En los últimos años se ha detectado un incremento en el uso fraudulento de las tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida (TPMR), que no tiene una explicación por localización geográfica, pero son las grandes ciudades, debido a la falta de espacio y los destinos turísticos, las que más sufren este aumento de la picaresca por parte de los usuarios de la vía.
Debe resultar muy tentador y muy fácil para un conductor con los niveles de estrés por las nubes por no encontrar estacionamiento y con una TPMR en la guantera, hacer uso de ésta no estando el titular de la misma presente, pero fotocopiar o manipular la fecha de caducidad ya implica una acción concreta para beneficiarse de la misma. Por otro lado, nos encontramos cada vez con más frecuencia el uso de tarjetas de titulares que ya han fallecido, pero ¿qué nivel de importancia le damos a todas estas situaciones?
Debo reconocer que durante los años de servicio el nivel de importancia que le he ido dando a esta cuestión ha ido en aumento, quizás por la experiencia, por los conocimientos adquiridos de otros compañeros y por la creciente empatía hacia estos usuarios verdaderamente necesitados de esta especial protección.
Durante mis primeros años de servicio se puede decir que mi nivel de implicación pasaba por la falsa creencia de que una persona que tenía una necesidad de TPMR necesariamente tenía que ser alguien ético, por lo tanto todo aquel que estaba estacionado en una zona reservada a estos usuarios no podía estar haciendo un uso fraudulento. Es decir, yo era un pánfilo a todas luces.
Con el tiempo, uno va conociendo a compañeros que tienen otra visión de este asunto, ya sea porque tienen una mayor experiencia o porque sufren directamente la lacra del uso fraudulento de las TPMR. Fue en uno de mis traslados de plantilla donde vi por primera vez a un compañero aparecer por jefatura con tres pares de TPMR retiradas. Me dejó sorprendidísimo y me empujó a ese pequeño salto del asiento del patrulla a inspeccionar los parabrisas de los coches para ver más de cerca las TPMR y encontrarme con la variedad normativa que existe en nuestro país y que daría para otro artículo. En esta etapa imputé mi primera falsedad documental por uso de una tarjeta cuyo titular había muerto. Tengo que decir que esta actuación fue fruto de una total casualidad. El Juzgado de lo Penal número 1 de Cádiz acabó condenando.
En otro de los traslados de plantilla de los que he tenido la suerte de gozar, y prestando servicio fijo en playas, topé con un compañero con el que tuve... digamos la explosión, pasando al siguiente escalón. De la inspección visual de los parabrisas al “¿por favor me puede mostrar la tarjeta?”, y ¡sorpresa!, aquí aparecen las tarjetas manipuladas, el uso de documentos que no tienen nada que ver con una TPMR, titulares que no están ni cerca ni se les espera, fallecidos en muchos casos, fotocopias para familiares, personas que se ponen “un momentito”, duplicados, administraciones que favorecen a según qué vecinos, las que inventan sus propias tarjetas, gente que ha dejado de sufrir la dolencia por la que se les expidió, modelos derogados…
En fin, una casuística impresionante de usos indebidos que me han colocado por fin en un lugar del que no puedo ni quiero moverme: del lado de la persona que tiene la desgracia de necesitar este tipo de zonas reservadas. Esto me han llevado a desentenderme de las excusas, las quejas y los chantajes emocionales de los que somos objeto para evitar que hagamos nuestro trabajo, porque si alguna parcela de las muchas que podemos tocar tiene un componente social, es ésta.
Y aquí viene el batiburrillo de las comunidades autónomas. En Andalucía podemos sentirnos afortunados, tenemos una tarjeta de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre que cuenta con varias medidas de seguridad. Se ajusta a la Recomendación del Consejo Europeo de 4 de junio de 1998 sobre la creación de una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. No deja de ser más que una recomendación, y no obliga a nada, pero también tenemos la Orden de 19 de septiembre de 2016, por la que se regulan las tarjetas de aparcamiento de vehículos para personas con movilidad reducida en Andalucía, y que desde mi punto de vista, es una buena herramienta que nos permite combatir el uso indebido de TPMR de forma bastante eficaz.
¿Pero qué facilitaría nuestra labor y la haría más eficaz si cabe?: Una homogeneidad normativa. No es lógico que haya comunidades autónomas con varios modelos o que en otras las administraciones locales se encarguen de expedirlas, incluso escritas a mano, mientras otros usan pegatinas con los datos impresos. No es lógico que existan funcionarios que a estas alturas aún animen a los usuarios a utilizar fotocopias. No es lógico que haya jueces que condenen la falsedad documental y otros tiren nuestro trabajo a la papelera cuando el Código Penal en su artículo 400 bis es bien claro. No es lógico que tengamos una Ley de Protección de Datos que nos impida conocer a los agentes de autoridad si un titular de una tarjeta ha fallecido o no.
Como dice el gran Román Suárez Lantarón en Tarjetas de Estacionamiento de personas de movilidad reducida de Cataluña y Barcelona. Manual para detectar fraudes, y citando a Marta Torrado de Castro, “si de algo carece la picaresca es de escrúpulos”. Y en este tema hay mucha picaresca, tanta que debemos poner todo nuestro esfuerzo en velar por que este colectivo cuente con una especial protección por nuestra parte. Protección que, por otro lado, sería mucho más eficaz si contásemos con herramientas legales más adecuadas. Pero eso es harina de otro costal o más bien tarea de otros.
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