“Se ha normalizado la situación de esperar la muerte violenta”
Ejercer el periodismo en Honduras es una actividad que muchas veces lleva a la muerte. La Oficina del Comisionado Nacional de Derechos Humanos cuenta 72 personas asesinadas en Honduras desde 2003 por ser periodistas. Extrapoladas las cifras a un país con la población de España, es como si aquí hubiesen matado a 368 periodistas. El Observatorio de la Libertad de Prensa en América Latina recoge otro dato: tres de los últimos cinco asesinatos de periodistas en América Latina ocurrieron en Honduras. Todos entre septiembre y octubre. Cinco periodistas han sido asesinados en Honduras en 2017.
No son cifras, sino muertos. Carlos Oveniel Lara era cámara de televisión y había denunciado amenazas. Lo balearon a la puerta de casa a finales de octubre. Osmín España presentaba el programa de humor El Show del Príncipe. Le dispararon en la cabeza el 4 de octubre. Carlos William Flores dirigía el programa de televisión Sin pelos en la lengua. Le pegaron un tiro cuando estaba con su mujer, el 13 de septiembre. Edy Tábora añade que 40 de esos 72 muertos estaban trabajando en un programa de noticias cuando los mataron.
A Edy Tábora contar esto fuera de su país le produce una sensación extraña. “Cuando cuentas estas cosas con adrenalina es muy cotidiano. Pero cuando llegas a un lugar donde sabes que alrededor no están las personas que pueden atentar contra tu vida te cargas mucho”. En Honduras siempre están con mucha adrenalina, por si les vienen a matar.
Tábora fue fiscal de Derechos Humanos y uno de los abogados de Gustavo Castro, el principal testigo en el asesinato de Berta Cáceres. Ha venido a Málaga a recoger el VIII Premio Internacional Libertad de Prensa que entra la cátedra Unesco de Comunicación de la Universidad, en nombre del Comité para la Libre Expresión en Honduras. C-Libre es una organización que integran periodistas, abogados, sociólogos y economistas para defender la libertad de expresión en un país tomado por la violencia y la corrupción del poder.
Tiene un discurso pausado y cadencioso, y a la vez riguroso y contundente. Cuenta de dónde viene todo esto: cómo se formaron las maras a partir de los 90 a partir de los deportados desde Estados Unidos, cómo el Estado abordó el problema acometiendo una “limpieza social” que costó la vida a unos 5.000 jóvenes, según algunos informes. Cómo la guerra contra las drogas en México provocó que los cárteles trasladaran sus bases a Centroamérica. Cómo todo aquello era el caldo de cultivo para que las maras se acercaran al narco y a la propia policía corrupta. En definitiva, cómo todo es un desastre.
¿Se investigan suficientemente estos casos de asesinatos de periodistas?
El Estado e incluso el Colegio de Periodistas discuten que no todos los asesinatos son producto necesariamente del trabajo. Nosotros siempre hacemos uso del principio de la Relatoría de Libertad de Expresión de la ONU, que dice que cualquier acto de violencia contra un periodista debe presumirse que se debe a su trabajo, hasta que el Estado determine otra cosa. Y eso es lo que sucede: la mayoría de los casos se cierran con el puro levantamiento del cadáver. No hay investigación. Más del 95% de estos casos están en la completa impunidad, y en los que hay personas capturadas y con condena son autores materiales. A la sociedad hondureña no le han mostrado por qué asesinaron a estas personas.
¿Ni siquiera se ha iniciado la investigación?
Cuando analizamos la violencia contra periodistas no es lejano a lo que ocurre con la población en general. Desde 2003 más de 70.000 personas han sido asesinadas, y de esos más del 70% están puramente con un documento que se hace cuando van a recoger el cadáver, donde se describe que una persona fue encontrada asesinada y tenía tantas heridas. Muchos asesinatos sólo cuentan con ese levantamiento de cadáver.
¿Qué ha ocurrido para el agravamiento de la violencia de los últimos años?
Antes de junio de 2009 fueron asesinados cinco periodistas; el resto es desde junio de 2009 a la fecha: 65 personas. [C-Libre recoge 70 asesinatos] ¿Por qué? Porque todos los avances de democracia y fortalecimiento institucional se vinieron abajo. Eso [el golpe de Estado de 2009] implicó un nuevo estado en el que las fuerzas militares asumen el papel preponderante, controlado por un poder político y económico que mercantiliza los bienes naturales, con un proyecto político que implica autoritarismo y control absoluto de la institucionalidad y mucha precarización de la vida de los hondureños y hondureñas. De los 8,5 millones de personas, 1,5 están fuera del país. Mantener las fuerzas represoras no es barato, más con una productividad en descenso. Echan mano de la seguridad social, así que todos los institutos de pensiones prácticamente están colapsados por la corrupción y porque hay que mantener estas fuerzas militares.
¿Quién es más peligroso en Honduras: la policía o las maras?
La policía. La policía, por supuesto. Yo vengo del sector público, fui fiscal durante cinco años y ahí se da cuenta uno de eso. La policía, pero no por ser policía, sino porque hay una delincuencia con funciones públicas. La policía ha entrado en un proceso de depuración que ha sacado a muchos policías, unos 4.500. Ninguno de ellos está en la cárcel. En los últimos años, algunos casos emblemáticos que desnudaron la situación policial implicaban que la policía en funciones formaba parte de bandas organizadas de sicariato, para cometer robos, del narcotráfico, ya sea como acarreadores o prestadores de servicios u omitiendo sus deberes. La ciudadanía está en total indefensión frente a una policía armada hasta los dientes y en la que se ha invertido mucho dinero pero que no responde a los intereses de la ciudadanía. Es una situación bastante grave.
Te pongo un ejemplo muy importante: varios narcotraficantes que están ahora en Estados Unidos en un proceso de extradición se han entregado a las fuerzas policiales de EEUU y han dicho que Honduras no les garantiza la vida. Al contrario de lo que ocurría en Colombia, en Honduras, narcos que tienen en su haber cantidades de asesinatos y funcionaban con la policía se han entregado a las autoridades estadounidenses, porque Honduras no les garantiza el debido proceso y su vida. La ciudadanía, que no tiene un alfiler, tiene miedo, pero cuando los narcotraficantes dicen que tienen miedo… ¿En qué país estamos?
Un país donde se normaliza la violencia…
Hay mucha manipulación para normalizar esto, porque la violencia también genera dinero. Entre policía nacional y ejército andan por 25.000 efectivos y los guardias de seguridad rondan los 100.000. En una población con el 63% de pobreza, con 42% de pobreza extrema, ¿qué implica pagar la seguridad? En cada colonia, por muy pobre que sea, hay guardias. Esto agudiza la precarización. Esta reforma de mano dura implica muchísimo dinero para la seguridad pública, incluyendo un impuesto especial de seguridad y que se sube el impuesto de venta, del 12 al 15%. Y hay una cosa que no se modificó: el monopolio de venta de armas lo tienen las fuerzas armadas a través de la armería. Cada ciudadano puede comprar cinco armas legalizadas. ¿Por qué no hay veda de venta de armas? ¿Qué implica que la ciudadanía no confíe en la policía porque no responde? Que dice “necesitamos armas”. Hay mucho negocio, y parte lo tiene el Estado. Cuando analizas La Armería, ¿hacia dónde van las ganancias? Hacia el instituto de pensiones de los militares. Pues no estarán tan interesados en deshacerse de ese monopolio...
¿Qué precauciones tiene que tomar para ejercer su trabajo?
La ciudadanía toma muchas precauciones. La primera es que ha desaparecido del espacio público: del trabajo o actividades muy concretas va a la casa. Ese es el gran efecto que no se está analizando sobre la salud pública. Tenemos una grave situación psicológica porque nos han obligado a no estar en el espacio público. Lo segundo es que derogas una parte de dinero en pagar transporte. Ya no caminas. Cuando temes un atentado contra tu vida el poco dinero que te queda lo inviertes en transporte seguro, que es caro. Y siempre andas muy alerta a lo que te rodea. No estás tranquilo en ningún espacio. ¿Cómo lidiar contra estas cosas? Tratas de hacer llamadas mediante sistemas seguros; de no andar solo (y la privacidad se disminuye muchísimo); si viajas, necesariamente estás en contacto con muchas personas. Es un tema de privacidad. Pero hay muchos ejemplos de personas cercanas, o ciudadanos en general, que han sido asesinadas, y los temores son muy concretos. Nosotros como oficina el año pasado tuvimos secuestros de compañeros y amenazas. Normalmente no lo denunciamos públicamente porque te coloca en el centro y cuando dices que estás en riesgo, sufres una avalancha de reclamos de por qué exponer la vida o transferir riesgos a la gente cercana.
Desde hace un par de años trabaja en Honduras una misión de la OEA. ¿Qué valoración hace del trabajo de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH)?
Llegaron dos oficinas internacionales: la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la MACCIH, de la OEA. Estamos en una situación de crisis de derechos humanos y de la institucionalidad pública por la corrupción. Sabemos que llegan en condiciones de exigencia ciudadana: la misión no surge porque el Gobierno diga que abre las puertas para que vengan a investigar. La corriente de los indignados llegó a Honduras a través de algo muy puntual: una filtración de documentos relacionados con casos graves de corrupción, relacionados con el instituto de la seguridad social. En esos documentos se logra establecer que hubo un desfalco de unos 350 millones de dólares y que mucho de ese dinero fue para financiar la campaña política del actual presidente de la República en 2013. Tocaron uno de los mínimos de una sociedad: el tema de la salud. La seguridad social, que la pagan los trabajadores, tenía avances, y nos dimos cuenta de que la vicepresidenta del Congreso tiene contratos con el Estado y le da a la gente pastillas que llaman “de harina”, que no tienen el componente activo, y que las ambulancias que valían 60.000 dólares resulta que sólo habían gastado 30.000, porque compraban vehículos y los habían armado… No había insumos básicos, como gasas o aspirinas en los hospitales. Eso generó movilizaciones de miles de hondureños en 2015. Fue el movimiento de las antorchas.
Entonces el gobierno para aplacar el descontento, toca y lo más cercano al gobierno es la OEA y se negocia un convenio para esta misión, que lleva instalada desde abril de 2016. Hay un mandato bastante amplio para que no se enfocara sólo en corrupción. Hay dos cosas importantes que ha hecho: posicionarse frente a la ley de secretos oficiales que genera un manto de impunidad desde 2014. Lo segundo es crear una unidad fiscal especializada sobre casos de corrupción emblemáticos y juzgados especiales contra la corrupción.
Una misión así puede ser objeto de manipulación por el propio poder o poner una presión extra sobre la independencia judicial, ya cuestionada por otros actores... La propia MACCIH ha cuestionado que los jueces no hayan detenido a cinco diputados por malversación de caudales. ¿Comparte la crítica de la MACCIH? MACCIH ha cuestionado que los jueces no hayan detenido a cinco diputados
Sí, porque hay un doble estándar. Entre 2015 y 2017 hubo 200 acusaciones contra estudiantes resueltas en menos de ocho horas. Por delitos políticos. Pero en esta acusación que se presenta contra los cinco diputados resulta que los jueces no quieren que les digan nada, porque un caso tan importante hay que analizarlo profundamente para librar orden de captura, cuando le presentan muchos medios de prueba. Este es un caso contra cinco diputados que no son del partido de gobierno, sino diputados cooptados por el partido de gobierno. Cuando la corrupción y la impunidad se vuelven la regla, el cinismo del poder llega a tal grado que no se esconde para generar la corrupción, y este caso es uno de ellos. En un país con poderes públicos que cumpliesen los contrapesos, nosotros tendríamos que decir que no hay que presionar al poder judicial. Pero en Honduras sabemos que es una cuestión política, que no libraron la orden de captura porque son parte del poder político.
¿Está satisfecho con la posición de la MACCIH en este caso?
Creo que la misión de apoyo no tiene la fortaleza necesaria para decir lo que te voy a decir: no se trata de una cuestión de malversación de caudales públicos. La Fiscalía y la MACCIH acusan de malversación a cinco diputados que supuestamente se apropiaron del dinero en diciembre de 2015. ¿Qué pasaba en diciembre de 2015? Elección del actual de la actual Corte Suprema de Justicia. No es malversación, es soborno. El actual presidente de la Corte Suprema fue electo con 86 votos, mayoría cualificada, que exige 86 votos. Lo que a la misión de apoyo le falta decir es lo que ocurre alrededor. Lo denunció el propio partido del que estos diputados formaban parte: estos diputados fueron comprados por el poder político y económico para participar en la elección de magistrados a conveniencia del poder. Si le restaras esos votos, no podría haber sido electo. El presidente de la Corte Suprema es amigo cercano del presidente de la República, fue el magistrado que a más votaciones se sometió porque no salía electo. La misión de apoyo debe llevar la investigación a establecer que de lo que se trata es de que hubo una compra de diputados.
En 2015 se aprobó la Ley de Protección para defensores de derechos humanos, periodistas, comunicadores sociales y operadores de la justicia. Llama la atención que se necesite una ley específica para proteger derechos fundamentales de un grupo específico, como si no estuviera claro que los tuvieran…
Fue una exigencia de las organizaciones de derechos humanos. La ciudadanía está indefensa pero hay un reducto de personas que dicen y hacen cosas frente a todo esto: periodistas y defensores de derechos humanos. Cuando lees la ley te das cuenta que, claro, se garantizan los derechos fundamentales como deben garantizarse a la ciudadanía en general. Nuestra valoración general es que ha servido al Estado y por eso fue aprobado. Se aprobó en abril de 2015 cuando Honduras iba a ser sometida al examen periódico universal en la ONU, cuando necesitaba decirle al mundo que estaba dispuesto a proteger a los defensores de los derechos humanos. Eso le sirvió para limpiar su imagen tan cuestionada. Durante dos años fue su carta a nivel internacional, hasta el asesinato de Berta.
La última noticia publicada en su web menciona el caso de Jairo López, un periodista que tiene concedida protección y que denuncia que no se la prestan. ¿Suele ocurrir?
Es que las medidas duras le corresponden a la policía nacional, y generalmente los periodistas que hacen análisis sobre la institucionalidad son amenazados. ¿Qué hace la policía? Dos cosas: darle información a quien te quiere matar cuando están ejecutando las medidas de protección, como ocurrió en el caso de Berta. Y la segunda es que sencillamente dicen “no lo cumplo”. ¿Y quién le obliga? El superior de esa institución, Julián Pacheco, está altamente cuestionado en Estados Unidos por su relación con el narcotráfico. ¿El mecanismo de protección habrá salvado vidas? Sí. Pero no en función de garantizar el derecho al trabajo. Salva vidas porque saben que les toca salvarlas. La ley tiene una finalidad que es que a la persona se le garantice continuar ejecutando su labor de censoría o periodística, no sólo que les salven la vida. Cuando se aborden las amenazas jurídicas a las labores de defensoría y de periodismo podremos estar hablando de un mecanismo de protección efectivo. Cuando la secretaría de seguridad no salga a los dos horas a decir que el atentado contra Johnny Lagos fue por robo.
Berta Cáceres era una persona expuesta a un riesgo evidente. ¿Había solicitado la protección de la ley?
No existía el mecanismo de protección. Hay 60 medidas cautelares a nivel internacional que obligan al Estado hondureño a dar protección a estas personas. Berta Cáceres sabía que la policía nacional, el poder judicial y el ministerio público servían para criminalizarla y que no podía estar en manos de la institucionalidad. El Estado tenía la obligación de prevenir ese asesinato. Y lo que ocurrió según la investigación del GAIPE es que mucha de esa información la policía nacional se la pasaba a personas interesadas en asesinar a Berta y que asesinaron a Berta.
¿Cree que el Estado tiene responsabilidad?
Hay funcionarios y funcionarias, incluyendo algunos del departamento de derechos humanos (que tiene dos personas), que son responsables por omisión. Y altos mandos policiales que sabían que iban a asesinar a Berta no atendieron las 60 denuncias que puso por amenazas contra su vida. Eso creó las condiciones para su asesinato.
¿Se dice en el informe quién ordenó matarla?
Se sugiere quién la mandó asesinar. Hay mucho temor en decir exactamente quién, porque cuando se nombró, el año pasado, una defensora de derechos humanos fue acusada por esa empresa y demandada por 50.000 dólares para que rectificara.
¿Se está investigando lo suficiente?
El caso tiene algunos avances importantes. Hay siete personas acusadas, una de ellas el gerente de desarrollo social y de comunicación de la empresa. Hay un militar activo, el exjefe de seguridad, y otros cuatro supuestamente sicarios. Esos son los avances. De los autores intelectuales el ministerio público tiene la información, porque por primera vez en la historia del nuevo código procesal penal, que entró en vigencia en 2002, fue decretada la secretividad absoluta del caso.
Una de las hijas de Berta Cáceres decía en un reportaje que “en Honduras hay una cultura de resignación por la muerte”. ¿Está de acuerdo?en un reportaje
Hay mucho fatalismo, sí. De la ciudadanía en general, y de los defensores y defensoras. La gente dice “yo puedo ser el siguiente”. Eso es grave. Se ha normalizado esta situación de esperar la muerte violenta. Las cifras, los hechos y el conocimiento de haber visto tanto asesinato lleva a eso. A este fatalismo, incluso a la resignación. Ahora, la ciudadanía el 26 de noviembre salió en un ejercicio hermosamente democrático, y eso te da un indicador diferente. La gente no quiere continuar en el estado de cosas actual. Este fatalismo no implica que queremos que nos maten. Ves condiciones que no te alientan a decir otra cosa pero hay personas en el país, cada vez más, que tampoco queremos que la vida sea un desperdicio. El cambio implica que debe primar la vida, y no la muerte.
¿De dónde viene esa cultura de la resignación?
De la impunidad. De la impunidad. La impunidad absoluta. No viene de que la gente puramente asuma. Es la impunidad y ver tantas armas en la calle. Las armas no están en las manos de la ciudadanía, sino de los militares, de la policía, los guardias de seguridad, el crimen organizado y el narcotráfico. La ciudadanía no tiene armas.
