Defendiendo la igualdad para Andalucía

Como consecuencia de los resultados de las próximas elecciones generales es muy probable que se debata un nuevo modelo de distribución del poder territorial, en el que Andalucía corre el riesgo de no ser reconocida como un sujeto político que tiene derecho a su propia realización como comunidad nacional y, por lo tanto, de sufrir un desplazamiento hacia posiciones de discriminación territorial.

Durante el proceso de transición democrática las y los andaluces intuyeron que el reparto del poder territorial y la autonomía eran las herramientas para salir del atraso y avanzar en la justicia social y la igualdad. Y su esperanza ganó las calles en los días históricos del 4 de diciembre de 1977 y 1979 y en las urnas el 28 de febrero de 1980. A pesar de tener en contra al gobierno de la UCD y de tener que superar un referéndum en el que se exigía no solo ganar sino que el sí superase el 50% del censo en cada provincia, conquistamos el derecho a ser reconocidos como nacionalidad histórica: a no ser como “los demás”, sino a ser como “los que más”.

A partir de la conquista del autogobierno por la vía del artículo 151 de la Constitución, los sucesivos gobiernos del PSOE y del PP paralizaron el desarrollo del Estado de las Autonomías hacia una estructura plenamente federal que estuviese fundamentada en la naturaleza plurinacional del Estado, al mismo tiempo que imponían un desarrollo económico desarticulado y fuertemente especulativo.

Ambos procesos, la mala orientación del modelo económico y político y la frustración del desarrollo federal, que han dado lugar a un proceso de recentralización y asimetría que ha impedido corregir la desigualdad de Andalucía con la media española: el PIB sigue siendo un 25% inferior a la media española y la tasa de paro andaluza, que a comienzos de los 80 se distanció 10 puntos de la española, se ha mantenido fija durante todo este tiempo e indiferente a las coyunturas de la economía. Especialmente significativa son las diferencias de renta con el País Vasco, Navarra o Madrid. Estas comunidades son las que tienen un régimen propio de financiación de concierto económico (País Vasco y Navarra), o en el caso de Madrid goza de los privilegios, de facto y de iure, de beneficiarse del “efecto capitalidad”.

Por el contrario, Andalucía ha figurado habitualmente entre los territorios más perjudicados desde un punto de vista financiero, pero sobre todo con el vigente acuerdo de financiación autonómica. Todo ello ha provocado que actualmente seamos la región de Europa con la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea. Además, la debilidad democrática, territorial y económica del modelo español hizo que la crisis global se transformara en una crisis del Estado.

Los últimos gobiernos del PP han convertido esta crisis en una crisis social y territorial mediante un duro proceso de recentralización, privatización de los servicios públicos y recorte de los derechos sociales y laborales. Ante la extraordinaria trascendencia del escenario político posterior a las elecciones generales y la perspectiva de una reforma constitucional que podría pretender la consagración de una realidad contraria al desarrollo territorial equitativo, equilibrado y sin privilegios, Andalucía puede proporcionar un proyecto de construcción de un modelo de Estado desde la justicia, la equidad y el pluralismo pero que en ningún caso permita la aparición de desigualdades y privilegios. Los antecedentes de Navarra y País Vasco son bien elocuentes de que este tipo de errores pueden volver a producirse.

Andalucía debería promover una reforma constitucional que diseñe un modelo federal, cooperativo y plurinacional, en el que todos los poderes estén distribuidos, limitados y sometidos a la Constitución y los Estatutos, bajo el principio de distribución de competencia entre ellos y no en el de jerarquía, la separación de los conceptos de estado y nación y la soberanía compartida entre los distintos entes con capacidad legislativa propia (Unión Europea, Estado central y Comunidades Autónomas). Necesitamos reivindicar el autogobierno real para las Comunidades en un plano de igualdad y el establecimiento de mecanismos efectivos de cooperación con el Estado y la Unión Europea y la previsión de mecanismos para hacer efectivo el derecho a decidir de un territorio de forma pacífica y democrática. Al mismo tiempo, necesitamos impulsar nuestra Autonomía para, además de defender un modelo federal en España y en Europa, construir un modelo propio económico, social, político y cultural capaz de generar empleo y afrontar los retos de la crisis de la globalización, defender los derechos sociales y laborales, tener capacidad de presión en el estado y en la UE y profundizar en la democracia participativa. Por ello es imprescindible que la sociedad andaluza recupere su dinamismo: necesitamos una marea por la igualdad de Andalucía con unos objetivos sociales muy claros y con la prioridad de avanzar en la creación de empleo para conseguir alcanzar al menos la misma tasa que la media de la Unión Europea.