La nueva ley de universidades: una oportunidad perdida

La Ley Orgánica Universitaria (LOSU) es la que rige la gobernanza de las universidades españolas. Es una ley del actual gobierno progresista de España a propuesta del Ministerio de Universidades que dirige Joan Subirats. La universidades españolas han cambiado mucho desde los años 80 en que se publicó La ley de Reforma Universitaria (LRU) impulsada por el ministro de Educación socialista José María Maravall y el PSOE de Felipe González en 1983. Estuvo vigente entre 1983 y el 13 de enero de 2002, en que entró en vigor la LOU. Recientemente se ha publicado la LOSU.

Las universidades españolas han mejorado muchísimo en calidad desde los años 80. En particular la investigación ha crecido de forma indiscutible: hoy somos el 11º país del mundo en número de publicaciones en revistas indexadas. Sin embargo sigue sin conseguirse la transferencia al sector productivo (siempre alrededor de la 30ª posición en los rankings de innovación). Según ha señalado el Ministerio de Ciencia e Innovación la transferencia de conocimiento se trata de un asunto prioritario porque, aunque España ocupa la posición número 11 en producción científica a nivel mundial, se sitúa en el puesto número 29 en los rankings de innovación. Por tanto, hay un desequilibrio entre la producción científica y el sistema innovador de este país.

La docencia universitaria sigue sin ser una actividad prioritaria. Y sigue sin serlo porque no impacta decisivamente en el currículo del profesorado universitario. La actividad docente se valora atendiendo casi exclusivamente al volumen de clases impartidas, considerando que el tiempo en el aula contribuye automáticamente a aumentar la calidad de la docencia. Prácticamente no se tiene en cuenta la coordinación entre asignaturas, la innovación docente o la actualización de temarios y adecuación de estos a la realidad social que nos rodea.

El objetivo que se perseguía, la calidad docente e investigadora de profesores y profesoras, ha sido sustituido por un coleccionismo de méritos en el ánimo de muchos aspirantes

En estos momentos necesitamos repensar el sistema de acreditación, y nada mejor para ello que alinearlo con las propuestas de CoARA, la Coalición para el Avance en la Evaluación de la Investigación, que propone dar paso a sistemas cualitativos de evaluación que reconozcan los logros científicos y docentes conseguidos, utilizando los indicadores cuantitativos de forma auxiliar, no central, y reconociendo una amplia diversidad de contribuciones académicas y perfiles. En definitiva, un sistema que reconozca el esfuerzo por profundizar en la ciencia y mejorar la docencia, por encima de la acumulación de ciertos ítems. En La necesaria reforma de la acreditación del profesorado universitario se hace una análisis detallado de la situación actual.

El objetivo que se perseguía, la calidad docente e investigadora de profesores y profesoras, ha sido sustituido por un coleccionismo de méritos en el ánimo de muchos aspirantes.

Por otra parte España es el país del mundo donde menor compromiso, participación y responsabilidad tiene la sociedad en la gobernanza, transparencia y rendición de cuentas de su universidad, a pesar de que, obviamente, la financia muy mayoritariamente con sus impuestos. Esto sigue siendo así desde la LRU y continuó con la LOU.

Sin sociedad comprometida en su gobernanza y rendición de cuentas, la introspección universitaria ha generado excesivo corporativismo y endogamia, lo que se ha traducido en excesivas distancias entre academia y sociedad. El aislamiento de la universidad y el desinterés de nuestra sociedad con ella ha pasado una importante factura en términos de excelencia universitaria, cooperación universidad-empresa y, consecuentemente, bienestar social.

Estaba claro que hacía falta una nueva ley de universidades en España. Publicada la LOSU nos debemos preguntar: es esta la ley que necesitan las universidades españolas en este momento, o es una oportunidad perdida para acercar la universidad a las necesidades de la sociedad.

La ley abre el camino definitivamente a la universidades privadas. Esto no parece un camino adecuado en términos de igualdad de oportunidades para los españoles

La LOSU se presenta como una ley inacabada que va a requerir un despliegue normativo largo y laborioso de modo que, la transición entre la situación actual y la prevista como horizonte, tendrá que extenderse a lo largo de varios cursos. La ley aborda muy tímidamente algunas de la problemáticas descritas arriba como la necesaria reforma del sistema de acreditación. Las concreciones de la nueva ley pueden ser diversas en cada comunidad autónoma con los problemas que ello puede generar. Pero lo más preocupante, desde mi punto de vista, es que no aborda el problema central de la universidades españolas: la gobernanza universitaria. Más bien fija, como la LRU y la LOU, que la comunidad universitaria siga eligiendo el Rector y su equipo de gobierno. No da a los Consejos Sociales ningún papel nuevo en el control de las universidades y de su gobernanza. Esto solo puede provocar más corporativismo y endogamia de la que ya hay, que es mucha.

La ley abre el camino definitivamente a la universidades privadas. Esto no parece un camino adecuado en términos de igualdad de oportunidades para los españoles. Pero este tema lo abordaremos en otro momento.

Frente a lo propuesto por la ley creo que hay que cambiar la gobernanza universitaria dando un mayor papel a la sociedad. Los universitarios, profesorado, alumnos y personal de administración y servicios, exclusivamente no deberíamos elegir al rector y su equipo de gobierno sin la participación mayoritaria de la sociedad que nos financia con sus impuestos. La universidad tiene que producir buenos profesionales, buena ciencia, buena ingeniería en beneficio de la sociedad y no simplemente, en el mejor de los casos, alimentar los currículos de sus investigadores. España es el único país del mundo donde la gobernanza universitaria queda en manos solamente de los universitarios.

En este punto, sobre todo en la comunidad universitaria, siempre se plantea la misma pregunta: ¿y eso como se hace?. La comunidad universitaria tiene miedo de que el partido político gobernante le imponga el que hacer. Y efectivamente ha habido muchos ejemplos perversos en comunidades autónomas donde el poder político ha tenido una implicación indeseable en la universidad. Frente a eso, claramente, la universidad debe ser autónoma: tiene que ser libre para pensar en soluciones y alternativas a los problemas científicos, tecnológicos y sociales. A un profesor no se le pueden imponer ideologías y  doctrinas. Claro que no. La universidad es el recurso que tiene la sociedad para producir nuevas ideas y soluciones a los problemas que se van presentando y para conseguirlo tiene que ser autónoma desde este punto de vista.

Las universidades públicas necesitan financiación, más que la disponen actualmente si queremos compararnos con las universidades europeas, pero también necesitan rendir cuentas a la sociedad

Pero la universidad no puede ser autónoma en el uso de los medios económicos que le proporciona la sociedad. La universidad no puede poner las prioridades en la creación de nuevos títulos y nuevas universidades. En la investigación, además de la investigación básica no orientada, debe haber programas de investigación con prioridades fijadas por la sociedad. La universidad tiene que rendir cuentas a la sociedad y no solo ante si misma. Tiene que convencer a la sociedad que sus egresados están alineados con lo que la sociedad necesita. Tiene que convencer a la sociedad que su investigación es útil para la sociedad y no solamente, en el mejor de los casos, para incrementar los currículos de los profesores.

Y de nuevo vuelve la misma pregunta: ¿y eso como se hace? Creo que la respuesta más fácil es mirar la gobernanza de las grandes universidades públicas y privadas de Estados Unidos y copiarla. O si que quiere mirar la gobernanza de las grandes universidades europeas y copiarla. Eligiendo cualquiera de esos modelos mejoraría mucho la universidad española.

En España creo que la solución pasa por cambiar el papel de los Consejos Sociales y darle las competencias para fijar los objetivos globales de la universidad, elegir al Rector y su equipo de gobierno y pedirle cuentas sobre los resultados obtenidos por la universidad, sus centros y departamentos. En definitiva convertir al Consejo Social en el elemento que fija los objetivos y pide cuentas a la universidad en representación de la sociedad. Una vez elegido al Rector se le deben dar competencias para la gestión de la universidad y entre ellas nombrar directores de centros y departamentos.

Aquí llegamos de nuevo a la pregunta: ¿y que composición debe tener el Consejo Social? De nuevo creo que lo mejor es seguir las experiencias de las universidades extranjeras. En el Consejo Social, que debe ser un órgano no muy numeroso, entre 20 o 30 miembros, deben estar representados los profesores universitarios, los alumnos, pero también los egresados, el gobierno autonómico y municipal y personas relevantes de la sociedad y de la universidad, tanto desde el punto de vista económico como social.

Las universidades públicas necesitan financiación, más que la disponen actualmente si queremos compararnos con las universidades europeas, pero también necesitan rendir cuentas a la sociedad. En este segundo aspecto la nueva LOSU ha dado un paso en sentido contrario. La nueva LOSU es una oportunidad perdida para acercar a universidad a la sociedad. Habrá que seguir pidiendo una nueva ley.