Vivimos en un momento en el que la mayoría de la población ha podido ver cuáles son las leyes que tenemos y a quiénes defienden: un banquero pasa horas en la cárcel porque paga una fianza de 2'5 millones de euros, y otras personas, si es que le dan esta opción, no pueden pagar fianzas, por mínimas que sean, e ingresan en prisión a la primera de cambio; o familias que no pueden afrontar el alquiler o la hipoteca y son desahuciadas sin contemplaciones -con el apoyo de la legislación y de la policía- mientras que la banca es salvada los días pares y los impares.
Uno de los derechos humanos fundamentales, junto a la alimentación, la educación, la sanidad, etc. es la vivienda. Las personas, nos guste o no, somos animales que necesitamos un espacio en el que guarecernos de las inclemencias del tiempo, de otros animales, hacer nuestro nido… Sin vivienda estamos en la intemperie y bien sabemos cómo se vive a la intemperie. La Declaración de los Derechos Humanos reconoce este derecho en su artículo 25 y la Constitución Española y el Estatuto de Andalucía hacen lo propio. Hasta aquí todo normal, los problemas empiezan cuando este derecho no se cumple y no se cumple porque la lógica del mercado, no la lógica de los derechos humanos, impone sus leyes importándole bien poco lo que deja en su camino.
Las administraciones, sin distinción, han dejado a los bancos, las promotoras y las inmobiliarias al frente de las cuestiones de la vivienda y por si fuera poco, han creado leyes y políticas para favorecerles. Las personas, las que tienen que disfrutar el derecho a la vivienda, se han encontrado solas y en desamparo frente a quienes han actuado como alimañas, y esto lo dice el Tribunal Europeo, el Tribunal Supremo y mucho antes lo dijo el movimiento por el derecho a la vivienda (15M, PAH, STOP DESAHUCIOS…) y el sentido común.
La Junta de Andalucía aprobó, el pasado mes de abril, el Decreto-Ley para la función social de la vivienda, que ha hecho que algunos se alarmen (los que defienden la propiedad por encima de la función social, claramente anticonstitucionales como deja claro el artículo 33, que habla de la función social de la propiedad), otros se complazcan (los que creen que se ha legislado en los límites de lo permitido) y otros lo vean claramente insuficiente (los que salvaguardamos el cumplimiento real y efectivo de este derecho para todas las personas).
El decreto, sin duda alguna, es un avance para algunas cosas: parar los desahucios y penalizar crematísticamente a los que defienden la propiedad por encima de las personas. Y esto está bien pero es notoriamente insuficiente: ¿en qué afecta el decreto a las personas que viven en asentamientos chabolistas?, ¿en qué notan el decreto las personas sin hogar?, ¿cuáles son las ventajas para las personas que fueron desahuciadas y viven sin vivienda y con deudas?, ¿en qué parte del decreto se habla de la gente joven que no puede emanciparse, familias que duermen en coches y furgonetas, en la ladera de un río, escondidas entre los campos de las periferias para no sufrir el acoso continuado de la policía celosa para dar cumplimiento a las mal llamadas “ordenanzas cívicas”…? Sabemos las respuestas.
Pongamos que, con el decreto, se ponen en funcionamiento una parte importante de las más de 600.000 viviendas deshabitadas que hay en Andalucía. Pongamos que se reactiva el alquiler a precios más razonables que los que tenemos en la actualidad. Esto sería bueno pero la situación que estamos viviendo en Andalucía no es la de hace cuatro años (tenemos una tasa de paro del 36,87%, 1.473.700 personas) y no está el horno para bollos: decenas de miles de familias no pueden hacer frente a nada o casi nada, ni siquiera a la factura de los suministros básicos.
Atendiendo a esto cabe preguntarse: ¿está en la agenda de la Junta dar una solución a las dramáticas situaciones en las que viven todas estas personas?, ¿está en la agenda de los ayuntamientos afrontar la situación de emergencia habitacional que estamos padeciendo? Las administraciones deben hacerse cargo de que vivimos en una situación de emergencia habitacional y no pueden mirar para otro lado, se necesitan respuestas ya para todas las personas que necesitan una vivienda, para todas y ya.
Sobre este blog
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, constituida en 1990, es una asociación de carácter privado, sin ánimo de lucro, cuyo fundamento lo constituye la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU en 1948. Aunque el ámbito de afiliación de la APDHA y su área directa de actuación sea el territorio andaluz, su actividad puede alcanzar ámbito universal porque los Derechos Humanos son patrimonio de toda la Humanidad.
Puedes seguir a la APDHA en redes sociales:
