¿Después de Queipo, qué?

A las 2,20 de la madrugada del jueves 3 de noviembre de 2022 se produjo en la ciudad de Sevilla la retirada de la Basílica de la Macarena de los restos mortales del general felón, golpista y genocida Queipo de Llano, una de las figuras más siniestras de los dirigentes del golpe de estado contra la Segunda República, lo que es muchísimo decir. La exhumación se llevó a cabo en cumplimiento de la recién aprobada Ley de Memoria Democrática, que en el apartado 3 del artículo 38 (actos públicos contrarios a la memoria democrática) dice:

Los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio, que pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra o la Dictadura. Corresponderá a las administraciones públicas garantizar lo dispuesto en este apartado. 

Se trata sin duda de un hito histórico en el cumplimiento del deber de Memoria por parte del Estado democrático, comparable en cuanto a su dimensión simbólica con la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos. Pero no consiste solo en un acto de justicia simbólica. La retirada del cadáver del virrey franquista posee un fundamental significado real y palpable para miles de hombres y mujeres andaluzas, víctimas o familiares de víctimas, que sentían como un agravio diario y un ataque a su dignidad la permanencia en un lugar público y considerado por muchos como sagrado de los restos de quien dirigió y alentó la matanza fundacional del franquismo en la Andalucía sometida. 

El que haya hecho falta muchos años de lucha y movilizaciones del movimiento memorialista andaluz dice mucho, y nada bueno, del tratamiento dado a las víctimas del franquismo

Ahora, pasados algunos días tras la explosión de emocionada alegría que no solo para las víctimas de Queipo, sino para todo el movimiento memorialista y para la ciudadanía democrática andaluza ha supuesto la exhumación del general golpista, cabe preguntarse algunas cuestiones sobre la forma en que se produjo y en relación con el escenario que se abre ahora en el cumplimiento de los derechos humanos de las víctimas. 

En primer lugar, puede considerarse una anomalía democrática -consecuencia de décadas de olvido y desistimiento del Deber de Memoria por parte del Estado- la percepción que tenemos de esta exhumación como un gran logro que muchos consideraban ya como muy difícil o irrealizable, cuando se trata simplemente de la supresión de una situación incompatible con los valores democráticos y que en todos los países europeos o latinoamericanos que sufrieron dictaduras se resolvió de modo inmediato tras la restauración de las libertades públicas.

El que haya hecho falta muchos años de lucha y movilizaciones del movimiento memorialista andaluz –sin las cuales no se hubiera nunca producido el hecho de la exhumación- , más la promulgación de dos Leyes de Memoria Democrática (la andaluza de 2017 y la estatal de 2022) para alcanzar lo que hubiera debido hacerse de modo normalizado tras la promulgación de la Constitución del 78, dice mucho, y nada bueno, del tratamiento dado a las víctimas del franquismo tras el pacto de silencio y olvido en que se cimentó la Transición. 

La desinformación y la comunicación personalizada y selectiva del acto puede considerarse una falta de respeto y una enorme desconsideración a todas las víctimas de Queipo

Por otro lado, sorprenden las circunstancias de casi clandestinidad en que se produjo el traslado de los restos de Queipo, sin que existiese ninguna comunicación por parte de los responsables de la hermandad de la Macarena a la Administración Pública, tal y como debería haberse hecho al tratarse del cumplimiento de un requerimiento administrativo. La nocturnidad y el secretismo permitieron que sólo se personaran familiares y nostálgicos de la dictadura, advertidos de modo privado, con la ausencia de representantes de la Administración del Estado (como sí ocurrió en la exhumación de los restos del dictador) y la presencia de una única representante del amplísimo y diverso movimiento memorialista que ha luchado por la exhumación de Queipo, dando una imagen de soledad y debilidad de las asociaciones memorialistas que para nada se corresponde con la potente realidad de la presencia y la lucha desarrollada por estos colectivos desde hace más de treinta años.

La desinformación y la comunicación personalizada y selectiva del acto puede considerarse una falta de respeto y una enorme desconsideración a todas las víctimas de Queipo que sin duda hubieran deseado estar presentes en el tan esperado traslado. 

Sobre todo, cabe preguntarse ahora qué debe seguir a la salida de la Macarena de los restos del genocida. No podemos aceptar la idea de que con la exhumación de Queipo queda saldada la deuda de la Memoria Democrática con las víctimas de la violencia franquista en Andalucía, olvidando que existe un hilo bien visible (para quien quiera ver) entre los bandos de guerra y las soflamas alentando a los fusilamientos colectivos y a las violaciones de mujeres republicanas emitidos por Queipo y las más de cuarenta mil personas asesinadas y sepultadas en fosas sin nombre, cuyos familiares aún esperan reconocimiento, exhumación e identificación genética para poder recuperar sus restos y cerrar el duelo provocado por el genocidio del general golpista.

La exhumación total y definitiva no ya del cadáver, sino de la figura y el terrible legado de Queipo solo se producirá cuando estas tareas irrenunciables se hayan alcanzado

Junto al exterminio físico, la incautación y el robo de propiedades de republicanos exterminados, presos o exiliados también está vinculada con la figura del jefe de la sublevación militar en Andalucía, como lo muestran las movilizaciones del colectivo Gambogaz por recuperar como bien público la gran propiedad rural arrebatada por la justicia de Franco y entregada a Queipo, hecho que se repitió con diferentes nombres por toda la geografía andaluza y que exige restitución y reparación por parte del Estado democrático. 

La exhumación total y definitiva no ya del cadáver, sino de la figura y el terrible legado de Queipo solo se producirá cuando estas tareas irrenunciables se hayan alcanzado, junto con el conocimiento veraz a través del sistema educativo de lo que supuso para la sociedad andaluza el golpe de estado auspiciado y dirigido por Queipo de Llano. Retos que sólo podrán conseguirse con la conjunción de la voluntad política de las instituciones democráticas para aplicar el marco legal ya existente, más la unidad de acción y la presencia pública del movimiento memorialista, que sigue siendo indispensable. 

A las 2,20 de la madrugada del jueves 3 de noviembre de 2022 se produjo en la ciudad de Sevilla la retirada de la Basílica de la Macarena de los restos mortales del general felón, golpista y genocida Queipo de Llano, una de las figuras más siniestras de los dirigentes del golpe de estado contra la Segunda República, lo que es muchísimo decir. La exhumación se llevó a cabo en cumplimiento de la recién aprobada Ley de Memoria Democrática, que en el apartado 3 del artículo 38 (actos públicos contrarios a la memoria democrática) dice:

Los restos mortales de dirigentes del golpe militar de 1936 no podrán ser ni permanecer inhumados en un lugar preeminente de acceso público, distinto a un cementerio, que pueda favorecer la realización de actos públicos de exaltación, enaltecimiento o conmemoración de las violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra o la Dictadura. Corresponderá a las administraciones públicas garantizar lo dispuesto en este apartado.