto político lo acuñaron los socialistas andaluces a partir de 1996, cuando el PSOE de Felipe González perdió las elecciones generales ante e,l PP de José María Aznar. Esos comicios se celebraron a la par que los autonómicos en el sur volvieron a ganar los socialistas y en el conjunto de España, perdieron. En esa campaña se sorprendieron con la numerosa asistencia a los mítines de Aznar en pueblos del interior de Andalucía, fortines irreductibles de la izquierda andaluza, en los que el mensaje de cambio de la derecha se dejaba oír aunque sin llegar a romper los robustos torreones de defensa construidos con la solidez que proporciona la memoria histórica.

La marcha de González le sentó bien al PSOE de Andalucía, dirigido entonces por Manuel Chaves, porque dejó de mirar hacia arriba, hacia sus mayores, ganó autonomía política y se impuso la obligación de recuperar el Gobierno de España poniendo en marcha políticas distintas a las de la derecha, con la pretensión de actuar como un potente espejo reflector. Le sentó bien al PSOE andaluz, aunque no a Andalucía, porque Aznar desplegó una política impermeable a toda demanda sureña, que acabó provocando otro invento político autóctono: la mal llamada confrontación.

Fue en esa fecha, hace 22 años, cuando el Gobierno andaluz, siempre en manos del PSOE, comenzó a apostillar todas sus medidas con el adjetivo de “pioneras”. Y ciertamente, algunas iniciativas políticas lo fueron: el complemento con fondos propios de las pensiones no contributivas y asistenciales; el abono de medicamentos excluidos del catálogo de la Seguridad Social; o la subasta de medicamentos para abaratar la enorme factura farmacéutica. “¡Somos pioneros!”, exclamaban los socialistas desde todas las tribunas políticas, mensaje repiqueteado con potentes percutores día sí y día no, es decir, a todas horas.

A estos argumentos sigue anclado el PSOE andaluz en el siglo XXI, sin que tras 36 años continuados en el poder haya podido sacar a Andalucía de la cola de las regiones europeas con mayor tasa de paro, el principal problema y drama de la comunidad. El gasto en la cultura de la subvención permanece frente al de la inversión en la economía productiva, pese a las exitosas excepciones empresariales asaeteadas por la demora de la burocracia y el papeleo, y el temor de los funcionarios a verse inmersos en procesos judiciales como consecuencia del enorme descontrol desvelado por el caso de los ERE.

El pionerismo inunda las leyes que últimamente ha enviado al Parlamento el Gobierno andaluz. La más reciente es la de la Juventud, aprobada el pasado miércoles, donde las medidas concretas se posponen a la elaboración de un plan donde se concretarán las medidas concretas. “Es una ley pionera”, sentenció el portavoz del Gobierno, para resaltar que por primera vez en España habrá una norma del mayor rango posible para unificar todas las políticas de juventud desparramadas en otras normativas.

Otra de las leyes que consideran pioneras es la de Agricultura, la cual, según el consejero del ramo, Rodrigo Sánchez Haro, persigue lo siguiente: “La innovación y la digitalización en los sectores agrario y agroindustrial son objetivos prioritarios de la nueva ley, que contempla la implantación de herramientas para desarrollar la competitividad a través de la investigación”. Ni Juan de Mairena, el ficticio profesor de retórica creado por Antonio Machado, podría superar a Sánchez Haro. Es probable que alguien con talento sea capaz de traducir a lenguaje poético esa parrafada espesa como un mantecado, pero lo que es seguro es que así no se pone fin a una de las realidades más llamativas de la agricultura andaluza como es la de que después de más de 2.000 años produciendo aceite de oliva, el 80% se venda a granel.

En estas mismas páginas, el exlíder jornalero y presidente de la fundación Savia, Francisco Casero, titulaba un artículo sobre la ley de Agricultura: “¿Palanca de futuro? ¿Otra más?” y afirmaba que “más leyes no nos hacen mejores, más texto normativo no tiene por qué ser la alfombra de un mejor futuro”. En una entrevista de Lola Tortosa en el Diario Sur, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, también se quejaba de la voracidad normativa hueca: “Pido reducir esa incansable ansiedad normativa. Parece que el Parlamento de Andalucía tiene que cumplir con un ránking de desarrollo normativo, como si fueran necesarias las más de 30 leyes y 130 decretos en esta legislatura después de 35 años de autonomía. (…) Una ley de Juventud, ¿pero en qué se diferencia la juventud andaluza de la española? (…) Si es que la voracidad regulatoria es abismal”.

Muchas leyes reflejan conquistas sociales indudables, aunque en la Junta últimamente la imaginación escasea y, por supuesto, el lenguaje poético.