La crisis que ha estallado a partir de 2007 no es una crisis económica convencional, como las de los años ochenta y noventa del siglo pasado, sino que señala el colapso del modelo de crecimiento de la globalización. Ni siquiera se debería llamar crisis, porque crisis indica una idea de transitoriedad; sino un cambio de época que ha generado una nueva realidad estructuralmente muy desequilibrada, al mismo tiempo que muy interconectada, lo que complica aún más la situación.
La globalización ha determinado un dominio del territorio cada vez más amplio e intenso hasta el punto de agotar en la práctica cualquier posibilidad de crecimiento mediante la expansión en el exterior del sistema, con patrones de producción, distribución y consumo heredados del tipo de industrialización de alto impacto ambiental. Desde la ecología política se ha diagnosticado con precisión su naturaleza de crisis metabólica que ha dado al traste con el sueño de una sociedad opulenta y ha puesto de manifiesto que el ideal igualitarista no podrá alcanzarse sin una conciencia clara de los límites biofísicos del planeta.
El colapso del modelo de la globalización está provocando una concentración de la riqueza sin precedentes, una creciente desigualdad social y la pérdida de derechos sociales y laborales por el aumento del desempleo y precarización del trabajo con horarios dispersos y retribuciones bajas, complementadas con ingresos marginales obtenidos del alquiler informal de bienes y servicios de los particulares (casas, coches, tiempo).
La desigualdad afecta más a las mujeres que a los hombres. En el acceso al empleo, que representa la principal fuente de ingresos para la mayoría de la población mundial, las mujeres son fuertemente discriminadas incluso en los Estados donde la igualdad de derechos está reconocida. También en la jubilación existe una evidente desigualdad de género, ya que las reformas de las pensiones públicas les hace más difícil el acceso a una jubilación que les permita vivir dignamente y no por debajo del umbral de la pobreza.
Esta aumento de la entropía social está conectada con más entropía ecológica y cultural. El calentamiento global y el cambio climático, el agotamiento del modelo energético y la degradación de los recursos no sólo ponen en peligro el futuro de la humanidad sino que son el componente oculto de la actual crisis del sistema. La destrucción de la diversidad cultural en beneficio de una cultura uniforme con la que facilitar el funcionamiento sin trabas de los mercados ha provocado la aculturación y el alejamiento de los ciudadanos en la toma de decisiones.
Como estrategia ante la inviabilidad del crecimiento en el exterior del sistema, los poderes económicos están apostando por el crecimiento en el interior del sistema mediante la mercantilización de los bienes comunes y los servicios públicos, lo que ha situado el control de los poderes públicos en el centro del conflicto social. Esta estrategia de los poderes económicos está derivando en un conflicto entre capitalismo y democracia: es la propia democracia la que está en peligro porque los mercados financieros están condicionando la capacidad política de los Estados presionando para conseguir el desmantelamiento del Estado Social mediante recortes y privatizaciones.
Necesitamos un nuevo marco cognitivo que aporte una perspectiva integral que proporcione seguridad en los objetivos generales para salir de esta espiral de entropía, al mismo tiempo que flexibilidad para adaptarse a las circunstancias particulares y a las posibilidades de cada territorio y de cada coyuntura.
Este marco puede ser el resultado de la renovación de la izquierda entendida como un proceso permanente de acción transformadora y de comprensión integral de la realidad social, desde una perspectiva social y territorial, comunitaria, ecológica, feminista, federalista y de interiorización de la democracia como fin en sí mismo. En Andalucía, denominamos a este proceso ecoandalucismo por la importancia estratégica que tiene la conexión ideológica entre ecología política y el andalucismo renovado.
Cualquier modelo político y económico sensato tiene que garantizar el respeto y la conservación de los valores naturales, culturales y patrimoniales del territorio y de las gentes que lo componen y lo mantienen vivo, incentivando las actividades vinculadas a nuestro entorno, a través de la territorialización de la cadena productiva, junto a nuevas pautas de consumo basado en la eficiencia y no en el derroche de los recursos, con criterios de proximidad, sostenibilidad y equidad.
Frente al capital global que no tiene patria y que fluye incesantemente hacia donde obtiene mejores condiciones de reproducción, la matriz cultural proporciona lazos estables más allá de los que proporciona el mercado, que refuerza la democracia y la cohesión de la comunidad social.
La sostenibilidad de un territorio requiere de una gobernanza basada en la cercanía, deliberación y participación, en suma en más democracia. Cualquier modelo político y económico sensato tiene que garantizar el respeto y la conservación de los valores naturales, culturales y patrimoniales del territorio y de las gentes que lo componen y lo mantienen vivo, incentivando las actividades vinculadas a nuestro entorno, a través de la territorialización de la cadena productiva, junto a nuevas pautas de consumo basado en la eficiencia y no en el derroche de los recursos, con criterios de proximidad, sostenibilidad y equidad. La producción de bienes públicos para la sostenibilidad requiere un gobierno legítimo y legitimado por una comunidad solidificada sobre la base del reconocimiento mutuo de una identidad compartida.
Ser ecoandalucista significa defender que Andalucía es un sujeto político colectivo dotado de instituciones de autogobierno y con un valioso patrimonio constitucional y democrático, de emocionalidad y de símbolos, entendido de forma integral como una sociedad abierta necesitada de autonomía real y de mecanismos cooperativos en este mundo globalizado, a través del principio federal.
El concepto de autonomía real implica la defensa de un nuevo protagonismo político de Andalucía capaz de generar hegemonía y conexión para la mayoría del pueblo andaluz en una posición de igualdad en el concierto mundial, europeo y del Estado, que incluye la soberanía en la producción de alimentos, la territorialización de la economía, la capacidad expresiva y productiva estética y cultural y la soberanía energética.
A pesar de los avances democráticos y sociales, el modelo de desarrollo económico dominante en Andalucía desde los años sesenta ha sido una irresponsabilidad, de consecuencias a veces irreversibles y, en todo caso, muy duraderas. Aunque disfrazado en los últimos años de palabrería demagógica sobre la sostenibilidad, ha producido un deterioro ambiental y territorial, esquilmando el litoral, amenazando nuestro modelo de ciudad, la supervivencia del medio rural y la biodiversidad, y contribuyendo a la desertización, la contaminación de ríos o el derroche en el consumo de agua. No es una casualidad que Andalucía sea el territorio de la Unión Europea con mayor tasa de paro y que tiene mayores dificultades para paliar los efectos de la crisis.
Desde la perspectiva de conexión entre ecología y andalucismo, a través del crisol de la democracia, defendemos un cambio disruptivo del modelo económico andaluz como el principal objetivo en lucha contra la desigualdad, la garantía de los derechos sociales y los servicios públicos. Para avanzar hacia otro modelo productivo necesitamos más autogobierno y más democracia por lo que es imprescindible un estado federal cooperativo como marco para la autonomía real porque la modernidad de la idea de soberanía compartida y del federalismo plurinacional va mas allá de la forma de organizar el estado: es el principio estratégico para defender la democracia y lo público, tanto en España como en la Unión Europea, en este colapso de la globalización en la que el capitalismo quiere asaltar las conquistas democráticas y sociales.
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